La alternativa a los “rescates bancarios” en 5 minutos + J.R. Rallo en el Canal 24h de RTVE

“Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo proponen una alternativa a los injustos rescates bancarios a los que seguimos asistiendo.

El fragmento pertenece al documental “Fraude. Por qué la Gran Recesión”, de muy próximo estreno, producido por amagifilms.”

www.fraudedocumental.com
www.amagifilms.com

RTVE Canal 24h, Rallo explica la propuesta.

La reforma del sistema de pensiones. Una propuesta.

Sanear el ladrillo parece haberse convertido en la segunda prioridad del gobierno. Instalado en la austeridad con la boca pequeña (no estamos próximos ni de lejos a los niveles de gasto público preburbuja), el gabinete que preside Mariano Rajoy dice ser quien, por fin, ha tomado las riendas de la precaria situación del sector financiero de nuestro país.

Sanear el ladrillo exige que los propietarios de suelo, promociones y viviendas financiadas, asuman la radical bajada de precios que el mercado debe manifestar en ausencia de restricciones. Así mismo, y en lo que atañe a la banca, nuestro sector financiero deberá contabilizar a la baja, hasta los niveles que el mercado apunte, todos los activos inmobiliarios que acabe adjudicándose en los procesos de ejecución hipotecaria planteados, las quiebras de empresas constructoras e inmobiliarias, y además, provisionar en función del riesgo de impago de nuevas deudas por estos mismos efectos. Dada la magnitud de la burbuja, a nadie se le escapa que esto supondría una debacle casi definitiva de nuestro sistema bancario.

Pues bien, parece razonable que el gobierno, cuya misión fundamental es mantener el orden público, impida que caiga el sistema de cobros y pagos, que la estafa que supone la reserva fraccionaria absorba y extermine los depósitos de los pequeños ahorradores, etc. Podrán discutirse las formas, pero lo obvio es que un sistema falseado como el que sufrimos recurrirá a todos los medios a su alcance para no quebrar. La misión crítica de quienes discrepamos con la legitimidad del sistema mismo, o advertimos de los males que encarna, es tratar de minorar las consecuencias trágicas que tendría su desaparición, apostando por las reformas que, aprovechando la situación de crisis, lo conduzcan hasta un estado de menor intervencionismo.

Pero resulta que esta urgencia que nadie niega está ocultando la madre de todas las perversiones económicas: el sistema de pensiones, de reparto, y por ello insostenible, que acapara una gran parte del ahorro nacional impidiendo que sea asignado allí donde sí podría hacernos más ricos a todos al tiempo que garantizaría unas pensiones mayores y más seguras.

¿Por qué no aprovechar el saneamiento de nuestro sistema financiero para emprender una reforma de las pensiones que nos lleve inicialmente a un sistema mixto de reparto y capitalización?

Lo fórmula se me antoja mucho más sencilla de lo que posiblemente sea, por lo que pido a los expertos en la materia que comenten este post y muestren sus discrepancias o salvedades. La cuestión es, que teniendo como tenemos tantísimo tiempo y esfuerzo invertido en activos inmobiliarios infrautilizados, ¿por qué no transformarlos en la garantía de nuestras pensiones futuras? Bastaría con que esas sociedades a las que la banca debe transferir sus activos inmobiliarios de acuerdo con la última reforma, se dividieran en dos clases. Primero, entidades que acumulen suelo y promociones en construcción. Segundo, sociedades que acaparen promociones terminadas y viviendas adjudicadas en procesos hipotecarios o concursales a los bancos. Estas últimas tendrían en su cartera cientos de miles de viviendas y locales de los que poder sacar un rendimiento a través del alquiler.

¿Por qué no transformar esta rentabilidad en la pieza fundamental con la que pagar parte de nuestras pensiones futuras?

