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El gobierno de la fe

marzo 13, 2013

Lo que está a punto de ocurrir en el Vaticano (seguramente hoy o mañana tendremos nuevo Papa) es el acto de proclamación del nuevo jefe de la iglesia. Un acontecimiento mundano que sólo en apariencia queda en manos de un colegio de cardenales sometidos al encierro del cónclave, del que necesariamente ha de salir el nominado. Sin embargo, en este acto de decisión personal y colectiva, se establece, como en otros muchos de los ritos de la iglesia, una conexión espiritual con el orden de lo trascendente. El nuevo Papa lo será por la voluntad de Dios. Este elemento, que hoy en día resulta llamativo, es en realidad el factor que identifica a la Iglesia como el gobierno de la fe, distinto del gobierno de lo mundano, cuya naturaleza estrictamente política carecería, por tanto, de la conexión espiritual con la voluntad divina.

La teoría del absolutismo monárquico respondía a la necesidad que tenía el poder político del máximo respaldo divino. En una época donde el gobierno de la fe compartía con el mundano el destino temporal del pueblo, las monarquías, en su ascenso imparable hacia el poder absoluto, necesitaron impostar para sí la característica fundamental de su contrincante en la lucha por el dominio del orden social. Desde aquel entonces, los reyes lo fueron por la voluntad de Dios, y su poder se extendió sobre la Iglesia, haciéndola cómplice obligada.

El proceso que contribuyó a desequilibrar el reparto medieval del poder entre Iglesia y Monarquía, fue un reflejo del cambio intelectual y espiritual en la sociedad de aquel entonces. Cuando la vida era breve y tortuosa, al individuo, con independencia de su formación y genialidad, le interesaba estar a bien con Dios tanto o más que con el Rey. Guerras, hambrunas y enfermedades, limitaban la vida a unos pocos años de trabajo y miserias, que debían ser sabiamente invertidos en ganarse un buen lugar en el más allá. Poco a poco, a medida que mejoraron las condiciones de vida, los individuos empezaron a olvidarse de la eternidad para centrarse en lo terrenal, contribuyendo de ese modo a reforzar el poder político de los monarcas en detrimento del que también ejercían los obispos.

En el proceso descrito de abandono paulatino del temor a Dios, secularización de las costumbres y ascenso imparable del poder de las monarquías, surgió el Estado. Lo que en principio fue la maquinaria al servicio del gobierno, acabó convirtiéndose en una idea que por sí misma acabó engullendo e incorporando tanto la política como el Derecho e incluso la moral. Desde el primer momento también estableció una fuerte tensión con la Iglesia, de la que ha sido cómplice y colaborador en lo mundano, y progresivamente, competidor en lo estrictamente espiritual. La sociedad contemporánea ha sustituido al Dios trascendente por un Dios mundano: el Estado.

Los que ahora se sorprenden y critican la liturgia de la Iglesia, su ostentación, la formalidad de sus actos, e incluso la relevancia mediática de la elección de su nuevo líder, olvidan en su mayoría que esas mismas características forman parte del día a día en la vida política de cualquiera de los países en los que se divide nuestro mundo. La fe trascendente ha sido sustituida por las distintas formas de socialismo, con sus dogmas, su doctrina y su corrección de pensamiento. El Estado es un Dios en cuya naturaleza está el poder redistributivo y tuitivo, que no siempre saben ejercer quienes lo controlan de manera temporal. De ahí que los movimientos y revoluciones nunca traten de limitar el poder, sino de derribar gobiernos puntuales o regímenes que consideran inadecuados para la función que la doctrina socialista atribuye sin discusión al Estado.

La Iglesia ha perdido poder, pero permanece. Ha cambiado, pero no tanto. Pertenece a una época distinta, y se esfuerza en vano por conectar con una mayoría social que vuelva a auparla en el reparto del poder mundano contra el Estado. Pero la guerra del día a día no es sino un reflejo de la batalla trascendente entre el Dios del futuro, de la esperanza de vida, del placer y la felicidad, de la realización, de la prestación “social”, de la sanidad y el entretenimiento, y el Dios estricto y simple que domina un orden supremo cuyos puentes con la realidad se han ido desmoronando siglo tras siglo. Sin embargo, algo queda en la Iglesia que sigue atrayendo la atención del público. Porque la soberbia de nuestro tiempo no puede ser completa, y más vale ponerle una vela a Dios y otra al Estado, que olvidarse del primero y pagarlo durante toda la eternidad.

El gobierno de la fe elegirá un nuevo sumo pontífice, que como la etimología de su nombre indica, siguiendo la tradición romana, es el encargado de construir puentes entre nuestro mundo y el otro, evitándonos al resto mojarnos o, en el peor de los casos, que se nos lleve la corriente.

