Objeción de conciencia: centrando el debate.

Pretendo matizar y dar coherencia a lo dicho hace meses en este blog, desde una perspectiva general.

El peor plan de un sábado por la noche: organizar una cena con amigos y acabar viendo el debate de la Noria (Telecinco). María Antonia Iglesias, Isabel Durán, Enric Sopena y Gómez Borrero (la “nuncia”). Tema: objeción de conciencia y métodos anticonceptivos. La disputa contribuyó a calentarme el coco y darle vueltas al tema. Es evidente que Sopena e Iglesias (harta de su apellido) soltaron sapos y culebras, hirvieron de rabia y les salió rabo y cuernecitos. Enric habla de talibanes, de fundamentalistas católicos, neocon, o yo qué sé… un auténtico energúmeno… arrogante y peligroso.

Pero no nos detengamos en su debate, torpe y sin argumentos. Lo suyo es escupir. Aquí pretendemos señalar algunos aspectos.

La definición más común de la Objeción de Conciencia se refiere a “la negativa del individuo, por razones de conciencia, a sujetarse a un comportamiento jurídicamente exigible tanto legal como contractual” (Navarro Valls y Martínez Torrón), o, según otros autores, “el derecho reconocido a la persona para incumplir un deber jurídico por motivos de conciencia”.

Ya dijimos que en España el único caso en el que estaba previsto era como oposición a la prestación del servicio militar (art 30.2 CE). El TC ha hecho referencia en varias ocasiones a que este derecho pertenece al ámbito del art.16, aunque se perfila como un derecho autónomo, distinto a la libertad religiosa o ideológica. Preferimos no ahondar más en aspectos jurídico formales y dar el paso hacia la explicación ética.

El hombre es libre, o así debería serlo. Esa es la farsa que nos presenta un estatismo constituido y con declaraciones de derechos, pero comprobamos demasiadas veces que tal libertad, como ausencia de coacción, queda tan encogida y regulada en tantos campos que no cabría afirmar su vigencia práctica. El Estado copa servicios clave como son la justicia, la defensa, la policía, pero también otros muchos defendidos como bienes públicos, ergo, de obligatoria prestación estatal. Esta circunstancia, este intrusismo genera colisiones entre la libertad individual y la sujeción impuesta de forma irresistible por la estructura de dominación.

El deber jurídico impuesto en el artículo 30 de defender España se despliega en un posible entrenamiento militar forzoso. No cabe resistencia alguna. La respuesta pacifista, las posiciones del catolicismo, y otras tendencias de conciencia, forzaron, no sólo en España, sino en gran parte del mundo “libre”, este reconocimiento de la objeción ante un deber irresistible por motivos de conciencia.

En el artículo 31, por ejemplo, se instituye otro deber constitucional: contribuir a los gastos públicos. Pagar armas para que las usen soldados se entiende fuera del ámbito de la objeción de conciencia comentada. Es decir, la propia Constitución excluye que un ciudadano pueda objetar ante el deber tributario alegando ese ejemplo, u otros, por estar en conciencia muy en desacuerdo con el destino que el Estado dará a sus impuestos. Qué Harían los Estados sin el deber tributario?

En el tema discutido burdamente en el debate mencionado se hablaba de la obligación legal del farmacéutico a dispensar condones. La Ley del medicamento obliga a las farmacias, que operan con concesión pública (no existen las farmacias privadas) a dispensar todo medicamento recetado por un médico, forzando incluso a tener un inventario nutrido con todo lo básico y más. Los condones se pueden vender en cualquier lado. Los medicamentos, estatismo mediante, no. Creo, y si hay alguna regulación al respecto que desconozca espero que quien sepa haga un comentario, que el farmacéutico dentro de las obligaciones impuestas dentro de su concesión no tiene ni vender cepillos de dientes, compresas, condones o pastillas para la tos. En el caso de la píldora, es evidente que es recetada como método anticonceptivo. En este caso estaríamos ante un debate más complicado: puede objetar el farmacéutico incumpliendo la obligación de dispensar aquello que sea previamente recetado por un facultativo?

Vayamos ahora a los médicos que prestan sus servicios en centros públicos y se niegan a practicar abortos permitidos legalmente o a recetar anticonceptivos permitidos por las autoridades sanitarias. En este caso opera la objeción de conciencia en un ámbito distinto. El facultativo ejerce libremente bajo los designios de un servicio público de salud. Nadie le obliga ser médico público, muy al contrario que a un español que por serlo pudiera exigírsele realizar el servicio militar. El médico se ha colocado en esa situación voluntariamente. Si no le gustan las directrices que marque su empleador puede dejar el puesto, nadie se lo impide. Podría ejercer en el ámbito privado, buscando la empresa más afín con su conciencia.

En el caso de las farmacias, ocurre algo parecido. Si se quiere ser farmacéutico en España sólo se puede ejercer previa concesión, y dentro de ella operan unas obligaciones y deberes. No hay libertad de acceso al mercado, y eso se sabe. De algún modo se sirve al Estado y es el Estado quien marca las características del servicio. Si se está en contra de la regulación, sencillamente, cuando no quiera dispensarse lo que sí venga con receta (la píldora, por ejemplo), se queda fuera, se falta al vínculo y por tanto, es “lícito” que el Estado expulse al objetor de la prestación de ese servicio.