Si estas sociedades se convirtieran en fondos de pensiones, una vez incorporados los activos inmobiliarios destinados al mercado de arrendamiento, sólo quedaría que una multitud de ahorradores realizaran sus aportaciones periódicas directamente deducibles. Así mismo, y para conseguir ese paulatino descuelgue del sistema público de pensiones, las empresas podrían destinar parte de la cotización a nutrir estos fondos, donde el trabajador tendría garantizada la propiedad de sus aportaciones y los intereses generados. La primera fase, por ejemplo, sería que los empleados de banca y de grandes empresas, tuvieran esta doble cotización público-privada, que se calcularía a favor de la privada en función de su edad. Es decir, los trabajadores más próximos a la jubilación seguirían cotizando más en el sistema público, mientras que los más jóvenes podrían ir realizando aportaciones más amplias a su sistema privado de ahorro y previsión.

Son muchas las ventajas de esta reforma. La fundamental, atajar la insostenibilidad del sistema público de pensiones permitiendo a los más jóvenes construirse un patrimonio desde una edad temprana, descolgándose progresivamente del sistema de reparto. Estas generaciones pagarían dos veces, dado que a los ya jubilados, o más próximos a jubilarse, tendría que garantizárseles sus percepciones con cargo al sistema de reparto residual y si fuera necesario, con cargo a otros impuestos. El objetivo es reformar el sistema hasta convertirlo en un sistema de capitalización donde la pensión mínima, para casos de desamparo, procediera de una partida externa y diferenciada en los presupuestos públicos, tratando de no perjudicar la sostenibilidad del plan de ahorro del resto de ciudadanos.

Esta idea se inspira fundamentalmente en la propuesta de reforma que hace el profesor Huerta de Soto en su Teoría de la crisis y reforma de la Seguridad Social, cuya lectura y estudio me parecen imprescindibles más si cabe en los tiempos que corren. Mi pequeña aportación es la que tiene que ver con los activos inmobiliarios en manos de la banca cuyo saneamiento exige asumir las pérdidas generadas, pero también, sacarlos al mercado de la forma más eficiente y útil para todos. Una forma sería esta. Dinamizaría el mercado del alquiler cambiando profundamente nuestro modelo de vivienda, haciéndolo más flexible, lo que iría unido a un cambio en la mentalidad de los españoles respecto a la movilidad geográfica y el ahorro.

Quizá sea disparatado, no lo sé. Pero creo que podemos utilizar la crisis del sector inmobiliario y la banca para realizar la reforma del sector que más está lastrando nuestra competitividad. La seguridad social devora una cantidad ingente de ahorro que no se llega a invertir en mejorar la vida de todos, sino que inmediatamente se reparte en un modelo político insostenible que esclaviza a la población activa, impidiéndole ahorrar lo necesario para garantizarse una vida digna en la vejez.

Saludos y Libertad!

La pública resistencia

Existen demasiados mitos y tópicos sobre los servicios públicos que en momentos como el actual se convierten en barreras casi infranqueables incluso ante personas razonablemente inteligentes. Lo cierto es que quien puede, se escapa de los servicios públicos. Si hay autopista de pago como alternativa a un puerto de montaña o a una autovía o carretera nacional, quien puede, la paga. Si podemos permitírnoslo, enviamos a nuestros hijos a colegios privados, o en cualquier caso concertados, como opción más deseable frente a la oferta pública. Si está a nuestro alcance, preferimos contratar un seguro privado a tener que acudir a ambulatorios y hospitales públicos. Y consecuentemente, si podemos acogernos a alguna desgravación, deducción o mecanismo tributario menos gravoso, lo hacemos, buscamos a quien nos asesore, y terminamos pagando menos impuestos. Lo público casi siempre repele al ciudadano que tiene la posibilidad de huir del sistema.

No es casualidad que lo público normalmente funcione allí donde no es necesario. Me explico. Las políticas “sociales” van dirigidas a garantizar a determinadas capas de la población servicios considerados esenciales. Bajo un pretexto igualitarista, lo que se consigue en realidad es que los pobres reciban prestaciones de una calidad inferior a la que reciben los menos pobres, incluso con cargo al presupuesto público. Los que hemos ido a colegios e institutos públicos lo sabemos. No es igual un centro de Villaverde o Puente de Vallecas, que uno de Chamartín, Salamanca o Arganzuela. No es igual un ambulatorio de Mahadahonda que uno de Fuenlabrada. Puede haber muchísimas razones que lo expliquen, sí, pero la cuestión es que son contadas las excepciones.