Escribe un liberal (antiestatista), que no cree, ni pertenece a la Iglesia, ni practica; pero sí paga rigurosamente sus impuestos (le pongo una vela a Montoro)

Saludos y Libertad!

Del matrimonio civil y sus enemigos

marzo 4, 2013

La polémica suscitada por los comentarios del ministro Fernández Díaz ha dejado de manifiesto que vivimos en una sociedad donde el pensamiento único y lo políticamente correcto han tomado el ámbito antaño ocupado por los dogmas de fe y la superchería popular.

Resulta que el ministro ha aprovechado su presencia en el coloquio sobre Religión y Espacio Público, celebrado en la embajada española en el Roma, para realizar las siguientes manifestaciones

“Si nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada”.

Fernández Díaz se refiere al matrimonio civil, dado que el canónico y su naturaleza heterosexual queda fuera de toda duda. Dice que la ley debe mantener los privilegios concedidos tradicionalmente a las uniones heterosexuales, y para ello utiliza el argumento de que sólo éstas garantizan la pervivencia de la especie. Es su opinión. Y se trata de una opinión contenida, porque no juzga la calidad personal de las personas homosexuales, sino que se posiciona a favor de que la legislación tome una determinada orientación, distinta a la que ahora tiene. Dado que el matrimonio civil, y las instituciones jurídicas relacionadas, pueden alterarse, como así se viene haciendo desde hace siglos, parece legítimo que cada cual muestre en público su opinión al respecto. Se llama pluralismo intelectual. Nada más.

Quien no opine como el ministro, en vez de sacar a pasear ese talante tan intransigente y sectario que algunos tienen, podrían tratar de rebatirle con argumentos de mayor calidad que los suyos. O mejor aún. No prestarle demasiada atención. Por lo que parece, la mayoría de los españoles mira con aprobación o indiferencia que las uniones homosexuales hayan alcanzado el estatus jurídico del matrimonio civil tradicional por medio de la asimilación. Lo que en su día suscitó cierto debate en la calle, hoy ya nadie lo discute.

En mi opinión, que es tan legítima como la del ministro, o la de esas fieras dogmáticas que pretenden acallar a cualquiera que se salga de la corrección política y el pensamiento único, son tan enemigos de la institución del matrimonio los unos como los otros. Tanto el ministro como los viejos activistas partidarios del matrimonio de parejas del mismo sexo, creen que éste debe seguir siendo el único acceso para que dos individuos que conviven y se quieren, gocen de determinadas garantías jurídicas. Ambos comenten el error de aferrarse a una institución civil obsoleta y desfasada para resolver situaciones personales que hace tiempo superaron sus límites.

El matrimonio no sólo ha quedado adulterado por la introducción contracultural de la posibilidad de que personas del mismo sexo lo contraigan. El hecho de que la disolución haya dejado de exigir una causa, o que la filiación extramatrimonial surta los mismos efectos en la relación entre el progenitor y su prole natural, suponen transformaciones que demuestran que nuestro código debería haber abandonado hace tiempo al matrimonio, dejándolo como una reliquia ineficiente para el momento social que vivimos. Los individuos deben poder decidir todos los efectos de su convivencia, dejando a la ley la regulación, dispositiva o imperativa, para las consecuencias jurídicas que se derivan del nacimiento (filiación, parentesco, alimentos) y la muerte (legítimas, sucesión natural). El resto de actos y negocios jurídicos, incluido el matrimonio, deben quedar a disposición del individuo, que haciendo valer la autonomía de su voluntad, decida cómo disponer sobre sus bienes, o la manera de ordenar sus relaciones y vínculos personales.

Enemigos del matrimonio son todos los que se aferran al mismo como un arma arrojadiza al servicio de concretas definiciones morales y culturales de lo que debe o no ser la convivencia entre individuos, que, liberados al fin del corsé de su estado civil, deberían poder definir por sí mismos el régimen jurídico y económico en convivencia. Esta es la única alternativa tanto a la visión recalcitrante del ministro, como a la posición contracultural y absurda de quienes creen estar extendiendo derechos cuando lo único cierto es que han logrado ensanchar servidumbres.

En este debate, que no está cerrado, el ministro de interior tiene las de perder y se halla en una posición desfavorable. El pensamiento totalitario de algunos, en vez de discutirle, pretende expulsarlo de la vida pública. Esta quizá haya sido la consecuencia más reveladora de esta pequeña polémica. Como decía, los dogmas de fe y la superchería ahora tienen forma de pensamiento único y corrección política. La inquisición es mediática, y sus jueces, personajes de la extrema izquierda que se creen valedores de una nueva verdad revelada.

Saludos y Libertad!

