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Ese es el tope que impusieron los burócratas europeos a la publicidad televisiva, y que, evidentemente, en España, no se cumple. Por ello, asociaciones de anunciantes y de espectadores han escrito una queja a la vicepresidenta para que el Gobierno obligue a las televisiones a acatar el límite impuesto por Europa.

 

No deja de sorprenderme la absoluta dependencia que tenemos de nuestros gobernantes, hasta la más mínima insignificancia requiere de su intervención. Pero es que somos los propios ciudadanos los que alimentamos esa dependencia cuando delegamos en nuestros “representantes” la resolución de todo conflicto por mínimo que sea.

 

No hace falta que recalque mucho que el límite impuesto me parece una absurda e inútil intervención (¿cuál no lo es?). Las asociaciones de anunciantes afirman que la saturación publicitaria resta eficacia a sus campañas publicitarias, y seguramente tienen razón, pero es que resulta que son las televisiones las que posibilitan la emisión de sus anuncios, si siguen anunciándose en ellas es que valoran más lo que ganan con ello que el dinero invertido;  en el momento en que eso no sea así, que dejen de anunciarse en ella o que busquen otros medios distintos a la televisión para difundir sus campañas de forma más rentable y efectiva.

 

Los espectadores lo tenemos más fácil, con cambiar de canal o apagarla sería suficiente, ya aparecerían cadenas que destacasen por sus cortos periodos de publicidad. Ahora, mientras siga siendo necesario la concesión de licencias por parte de los Gobiernos, nacional o autonómicos, para poder emitir, las cadenas tendrán la sartén por el mango.

 

Lo mismo de siempre, una intervención nos lleva a otra, y mientras los ciudadanos que las sufrimos mendigando ayuda a los que los que nos crean el problema.

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