Los vecinos de esas localidades y distritos más pudientes no necesitan que el Estado intervenga y redistribuya a su favor, ya que con su nivel de renta podrían perfectamente disfrutar de una calidad idéntica o muy superior por un menor coste. De hecho sucederá que los centros públicos de estos barrios estén menos poblados, ya que algunos de sus habitantes preferirán pagar dos veces por lo mismo, y huirán del sistema.

Los firmes defensores de lo público siempre cuentan sus inmejorables experiencias personales. No es casualidad que, por lo general, formen parte de esos grupos más pudientes, que disfrutan de las prestaciones lejos de aquellos que, en principio, sí podrían necesitarlo. Es una contradicción que no saben afrontar.

Pero todo lo anterior no es tan relevante como que lo público resulta excesivamente oneroso, no mejora la calidad y pervierte los instintos y conductas de los ciudadanos. El gasto per cápita en sanidad ronda los 3000 euros anuales. Eso equivale a 250 euros mensuales por españolito. En la actualidad, con una sanidad claramente dominada por la pública, un seguro médico privado de calidad ronda los 70 euros mensuales, es decir, 840 euros anuales. Es cierto que en la privada existe “copago”, pero el coste medio, a pesar de la dura competencia con la pública, no supera con mucho el tercio de lo que pagamos, sí o sí, por mantener el servicio que prestan las administraciones.

Con la educación sucede algo similar. Su coste medio por alumno no para de crecer año a año. En la última década se ha duplicado. En 2011 fue, aproximadamente, de 6.500 euros anuales por alumno. Teniendo en cuenta que no todo el mundo va a la universidad, que no todas las carreras cuestan lo mismo, que habría competencia y una gran variedad de precios, los padres encontrarían una educación acorde con sus posibilidades para sus hijos. Y los no padres, sencillamente, se ahorrarían la educación de los hijos del vecino.

Pero volvamos al principio. ¿Acaso es justo que ese coste medio por habitante o alumno no redunde en una calidad homogénea para todo el sistema? Es decir, ¿cómo explican los defensores de lo público que los más necesitados sean precisamente quienes peor servicio reciben? Al final los guetos se crean haga lo que haga la bienintencionada administración. Lo cierto es que esos guetos nacen, se consolidan y enquistan precisamente por culpa de la intervención. Cuando un individuo empieza a generar una renta con la que bien podría recibir mejor sanidad y mejor educación, llega el fisco y le sube los impuestos y las cotizaciones. Hay una franja entre las personas más humildes, y las clases medias, que el Estado se empeña en ahondar y penalizar. Es muy fácil presumir de lo público cuando uno vive de siempre en una zona de cierto nivel de renta, y los centros educativos y sanitarios se han ajustado mínimamente al tipo de población a la que asisten. Convivirán con colegios, institutos y hospitales privados, y la apariencia será de cierto equilibrio e “indudable” calidad y alternativa. Pero, repito, el Estado de bienestar “funciona” donde no se le necesita, y es inútil pretender lo contrario salvo que se decida ensanchar aún más la barrera entre ricos y pobres, que se convertirá prácticamente en insalvable a medida que crezca la presión fiscal o se limite la libre iniciativa en este ámbito, con el objetivo de mantener a toda costa los servicios públicos. Esto es lo que lograrían los manifestantes de cumplirse sus deseos: más desigualdad y precariedad sobre todo para quienes menos tienen.