Malos tratos. Entre el archivo y el sobreseimiento.

febrero 28, 2013

Es cierto que Toni Cantó, diputado de UPyD en el Congreso, ha dado por válida una estadística no oficial, imprecisa en sus términos y parcial en su propósito. Es cierto que Toni Cantó quedaba desde ese momento obligado a rectificar y pedir perdón por haber afirmado que la mayoría de las denuncias por malos tratos eran falsas. A continuación, dada su pertenencia a la comisión de igualdad del Congreso, su obligación es la de recabar datos, y si estos le resultasen útiles, no rendirse ante el linchamiento mediático y político al que los grupos de izquierda le están sometiendo. Los datos, decía, esta vez sí procedentes de las estadísticas oficiales, le ayudarán a subsanar el error conceptual cometido, como paso necesario para que la verdad de fondo que contenían sus palabras no quede oculta por culpa de la corrección política y el pensamiento único. Toni Cantó, lejos de rendirse, está obligado a plantear un debate serio sobre la injusta reforma del código penal relativa al maltrato de mujeres por parte de sus parejas, o exparejas masculinas.

LA LEY.

Empecemos con las novedades que introduce en nuestro Código Penal la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección especial contra la violencia de género.

1. Afecta a la materia relativa a la suspensión y sustitución de penas (artículos 83, 84 y 88), cuando éstas sean relativas a los tipos penales afectados por la introducción de la idea de violencia machista (del hombre sobre la mujer).

2. Tipo de lesiones del artículo 148.4, incrementando las penas del 147 cuando la víctima fuere o hubiese sido “esposa o mujer” ligada con el autor.

3. Tipo de malos tratos del artículo 153.1, siguiendo la lógica del anterior, cuando el agresor sea hombre y la víctima mujer que fuera o hubiese sido su pareja.

4. Tipo de amenazas del artículo 171.4, y tipo de coacciones del 172.2, ambos en el mismo sentido descrito, estableciendo una discriminación favorable a las mujeres que sean víctimas de acciones realizadas por hombres que fueran o hubiesen sido sus parejas.

El TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que la discriminación introducida no vulneraba los derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución. A pesar de lo cual, la reforma establece una discriminación cuanto menos discutible, y cuyos efectos podrían estar siendo perjudiciales para la sociedad en su conjunto, al crear incentivos perversos en cuanto a la utilización de dichos tipos penales, así como de los mecanismos procesales y órganos jurisdiccionales creados, para otros fines que no son estrictamente la persecución de los malos tratos entre los miembros de una pareja. Precisamente porque la reforma protege de manera desigual situaciones amparadas por otras leyes que fueron aprobadas por el mismo gobierno de acuerdo con una estrategia parecida. La mujer maltratada por otra mujer, el hombre mal tratado por una mujer, o el hombre maltratado por otro hombre, quedan fuera de la reforma contra la violencia de género, ya que ésta se centra únicamente en la mal llamada “violencia machista”.

ESTADÍSTICA OFICIAL.

Pero volvamos a la polémica suscitada por Toni Cantó y sus comentarios. A continuación reproduciré los datos oficiales preparados por el Observatorio de Violencia de Género publicados en la página del CGPJ, relativos al año 2011:

Denuncias totales: 134.002.

El 36% son de mujeres inmigrantes, pese a representar el 11% de la población femenina en España.

De las 134.002 hay un 11,54% de denunciantes que renuncian al proceso.

El 61,4% de las denuncias lo son por malos tratos estrictos (menoscabo psíquico o físico, sin lesión), del art. 153 cp; 13% por violencia doméstica genérica (física o psíquica), del artículo 173,2 cp; 9%, delitos contra la libertad; 3,9% Lesiones del art. 148 cp; y un 0,1% (95 casos) por homicidio, 60 mujeres asesinadas (0,044% del total de denuncias), 35 intentos o tentativas.

El dato realmente relevantes que de las 134.002 denuncias, 52.294 acabaron en sentencia (se entiende que el resto fueron archivadas o sobreseídas), resultando un 60% condenatorias (31.403) y el 40% absolutorias (20.891). Es decir, que del total de denuncias, sólo un 23,43% terminaron en condena del denunciado. Este dato de 31.403 condenas coincide con las medidas de protección acordadas, que no llegaron a 24.000, consistentes en alejamiento y prohibición de comunicación del presunto agresor con la víctima.

Otra estadística es la que se ofrece en este enlace, y que hace referencia a datos del CGPJ relativos a los años 2005-2008, que habla de 600.000 denuncias durante esos años, de las cuales 343.527 fueron archivadas en la instrucción, 115.768 sobreseidas y 45.421 con sentencia absolutoria, lo que reduce las condenas al 16% del total de denuncias presentadas.

 

EL TIPO DE DENUNCIA FALSA (art. 456 CP) Y SU REFLEJO EN LA ESTADÍSTICA.

