Cuando el Estado dice no

Adolfo, español; Eddab, marroquí. Él, 68 años; ella, 19. Llevan 4 años luchando para que los estados, español o marroquí, les permitan contraer matrimonio. La diferencia de edad y la distinta nacionalidad de ambos hacen que salten las alarmas del posible matrimonio de conveniencia, y es entonces cuando se hace necesaria la arbitrariedad de un juez que decida si ambos se aman o no. En su caso, la balanza se ha inclinado hacia el no.

 

Es una situación límite, lo sé, pero demuestra que los supuestos derechos que concede el Estado a los individuos que contraen matrimonio son en realidad privilegios de los que se ven beneficiados únicamente aquellos a los que el Estado ve como dignos adjudicatarios de gozarlos. Hasta hace unos años estas eran las parejas compuestas por hombre y mujer, ahora el privilegio se ha extendido a las parejas del mismo sexo, pero siempre con el componente afectivo como telón de fondo, lo que convierte al juez o concejal en notario de lo que sucede o no bajo nuestras sábanas.

 

¿Quién puede afirmar si Adolfo y Eddab están enamorados o no? Y lo más importante, ¿a quién le importa si lo están o no? Desde este blog, se defiende el libre contrato entre individuos y se aboga porque el Estado deje de actuar como regulador y repartidor de derechos de convivencia. No consintamos que sea necesaria y vital la bendición de ningún juez, nadie nos pregunta si damos nuestro consentimiento a entregar parte de nuestras ganancias a las arcas de las Seguridad Social, y además, para que parte de ese dinero, reconvertido en pensión de viudedad, le sea concedida a la persona que nosotros queremos nos obligan a contraer matrimonio con ella. Es como un club al que te obligan a pagar la cuota pero que para beneficiarte de él tienes que cumplir unos requisitos, lo desquiciante es que aunque no los cumplas tienes que seguir pagando y no hay posibilidad de darse de baja.

 

El problema no son los derechos que concede, si no el hecho de que los conceda.