La cuestión es cómo iniciar el desmontaje de este injusto entramado de malestar. Una posibilidad sería volver a permitir que quien se pague una sanidad o una educación privadas pudiera deducirse su coste en el IRPF con el límite del coste medio por habitante o alumno antes comentado (ajustando cada año). De este modo la entrada de la privada sería perfectamente competitiva y proporcional al abandono de la pública, y no como ahora, que quienes huyen pagan dos veces, pero a pesar de ello, quienes más necesitan el servicio, peores condiciones reciben. Sólo si se crea un mercado educativo y sanitario eficiente se ofertarán seguros y programas de estudio a precios asequibles para los menos pudientes, y tendrían entonces también ellos la opción de huir del sistema. En ese hipotético caso, sólo quedarían en la pública esos acomodados que hoy no ahorran elogios para el sistema que ellos sí disfrutan. No obstante, y llegados a esta situación, la titularidad pública de tales centros sanitarios y educativos habría perdido toda justificación, dado que sus beneficiarios estarían soportando su coste exacto en forma de unos impuestos que, gracias a la posibilidad de deducción, harían absurdo mantener la farsa.

Saludos y Libertad!

15m. Horizonte, Grecia

En el mismo diario que cayó rendido ante el esnobismo de Joaquín Torres, a quien en poco más de dos meses ha entrevistado y posteriormente reparado ante una presunta manipulación de sus palabras, calientan motores para el aniversario del movimiento 15m. La banalización de la política y la estética proceden del gusto relativista y contracultural que son tan comunes en el ánimo progre. No es raro que El País combine a la perfección el lujo desmesurado (en líneas sobrias y afiladas) con el despertar de esta juventud ilusa e idiotizada que algunos llaman “la generación perdida”.

Los partidos de extrema izquierda miran a Grecia emocionados porque lo que allí sucede es, sin duda, lo que quieren para España. Gritando “lo llaman democracia y no lo es”, aplauden al mismo tiempo el ascenso de partidos que, como ellos, radicalizan el arco parlamentario redundando en la ingobernabilidad y falta de seriedad de una nación que necesita exactamente lo contrario. No es tanto el desmoronamiento de los partidos moderados de izquierda y derecha, como la parálisis política que ello comporta, el motivo que provoca el júbilo de los simpatizantes del 15m y aledaños.

Pero hay algo más. Un efecto colateral que de alguna forma la extrema izquierda pretende por encima de todas las cosas: el crecimiento de los partidos ultra nacionalistas tildados de extrema derecha. Son su antagonista perfecto, y su desaparición en gran medida supuso un serio varapalo a las aspiraciones políticas de comunistas y anarquistas, que se vieron solos en el campo de la revolución social. En España, por suerte, ni siquiera IU es tan ultra como algunos quisieran. Pero para eso está el 15m, que pisa fuerte capitalizando la experiencia y la organización de todos esos partidillos y grupetes de extremistas, que creen poder convencer a una población entre indignada, idiotizada y pedigüeña, dispuesta a dar la espalda al sistema político y sus representantes actuales.

Lo cierto es que no fue tanto su impacto como algunos temían. Posiblemente haya sido UPyD el gran beneficiario del desencanto con los grandes partidos. Podemos sentir cierto alivio, dado que en España se ha optado por una vía radical, pero democrática y con licencias liberales. No obstante, la izquierda extrema nunca ceja en su intento por subvertir la paz social y conquistar el poder desde el caos y el desconcierto. A la par, los progres alimentan a la bestia dormida pretendiendo con ello seducirla y traerla así a su inconsistente posición.

Hollande se ha convertido con su victoria en el Rubalcaba que algunos soñaron. Un opositor a las políticas de austeridad y disciplina que exige la unidad monetaria para salir de esta crisis sin repetir los errores que nos condujeron a ella. Quizá sueñe El País o el PSOE con contagiar a los indignados con el posibilismo que ya Zapatero supo convertir en la victoria a duras penas de 2008. Para lograrlo necesita que esta legislatura se convierta en un calvario para el PP. Desde fuera, revisando los objetivos de déficit y dejando que el BCE estimule la economía a costa de envilecer el euro. Desde dentro, haciendo oposición territorial desde Andalucía, que se ha convertido en la Cuba del estrecho, con misiles desplegados y apuntando a la Moncloa.

Pero los indignados van por otros lares y no se dejarán seducir. En el País Vasco casan más con Bildu que con el PSE, y en Cataluña se entienden mejor con la guerrilla urbana que con ERC o el PSC.