El por qué la estadística no refleja la falsedad real de muchas de estas denuncias, pese a que los datos contrastados y expuestos levantan todo tipo de cautelas sobre la veracidad de los hechos, lo explicamos hace unos años en este post. La mayoría de las veces resulta tan complicado probar los malos tratos, como demostrar la falsedad de su denuncia. Si a esto le añadimos la presión que ejerce una opinión pública dominada por el pensamiento único y políticamente correcto, resulta sencillo concluir que pocos indicios de falsedad acabarán materializándose en procedimientos penales concretos, dejando así un ratio insignificante de sentencias condenatorias sobre denuncia falsa. Y la estadística, esa que habla de un 0,01%, recoge única y exclusivamente sentencias que condenen tales hechos.

Saludos y Libertad!

Proceso constituyente

febrero 18, 2013

Siguiendo esa costumbre de arrimar el ascua a nuestra sardina, cueste lo que cueste, aprovechando las circunstancias, e incluso el drama de muchos, la izquierda y el nacionalismo aspiran a que la crisis económica se traslade también al orden político expresado en la constitución de 1978.

Los nacionalistas catalanes han declarado su determinación de romper la unidad de España, segregando aquella región al margen de las previsiones constitucionales y la legalidad. Los nacionalistas vascos, una vez se aclare el destino de ETA y el encaje de Batasuna en el sistema de partidos regional, lanzarán su particular órdago en esta misma dirección. El PSOE, agotado y desorientado, pretende apagar fuegos sugiriendo federalismo, si bien, por lo general, se mantienen en el consenso de 1978, que en definitiva, es de lo que han estado comiendo hasta la fecha. La izquierda que sí plantea un claro desafío contra el orden constitucional vigente, y aspira a que su visión del Estado y la economía inauguren un nuevo régimen distinto al que ahora tenemos, es la que se mueve en la órbita de IU, y los movimientos ciudadanos que ella misma alienta.

Para comprender si estamos en los albores de un cambio de régimen primero debemos analizar los factores que dotan de estabilidad a cierto orden constitucional, y qué requisitos y circunstancias lo hacen tambalearse. En cualquier caso, para que suceda un auténtico cambio de régimen debe haberse producido con anterioridad una trasformación sustancial del consenso social que sostenía el régimen anterior.

En 1978 estaba en crisis la forma política del Estado, que no casaba con la evolución económica y moral de la ciudadanía. Estaba en crisis la situación internacional de España y su incorporación en los ámbitos de compromiso de su entorno. Lo que no estaba en crisis era el modelo de Estado, que avanzaba hacia el Bienestar y la carga fiscal que ello conlleva, así como su carácter tuitivo. La transición resolvió cuestiones y diluyó contradicciones, dejando que la España real traspasase más allá de los límites impuestos por el franquismo. El consenso de aquel cambio de régimen se apoyó en cuatro pilares: importación del sistema de bienestar e intervención europeo, la monarquía como factor de estabilidad en reconocimiento a su labor activa a favor de la transición política, la autonomía de las regiones y el municipalismo, y por último, el sistema de partidos, que desde la legalización del PCE, abrió la puerta a cierta pluralidad que espontáneamente desembocó en un bipartidismo imperfecto o moderado.

Visto lo anterior, situándonos en la actualidad, sumidos en un contexto de recesión económica y crisis moral profunda, algunos tratan de interpretar el momento político que vivimos, cargado de desconcierto e improvisación que provocan hartazgo e impaciencia en la ciudadanía, como una oportunidad para imponer su régimen particular a todos los españoles.

No nos engañemos. Cuando la extrema izquierda habla de abrir un proceso constituyente, no lo hace con la voluntad de inaugurar un periodo de entendimiento que siente las bases de un régimen más eficaz que satisfaga las reivindicaciones populares sobre las que existe un consenso suficiente. La extrema izquierda, como el nacionalismo, lo que busca es debilitar el régimen actual para intervenir de manera agresiva e irresponsable, tratando de afianzar posiciones que sólo a ellos satisfagan.

No es cierto que el consenso social de 1978 se tambalee. Lo que se resquebraja es su desarrollo y culminación durante estos años. Las instituciones que plantea siguen gozando del apoyo ciudadano. No tanto quienes las representan.

La monarquía no está en cuestión, sino por su opacidad y los errores personales cometidos por alguno de sus miembros, incluido el jefe de Estado.

El sistema de partidos tampoco ha sido desahuciado por la ciudadanía, que ha mantenido hasta la fecha altos índices de participación en las elecciones. Lo que se cuestiona es su trasparencia, el sistema de favores, clientelas, asesores, financiación, democracia interna… Lo cierto es que ni siquiera el bipartidismo está realmente en peligro (al menos no por el momento) ya que el avance de IU y UPD sólo redunda en esa “imperfección” de la que hablaba más arriba, si comparamos el nuestro con un bipartidismo perfecto como el norteamericano.