Otro caso. La Educación. El Estado impone el currículo y los títulos, establece las pruebas y regula los contenidos. No cabe estudiar en casa (el tema se está moviendo), al menos no prescindiendo de los escalafones exigidos curricularmente. No se puede pretender títulos que no sean los reconocidos por el Estado. Si no se quiere cursar una asignatura, sea gimnasia (en el caso de musulmanas) o educación para la ciudadanía (cualquiera que tenga dos dedos de frente y no quiera que sus hijos sean todavía más adoctrinados), no cabe opción, el Estado puede impedir que se alcancen los títulos necesarios para seguir avanzando, para ir a la universidad, para acceder a plazas de funcionario, etc. No hay opción, no queda otra, en un sentido muy parecido al del servicio militar.

La discusión es compleja, pero concluyamos por ahora algunas ideas: cuando la exigibilidad es total, la situación de sujeción no es libremente adquirida y la acción estatal genera quebrantos como los vistos, opera con fuerza el derecho a objetar de conciencia. Muy al contrario, cuando la situación de sujeción es libre, como cuando se trabaja para cualquier empresa privada, si no cumplimos una orden, por muy contraria que sea a nuestra conciencia, nos pueden echar. AL echarnos no nos impide seguir con nuestras vidas, e incluso ejercer nuestra profesión (caso de los médicos, pero no de los farmacéuticos).

El problema, como siempre, es el intrusismo que admitimos por parte del Estado. Si las farmacias fueran privadas cada cual llevaría su negocio como quisiera y cada uno de nosotros acudiríamos donde mejor se adaptaran a nuestra demanda. Lo mismo con títulos y currículos públicos. Si la educación fuera totalmente privada (no hablo sólo de la propiedad del centro y la forma de pago) no existiría problema alguno de objeción. Cada uno elegiría el centro, los contenidos y los títulos que prefiriera con las razones que estimara oportunas.

El debate de la Noria es el ejemplo de cómo dos radicales incendiarios animados por el programa y sus reportajes (muchos de ellos inverosímiles) generan de la nada un hombre de paja al que atribuyen lo indecible como medio para descalificar y deslegitimar posiciones contrarias. Podemos coincidir en pensar algunas cosas sobre semejantes fundamentalistas. Es curioso que ellos sólo se fijen en el catolicismo ultramontano y no en el islam o la mayoría de los miembros del PCE, por ejemplo. Pero bueno, son libres de discriminar sus pasiones. Lo que no es tolerable es aguantar su vehemencia sin rebatirles con buenos argumentos. Lo suyo es el estatismo… la posición contraria debe ser, siempre, la liberal. Si se anda con medias tintas, con un quítate tú que me pongo yo… flaco favor le estaremos haciendo a la libertad.

Saludos!

Ampliación: Albert Esplugas responde a mi artículo advirtiendo cierta vaguedad en una de mis afirmaciones: “Si se está en contra de la regulación, sencillamente, cuando no quiera dispensarse lo que sí venga con receta (la píldora, por ejemplo), se queda fuera, se falta al vínculo y por tanto, es lícito que el Estado expulse al objetor de la prestación de ese servicio.”

Le doy la razón y respondo en su blog lo que sigue:

“Buenas Albert, creo que no me he explicado con suficiente claridad.

He tratado de distinguir entre dos tipos de objeción:

 La que se pretende contra un deber jurídico exigible en ámbitos indisponibles, o intensamente indisponibles, como es el caso de la prestación del servicio militar o el acatamiento del sistema educativo estatal (en cuanto a currículum y títulos oficiales).

Y la que se pretende contra un deber jurídico exigible por los poderes del Estado pero a partir de relaciones hasta cierto punto voluntarias, como pueda ser abrir o no abrir una farmacia, o ejercer como médico en un hospital público.

 

He utilizado “lícito” de forma errónea, lo admito. Ninguna de las acciones que el Estado ejerce como dominador arbitrario de los individuos que habitan su territorio son lícitas, por muy lícitos que pudieran parecernos sus fines. Al colar ese término el sentido de la afirmación ha perdido el contenido que quería darle.

 

Distingo entre los dos tipos de objeción, no porque una pueda considerarse superior o más legítima que la otra, sino porque dentro de lo que cabe la posición del objetor no procede de su condición ciudadana sino de una relación voluntaria. Es decir, la mejor objeción es no trabajar para el Estado, no aceptar concesiones del Estado. O hacerlo, asumir las consecuencias y mientras tanto tratar de remover lo que se considere injusto, pero nunca pretendiendo imponer sin consecuencias su objeción: el Estado es implacable. Si te fijas el proceso de aceptación de la objeción en casos de aborto fue velada y tácita, pero no ha sido reconocida con el rango debido. La lograda por los farmacéuticos está limitada con una cláusula de garantía, en el fondo se obliga, permitiendo excepciones siempre y cuando haya farmacias cercanas o accesibles. El Estado no hace concesiones, únicamente cálculos.

Defiendo, matizando mis palabras en el post que enlazo sobre las contradicciones de la objeción de conciencia, la identidad del tipo de objeción pretendida contra la asignatura de educación para la ciudadanía con la objeción de conciencia al antiguo servicio militar, reconocida en la constitución. Es más, considero que del propio texto constitucional, arts 27 y 18, se obtiene una interpretación favorable a mi posición que algunos jueces están aceptando.

 

Mi posición es profundamente antiestatista, por ello pretendía identificar los tipos de objeción, la intensidad, el ámbito y las fórmulas de contradicción. Admito que por el tono y algunas expresiones se haya podido entender algo distinto en algunos párrafos.

 

Un Saludo ALbert! J