La banalidad de El País, su apuesta por envolver el radicalismo de buenas intenciones, combinándolo con las dosis exactas de lujo y pedantería, es otra de las señas de identidad de España, que a pesar de los pesares, permanece en una línea de responsabilidad y moderación que otros quisieran.

Saludos y Libertad!

Huerta de Soto en estado puro. Conferencia en la Fundación Rafael del Pino (19/04/2012)

 Tuve la suerte de asistir personalmente a la conferencia. Os recomiendo que la veáis, o por lo menos la escuchéis mientras estáis haciendo otras cosas. Es muy didáctica y está de plena actualidad.

Saludos y Libertad!

Un paso atrás

Políticos y economistas han trasladado a la opinión pública un debate en falso sobre las alternativas que se nos presentan en materia de reformas y políticas anti crisis.

En primer lugar, existe la tendencia a utilizar el debate monetario como seña de identidad ideológica, que demasiadas veces llega a perturbar el rigor científico de algunos economistas. No es extraño que políticos y periodistas discutan sobre la conveniencia de ser o no tan fieles a la disciplina del euro inspirada por el gobierno alemán, o por el contrario, abrazar las tesis expansivas e inflacionistas practicadas por los anglosajones de uno y otro lado del Atlántico. Esta primera discusión nos lleva a la segunda. Careciendo de las herramientas monetarias clásicas, se hace más difícil, cuando no imposible, aplicar políticas fiscales de estímulo económico. Si no se puede devaluar, y el objetivo es mantener a raya la inflación, los Estados se encuentran atados de pies y manos ante la posibilidad de incurrir en excesivo déficit público. Los mercados financieros someterán a los Estados a exigencias de riesgo y fiabilidad. No será tanto el nivel de deuda o la necesidad de financiación adicional, como la expectativa de que la economía nacional pueda ir pagando los sucesivos vencimientos. España, que no está especialmente endeudada (casi la mitad que Italia) y tiene un déficit similar al de Reino Unido, tiene serias dificultades para financiar el gasto público por encima de sus ingresos fiscales.

En esta tesitura, opinadores, políticos y economistas defensores del gasto público como único resorte para salir de la crisis económica, dirigen su ira contra la causa que impide hasta cierto punto su realización. A pesar de lo cual nuestros Estados mantienen déficits elevados, y no han contraído apenas su presupuesto en lo que llevamos de crisis. Durante los años de bonanza el Estado se sobredimensionó tanto como los sectores más afectados por la burbuja. La diferencia con aquellos, es que el Estado no ha emprendido su particular redimensionamiento, mientras que muchos de esos sectores se hallan hoy en su mínima expresión. Si en 2001, por ejemplo, España tenía sanidad y educación públicas, no deberíamos tener ningún problema para regresar a ese año presupuestariamente hablando. Sin embargo, nuestros gobernantes se resisten a retroceder, como si creyeran posible conservar siquiera una parte de lo conseguido durante la burbuja.

A pesar de lo dicho, quizá estemos ante una de esas situaciones curiosas en la historia, cuando una misma línea de acción política puede servir a intereses contrapuestos. Conscientes de que la inflación es un monstruo al que debemos combatir, y que la devaluación no es posible a nivel europeo, y mucho menos deseable gracias a una hipotética salida de la moneda única, unos y otros deberían reconsiderar sus propuestas. Los más liberales apoyarán la disciplina monetaria y fiscal al tiempo que aplauden el retroceso del Estado (que está siendo muy leve, por cierto). Los más socialistas, si desideologizaran sus razonamientos políticos y económicos, verían que la oportunidad que les brinda la disciplina fiscal y monetaria permite al mismo tiempo replantear y asegurar la viabilidad del Estado en sus tareas asistenciales básicas. No resulta tan disparatado proponer un consenso en torno a la reforma de la sanidad, la educación, la estructura administrativa del Estado, la política industrial, etc. Me temo que de todas estas reformas el Estado saldrá reforzado, como lo ha hecho en los países nórdicos, por ejemplo, donde se ha redimensionado lo público redirigiendo la presión intervencionista más en los resultados, con una redistribución de la renta mucho más ajustada, que en la producción y la iniciativa empresarial.