Tampoco está en cuestión el modelo territorial en sí mismo, sino el reparto competencial, la corresponsabilidad, el sistema de financiación, la lealtad institucional y la duplicidad existente entre administraciones.

El Estado de Bienestar, entendido como garantía de un sistema de pensiones, educación y sanidad universales, tampoco está siendo cuestionado por la inmensa mayoría. El debate gira en torno a su gestión, la viabilidad de las fórmulas vigentes, y su convivencia con la iniciativa privada.

Lo que sí estamos experimentando es una creciente demanda por parte de la ciudadanía de enmiendas rotundas al modelo vigente. Crece la exigencia para que cambie el sistema electoral. Se reclama más contundencia contra la corrupción, más transparencia y agilidad a la hora de exigir responsabilidades inmediatas en forma de ceses y dimisiones. Se está consolidando la impresión sobre que el rey debe abdicar en favor de su hijo, en un escenario donde el yernísimo sufra las consecuencias sin atenuantes. La gente pide que se eviten futuras crisis. Que las estructuras que la hicieron posible se depuren. Y que no paguen sólo algunos por los errores de todos, más cuando una minoría parece no haber sufrido ni siquiera la parte de responsabilidad que tendría que haberles correspondido.

Muy al contrario de lo que opinan las mentes totalitarias que sueñan con un derrumbe incontrolado del régimen de 1978, la mayoría social sigue cómoda en sus consensos básicos, reclamando, eso sí, que se aprueben enmiendas contra vicios que son evidentes para todos. No digo nada del contenido de esas enmiendas, porque ahí sí que se tendrá que producir un debate que recabe mayorías suficientes con las que sacar adelante las reformas. No se puede, como hace el PSOE, tratar de imponer una solución federal, cuando la realidad es que nuestro modelo autonómico permite variaciones dentro del marco de unidad y cooperación existente. A priori, las fuerzas políticas no deben acudir a un proceso de enmienda con maximalismos que no reflejen el sentir mayoritario de la sociedad. Es ahí donde se aprecia el desconcierto de los socialistas, que no saben cómo reaccionar. Y es ahí también, donde puede contemplarse la malicia inherente a la extrema izquierda, que busca enfrentar y depurar a los ciudadanos sin importarle las consecuencias que ello tenga.

Saludos y Libertad!

La dación en pago

febrero 13, 2013

La dación en pago no impide que cada día se celebren cientos de lanzamientos en España. El movimiento que ha convertido este negocio jurídico en el eslogan y la bandera de su campaña de desprestigio a la banca y a la ley hipotecaria, manipula la realidad a su conveniencia.

El desahucio es la penúltima fase de la mayoría de las ejecuciones hipotecarias. Una vez el deudor pierde la posesión de la vivienda, en función de las circunstancias particulares de su crédito, pude seguir obligado personalmente al pago de un remanente no satisfecho mediante el precio de adjudicación del bien inmueble. He ahí el meollo de la cuestión donde la dación en pago puede convertirse en una solución.

La realidad es que el Decreto 27/2012 de 15 de noviembre ha parado la inmensa mayoría de los lanzamientos en viviendas habitadas por personas con pocos recursos o riesgo de exclusión. Lo único cierto es que los bancos, acuciados por el coste procesal que representa la lentitud de la justicia, y conscientes de que existen deudas incobrables, han renunciado a perseguir a muchos ejecutados por el resto de sus días contra el resto de sus bienes, presentes o futuros. Las entidades financieras tienen dos tipos de productos: la hipoteca buena, y la hipoteca de riesgo. Normalmente, las personas que peor lo están pasando con la crisis, pertenecen a ese grupo de créditos de riesgo, concedidos contra una garantía cuyo valor no era ni es un factor determinante. Esto hace que los bancos muchas veces prefieran dejar la vivienda ocupada, a cambio de un alquiler bajo, e incluso nada, con tal de saber que la vivienda adjudicada se encuentre relativamente en buen estado. La realidad es que se han firmado miles de daciones en pago, porque las entidades financieras establecen prioridades, clasifican los créditos en función de su riesgo, y valoran también el rendimiento que podrán obtener de la vivienda adjudicada en un futuro no tan lejano, arrendándola o vendiéndola.

Ahora volvamos a la propuesta de generalizar e imponer con carácter retroactivo la dación en pago. Se trata, en primer lugar, en una enorme aberración jurídica que contraviene de un plumazo multitud de principios fundamentales del Derecho. Las leyes, no por viejas se convierten en ineficientes. En el caso de nuestra Ley Hipotecaria, ésta no hace sino reproducir una institución, la hipoteca, que desde la antigua Roma hasta nuestros días, ha evolucionado y depurado sus defectos. La cuestión es si la norma obliga o no a las partes a descartar la dación en pago dentro de las previsiones contractuales. No sucede ni a priori, y como hemos visto, tampoco a posteriori. La ley simplemente establece un marco normativo que distribuye la responsabilidad y establece los mecanismos para exigírsela a las partes. Nada más. Dejemos esa ley tranquila y centrémonos más en normas cuyo contenido sí que ha sido reformado más recientemente, como la Ley de enjuiciamiento civil.

