SIN POLICIA NO HAY PARAISO

Piensan muchos.”!Un mal necesario!”Dirá la mayoría.

Coslada, mayo de 2008

Hoy, efectivamente, así es, esta policía, la que tenemos y padecemos es necesaria, no nos queda otra, la degeneración social que provoca “justifica” su presencia. Esta entrada pretende analizar sucintamente los elementos que caracterizan la función policial de nuestros días, bajo la égida de Estados intervencionistas, de acuerdo con una ordenación política, jurídica y social concreta.

Los tres puntos clave son la Autoridad de la que emanan las prerrogativas del agente, las competencias que tienen encargadas y la arbitrariedad de su acción.

1. La autoridad es sin duda uno de los temas más complejos pero indispensables de estudio. Muchas veces por obviarlo podemos incurrir en errores gravísimos de desarrollo teórico que impiden resultados óptimos en nuestras conclusiones. La autoridad se ejerce sobre un territorio concreto y todo aquel que circule por él. Sobre las propiedades y las personas, en un entorno donde en general abundan los espacios comunes. Esto no quiere decir que un mundo íntegramente de propietarios no públicos no existiría la autoridad. La autoridad nace de la puesta en común de aspectos o inquietudes, de cuestiones sobre los que existe una tendencia global a la práctica política. Obviar esta característica humana vicia los resultados de bastantes planteamientos híper racionalistas.

Aceptemos a efectos dialécticos que una comunidad habitante de un territorio pone en común concretos aspectos generando un cargo público para atenderlos. Este cargo requiere de autoridad para afrontar su mandato. La autoridad le concede cierta preeminencia sobre los particulares. El grado y la intensidad dependen de varios elementos que no vamos a tratar aquí.

La policía recibe su autoridad de la ley. Vaya, primer obstáculo. Los jueces también, en nuestro sistema actual. No hablamos de delimitación de facultades, hablamos de la entidad misma de su autoridad, su potestad concreta. En el caso de los jueces cada uno detenta el poder judicial, soberano (con los límites constitucionales y legales) sobre su jurisdicción y competencia. La policía por el contrario sirve a otras autoridades, que ordenan sus acciones en direcciones concretas, si bien es cierto en convivencia con el mandato legal. Es decir, la policía recibe órdenes; de quién? Jueces, Ministro del interior, delegado del gobierno o Alcaldes. Por el medio, los mandos policiales.

2. Vayamos al segundo punto, las competencias: en un Estado intervencionista la única forma que tiene la administración para hacer cumplir sus mandatos son los funcionarios públicos a su servicio. Estos, en la medida de su cargo y funciones, deben ostentar autoridad que les permita ejercer su posición de preeminencia y sus facultades coactivas. Todos son policías, en sentido estricto, la única diferencia es que los policías practican actos administrativos sobre el terreno y en auxilio del resto de funcionarios, también al servicio de los jueces, cuando hablamos de policía judicial. El policía compele al ciudadanos, ejerce la fuerza, practica las diligencias, sanciona, retiene, detiene, registra… todas las agresiones, legítimas o no, procedentes del Estado (todo él) son efectuadas vía policial.

En un Estado intervencionista, como hemos visto, las competencias son súper invasivas, el recurso a la policía es extremo, y por agilidad, muchas de ellas son directamente encargadas a los agentes. Esto sucede a nivel de tráfico, seguridad ciudadana y control de ordenanzas y bandos municipales. Todas las policías pueden descarriarse, todas están expuestas, por el control y las funciones que cumplen, a corromper su actuación. Pero sin duda la municipal goza de una capacidad excepcional para tejer tramas de corrupción, sibilinas y sostenibles, en muchos campos y aspectos, la infracción administrativa es muy jugosa.

3. Es aquí cuando saltamos a la idea de arbitrariedad. En teoría tanto la autoridad como la competencia policial proceden de la lectura rigurosa de la norma. El mando se ejerce dentro de su estructura y siempre conectada con cargos con legitimidad democrática o constitucional, como en el caso judicial. Los policías gozan de cierta discrecionalidad prevista, necesaria para dotar de eficacia a su labor. Pero esto se demuestra inútil dada la complejidad creciente del proceso social. La policía requiere de decisiones arbitrarias, alegales e incluso ilegales para poder realizar sus funciones. Esta realidad, terrible realidad, no es reconocida públicamente, pero se puede comprobar, en la impunidad de sus desmanes, en muchas ocasiones. Los excesos pocas veces saltan a los medios de comunicación o son perseguidos como procede. El policía chulo y arbitrario es el buen policía, digámoslo bien alto.

 

Con estas tres ideas claras en nada nos sorprenden los presuntos hechos de Coslada. La tendencia a la corrupción de todo funcionario público es directamente proporcional al nivel invasivo de las competencias que ejerce. La cuestión de la autoridad exige una reflexión por parte de los liberales. No puede negarse que si colocamos a un sujeto a controlar la seguridad y el cumplimiento de concretas normas frente al público en general, debe gozar de cierta preeminencia, puesto que de lo contrario sería un tercero más sirviendo al “bien común” con vocación y salario, pero nada más.

Las causas de lo que ha podido suceder en Coslada, de lo que ha sucedido en otras partes, y lo que seguramente esté sucediendo en toda España, son el intervencionismo y la cadena de mando u origen del mandato, es decir, la autoridad de la que emana la ordenación de la labor policial. Debemos dejar bien claro que es el Alcalde, en este caso, el único responsable político, y quién sabe si penal, de la trama descubierta. Es él la autoridad de la que depende el ejercicio de las funciones de la policía local.

Nuestra propuesta, de forma resumida, la elección directa de los mandos policiales territoriales en el caso o local, o la absoluta identificación del Alcalde con ese cargo, y por tanto, el voto directo. Hablamos de un pequeño parche sin cambiar el mundo en el que vivimos. Sin duda nuestra propuesta anti estatista iría más allá, concediendo autoridad al juez y al sheriff, votados directamente; autoridad que bajo su responsabilidad se trasladaría a agentes perfectamente identificados sobre cuyos actos se extendería por completo.

El desarrollo de esta idea exige un escrito mucho más riguroso y extenso…

Saludos y Libertad!