Puede parecer contradictorio que un liberal apunte las bases de un nuevo consenso estatista. Pero tened en cuenta que, como en cualquier otro momento histórico, si el Estado ha existido, ha sido gracias a que el libre mercado permitía y soportaba determinados niveles de coacción. Un Estado de Bienestar sostenible debe entenderse con el mercado del cual extrae recursos que redistribuir. La única alternativa razonable. La menos dañina. La más coherente en términos teóricos y políticos, es que el Estado de un paso atrás.

Saludos y Libertad!

Las exclusivas de “Salvados”

Con el siguiente titular, Jordi Évole acude a la región (Navarra), donde el Arzobispado revende bienes que registra a su nombre con una ley del franquismo, Público se hace eco del reportaje emitido ayer domingo por La Sexta sobre los negocios inmobiliarios de la Iglesia Católica.

El cóctel Iglesia + pelotazo inmobiliario + ley franquista, es demasiado tentador como para no utilizarlo como acicate anticlerical. Vaya por delante mi total indiferencia ante las prácticas de la Iglesia, o cualquier otra corporación, realizadas al amparo de la Ley Hipotecaria. Lo único cierto aquí es que las pocas anécdotas que el reportaje trataba de convertir en notición, pierden totalmente su aparente “gravedad” cuando se conoce mínimamente los procedimientos previstos para resolver la falta de concordancia entre la realidad jurídica y el registro de la propiedad. Sobre este tema se puede debatir muchísimo, sobre todo acerca de la ineficiencia de los límites y garantías que impiden llevar al registro situaciones irregulares, mayores cabidas u ocupaciones que pueden ser ilícitas. Pero si existe una cuestión pacífica, al menos en la forma, es el mecanismo que permite a determinadas personas jurídicas registrar de nuevas fincas para las que logren probar su dominio sobre las mismas. Dice el artículo 206 de la Ley Hipotecaria:

“El Estado, la provincia, el municipio y las Corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a: cuyo cargo esté la administración de los mismos en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos.

“
Que la Iglesia disfrute de la facultad de inmatricular las fincas que considere suyas, cuando estas no consten inscritas en el registro, no es un privilegio inaudito. El Estado, los municipios y demás corporaciones de Derecho público, tienen acceso al mismo mecanismo de reconocimiento registral. Que una de estas entidades se adelante, certifique su dominio de forma verosímil, y logre inscribir la finca en cuestión, no debería suscitar las críticas vertidas en el comentado reportaje. No se trata de un privilegio, sino de una equiparación entre la realidad histórica y jurídica de municipios e Iglesia en lo que al ejercicio de sus derechos de propiedad se refiere. Que en determinado término exista duda sobre la adquisición de un bien, o el título por el que se disfrute, no implica que el procedimiento de la Ley Hipotecaria este concebido para favorecer a los derechos de la Iglesia. Uno de los casos que presentaba Évole era el de un alcalde empeñado en que su ayutamiento tenía derecho, no se sabe en base a qué título, a apropiarse de la Iglesia y la casa parroquial del municipio. La justificación es que en cualquier caso, eran “del pueblo”, y no de “los obispos”. ¿Y por qué no de los feligreses, de ayer, de hoy, del mañana…? Con argumentos de tanto peso jurídico y probatorio, no me extraña que la Iglesia haya logrado inmatricular (inscribir una finca que previamente no figuraba en el registro de la propiedad) tanto lugares de culto como espacios asimilables.

Por cierto, el adjetivo de “franquista” referido a una ley, aparte de no suponer necesariamente un factor deslegitimador de su contenido, puede resultar peligroso en manos de un estatista. El franquismo produjo leyes aún vigentes, que con más o menos reformas, regulan ámbitos tan sensibles como la expropiación forzosa, la propiedad horizontal, o la hipotecaria aquí comentada.

Saludos y Libertad!