Frente a la propuesta de los “dacionistas”, caben varias soluciones sensibles y eficaces ante la gravísima situación en la que esta crisis económica sistémica, provocada por la banca central y los Estados mediante la expansión artificial del crédito, entre otras causas. Primero, revisar los porcentajes de adjudicación, con y sin postores, previstos en la LEC. Esto compromete en gran medida la estabilidad financiera de los bancos, que calcularon sus expectativas, o iniciaron procedimientos guiados por esos límites. Alterarlos, como hizo el último gobierno del PSOE, exige el concierto con la banca, y hacerlo de forma comedida. Quizá se puedan revisar de futuro, lo que afectaría al precio de tasación previsto en la escritura de hipoteca, el cual debería ajustarse no tanto con el precio de mercado del momento, como por una valoración más conservadora que tratase de eliminar el efecto de la burbuja, si ésta llegara a reproducirse.

Sin embargo, la solución más razonable, y que incluye la dación como una alternativa, y no una imposición caprichosa movida por quien no entiende, o no quiere entender que la estabilidad institucional es una de las claves de progreso económico de una nación, es mejorar y regular la quiebra personal. El concurso de acreedores de personas físicas, así como los mecanismos de mediación y arbitraje, previos a acudir a la jurisdicción, son las asignaturas pendientes de nuestro ordenamiento jurídico. No parece razonable que las personas jurídicas se beneficien de un procedimiento de liquidación o saneamiento, para el que las personas físicas no encuentran más que obstáculos y limitaciones.

Un hipotecado, desempleado, sin más bienes, ni previsión de tenerlos por herencia, al menos no para llegar a pagar algún día el remanente de su crédito tras la adjudicación de la vivienda por el banco, no debería convertirse en un paria social por culpa de esa circunstancia. Cada uno debe asumir su responsabilidad, pero existen las segundas oportunidades, los fallidos, las quitas, la renegociación de la deuda, los acuerdos de pago, o la dación. Los bancos tambien deben asumir el riesgo que supone prestar a tan largo plazo. Estos pactos, entre deudor y acreedor, deben realizarse con garantías y límites que favorezcan a quien se halle en riesgo de exclusión por una insolvencia irresoluble. Mediadores y árbitros aligerarán el número de procedimientos concursales que finalmente alcancen a los órganos jurisdiccionales, generando soluciones ágiles y satisfactorias para ambas partes.

La plataforma en contra de los desahucios y a favor de la dación en pago, tiene dos rostros. Uno solidario, con el que casi todos comulgamos, sensible ante las dificultades de personas que se ven atrapadas por las circunstancias, sin alternativas sencillas, sometidas a la rigidez de nuestras normas y procedimientos. Pero también esconde una vocación subversiva y totalitaria, que busca reventar el sistema atacando uno de sus pilares básicos. Los principios generales del Derecho no son negociables. Su evolución debe permanecer ajena a los cambios legislativos y el capricho de quien los diseña.

Esperemos que una vez aceptada a trámite la iniciativa legislativa popular, la cordura prepondere sobre la visceralidad y la demagogia. El debate debe orientarse a resolver las cuestiones que aquí he tratado: la quiebra personal, el procedimiento concursal para personas físicas, el sistema de arbitraje y mediación como paso previo a los tribunales, y la revisión del procedimiento de ejecución hipotecaria y los porcentajes de adjudicación, acordando en cualquier caso con la banca los efectos retroactivos de la reforma.

Saludos y Libertad!

La sanidad. Pública o Privada.

febrero 11, 2013

En los últimos tiempos, fruto de las medidas de externalización emprendidas por varios gobiernos autonómicos, emulando soluciones que ya funcionaban en España y en el resto de Europa, ha surgido un debate en torno a los servicios sanitarios que, lejos de ser lo serio que debería, ha terminado convirtiéndose en un instrumento de agitación política. Falseando la cuestión, sectores de la izquierda han conseguido definir las reformas como liberalizadoras en tanto privatizan lo público a favor de la empresa privada. Este argumento, lejos de ser cierto, adolece de un defecto fundamental, ya que confunde libertad con regulación por culpa de la mera apariencia. Esto último se entiende a la perfección de la siguiente manera: la categoría del servicio no deriva de la naturaleza de quien lo presta, sino de la fuente de financiación de la que se alimenta, las reglas de lo restringen, y quien toma las decisiones relativas a sus objetivos y presupuestos. Es decir, que por mucho que una función pública la desempeñen personas no sometidas a la disciplina marcial de un ejército, es decir, meros particulares que fueron contratados, u obtuvieron una plaza por oposición, dicha función no pierde su condición de pública. En este sentido, aunque la sanidad que se paga con el presupuesto público, se regula por autoridades públicas, y que es objeto de dirección y planeamiento por parte de los dirigentes políticos de turno, sea prestada por entidades privadas, no pierde ésta su naturaleza. Se trata, por tanto, de modelos de gestión de una misma cosa: la sanidad pública. El debate no es entre público y privado, sino en cuanto a formas de gestión de lo público.

El segundo aspecto más relevante de la discusión es si efectivamente la externalización de servicios sanitarios públicos reduce el coste soportado por los presupuestos de la administración, y al mismo tiempo, mejora la calidad de la prestación a favor de sus usuarios. En este punto, hay cierta controversia, opacidad y tendencia a la manipulación. Lo cierto es que a corto plazo, sí se produce una reducción del gasto por paciente. También es cierto que en general, los pacientes no notan diferencia e incluso agradecen recibir atención en centros “que parecen privados”. Lo parecen porque lo son. Y he ahí uno de los elementos que hacen más atractiva la externalización de la sanidad. El único dato cierto es que todo aquel ciudadano que puede permitírselo, tiende a contratar un seguro privado. La huída de lo público es un hecho constatado. Por eso, quien no puede escapar del yugo de lo público, ve con buenos ojos que se le trate como si la cosa fuera privada. Mejores instalaciones, menor espera, habitaciones individuales… Es lo que la gente busca en la privada en demérito de la pública, la cual, con razón, o muchas veces sin ella, se cree saturada y obsoleta, el menos en los detalles y la comodidad.

Pero volvamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué determinados sectores de la izquierda se empeñan en asociar la externalización con la sanidad estrictamente privada, o un supuesto mercado sanitario? La respuesta es muy sencilla: porque saben que a medio/largo plazo, las ventajas iniciales de la externalización, posiblemente queden diluidas en los vicios inherentes a lo público, que contagian todo lo que tocan, salvo que se refuercen factores como la competencia entre agentes y el avance del sector estrictamente privado frente al público, se preste éste como se preste. Los detractores del modelo, saben que si al final vuelven a aparecer los vicios de la pública, podrán relacionar éstos de forma interesada al carácter supuestamente liberalizador del cambio experimentado, defendiendo así la vuelta de la gestión pública de los recursos públicos, como mejor y única opción. Pero esto no deja de ser propaganda y una manipulación en la que sólo caen los que profundizan poco en la cuestión.

Si la externalización se queda en eso, la mera transferencia de servicios públicos de unos gestores a otros, el destino manifiesto será que vuelvan a aparecer los males de lo público, como son el gasto desbocado, el racionamiento de recursos y la degradación de la prestación. Sólo si la externalización va acompañada de un rápido avance de la sanidad privada, esta sí, como sector del mercado encargado de ofertar servicios sanitarios a aquellos usuarios que, libremente, decidan suscribir pólizas de seguro con empresas estrictamente privadas, existirá una posibilidad de éxito para este modelo mixto. La razón de que esto sea así es tan sencilla como la que explica por qué es imposible el socialismo. Sin precios de mercado es imposible efectuar cálculo económico, y sin cálculo económico cualquier actividad productiva queda condenada al más estrepitoso fracaso. ¿Por qué no sabemos cuánto cuesta una sanidad de calidad? Fundamentalmente, porque no existen precios de mercado. El mercado, por definición, debe ser libre. Lo que ahora existe, pese a la multitud de empresas que ofrece seguros privados, o que presta servicios al cobijo del sector público, no cumple los requisitos que permiten hablar de la existencia de un mercado. Los beneficios que obtienen esas empresas dependen de la asignación presupuestaria, que a su vez depende de un cálculo de costes cuyo origen tampoco procede de mercados sectoriales. Es una cascada de números que falsean la realidad porque no son un reflejo de la misma. Ni las farmacéuticas operan en mercados libres, ni los proveedores de material e instrumental médico lo hacen, como tampoco los funcionarios que trabajan en la pública reciben salarios de mercado. De igual modo, las empresas privadas que prestan servicios para la pública, estiman su beneficio en base a unos costes que tampoco se corresponden con los precios que sí surgirían en un mercado libre, y siempre quedan al albur de la decisión política que establece la asignación presupuestaria por paciente.

Lo único evidente aquí es que los menos interesados en mejorar y salvar la sanidad pública son aquellos que se acantonan en un sistema que no funciona, que no puede pagarse, y que no aguanta en comparación con la privada en muchos elementos que contribuyen a la calidad del servicio sanitario. Los políticos han optado por una salida cortoplacista que les sirva para reducir el presupuesto del año siguiente. Lo que deberíamos exigir los ciudadanos es que este proceso, que a priori es una alternativa al desastre que ahora vivimos, no acabe reproduciendo sus mismos defectos. En este sentido la única opción es que el Estado retroceda, liberalice, permita la deducción de la prima del seguro privado en el irpf, para que el sector estrictamente privado crezca y cubra al mayor número posible de ciudadanos. De esa fuente surgirán las señales, los precios, las expectativas de beneficio, que sabrán guiar a las empresas que también presten sus servicios para la pública. Lo deseable es que, poco a poco, nadie que pueda permitirse un seguro privado, quede atrapado por la pública por culpa de impuestos y cotizaciones injustas. Que sólo aquellos que realmente lo necesiten, acudan a un servicio, el público, que ha de ser excepcional, complementario o de urgencia, pero nunca la base del sector sanitario. De seguir siéndolo, no habrá precios que nos guíen, y por esa razón, no habrá forma de calcular cuánto cuesta una sanidad de calidad sostenible y accesible para la mayoría de la población.

Saludos y Libertad!

Este país

febrero 5, 2013

Los políticos son un reflejo de lo que hay en la calle. Esto no les exculpa por los ilícitos que puedan cometer, pero sí nos sirve al resto como espejo en el que mirarnos y apreciar nuestras propias miserias.

Vivimos en un país donde la sanción, aún a sabiendas de haber cometido los hechos que la conllevan, trata de eludirse por todos los medios a nuestra alcance, incluida la mentira más descarada. Un país donde no ponemos el papelito del parquímetro con la esperanza de que no pase el agente, arriesgándonos incluso a abonar el recargo unido al pago inmediato. Un país donde el límite de velocidad existe en la medida que puedan pillarnos. Un país donde un programa de tertulia política vende anti radares de tráfico, que por otra parte, son tan legales como la multa por correr demasiado.

Vivimos en un país donde muchos profesionales acuerdan con sus clientes pagos, una parte con, y otra parte sin… Un país donde la gente se separa legalmente para que sus hijos ganen puntos y vayan a un determinado colegio. Vivimos en un país en el que hasta el más progre, factura por sociedades lo que procede de su trabajo personal. Donde quien puede hace bricolaje, cuando no ingeniería, con su declaración de la renta. Donde la escritura de compraventa de una vivienda de segunda mano, rara vez se firma por el precio real.

En España la gente se cuela en el metro, y se piden subvenciones de todo tipo a pesar de no necesitarse. En este país muchos profesionales constituyen sociedades mercantiles para eludir a sus acreedores. Ponen bienes a su nombre de su mujer y sus hijos, o crean sociedades civiles, para defraudar a clientes y proveedores. Vivimos en un país donde muchos empresarios abusan de sus trabajadores. Donde muchos trabajadores abusan de sus empleadores. Un país donde los sindicatos no persiguen el absentismo laboral. Un país donde todo el mundo sueña con ser funcionario porque creen que sólo así ganarán mucho por hacer más bien poco. Vivimos en un país donde la gente no llega a tiempo a sus citas, no paga o cumple en fecha sus compromisos, y la administración se retrasa meses, incluso años en hacer frente a las deudas contraídas con sus proveedores.

En España, cuando la cosa iba bien, se cobraba más de la cuenta por todo. Se cobraba por no hacer bien las cosas. Se construían imperios sobre la mentira y la desfachatez. Y cuando llegó la crisis, muchos de esos malos profesionales, que basaban su éxito en el engaño y la manipulación, desesperados por ver cómo la mayoría de sus clientes huían o quebraban, han pretendido mantener el mismo nivel de ingresos a costa de los pocos que le quedaban.

Esta es la España donde los Bárcenas, los Urdangarines, los Correas, los Pujol y los políticos que pululan por todas partes, se relacionan, participan en grandes tramas, o se pierden por cuatro trajes y un saco de confeti, se han forrado haciendo lo que muchos, muchísimos de sus conciudadanos han hecho, o habrían hecho si hubieran podido. Vender humo, facturar informes de una cara, copiados de internet, cobrar a 3.000,00 euros artículos de opinión que nadie leerá, sentarse a dirigir y aconsejar entidades o empresas para las que no se tiene ni talento ni formación.

Como sucede con los perros, que son como sus dueños, tenemos los políticos que nos merecemos. Y la corrupción y corruptelas que tanto nos indignan, no son sino un ejemplo hipertrofiado de lo que sucede en el día a día de muchos ciudadanos, que cada uno a su nivel, con más o con menos, reproducen esa misma picaresca y tendencia a la engañifa que son la seña de identidad de este país que llamamos España.

Saludos y Libertad!

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