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Cese o disolución. Beneficios penales automáticos o excepcionalidad

octubre 22, 2011

¿Qué pasará ahora con el Título XXII del Código Penal  (Delitos contra el orden público), en concreto, con sus Capítulos VI y VII, respecto a ETA? Hablo de las conductas y actos delictivos realizados con anterioridad al 20-O, momento de la declaración institucional del cese definitivo de la actividad armada, y también de los que pudieran acontecer con posterioridad (previsiblemente nada sangriento, pero sí otras conductas tipificadas).

Los delitos de terrorismo y pertenencia a banda armada no van a ser derogados, así que en teoría seguirán siendo aplicables a los actos y conductas subsumibles en su tipificación. ¿Tiene alguna trascendencia que una banda armada declare públicamente que no va a volver a ejercer la violencia? Supongo que la entrega de las armas podría ser asimilada como el fin de la organización armada, como tal, al menos desde ese momento. Lo que habría que discutir entonces es si cabe o no aplicar, incluso retroactivamente, los tipos penales comunes, es decir, al margen de la especialidad de los artículos 572 y siguientes CP.

Si mañana se derogase el tipo penal del hurto, por poner un ejemplo, el imputado, e incluso el condenado por estos hechos, podría beneficiarse y no ser condenado por acciones que, cuando fueron cometidas, sí eran delito (artículo 2.2 del CP). Pero, ¿qué sucedería si se derogase el tipo penal del robo, pero no la del hurto? Lo razonable es que la ley más benigna, la del hurto, extendiera su aplicación sobre imputados y condenados por robo.

Lo que aquí sucede es que los delitos de terrorismo se mantendrán vigentes, salvo reforma que ampare el cese en la actividad como circunstancia atenuante, o incluso que entienda no aplicables estos tipos especiales de terrorismo para los que fueran miembros de la organización cesada o disuelta. Podría también suceder que hubiera fiscales y jueces dispuestos a realizar una interpretación laxa de la ley penal, y entender que para los casos en que ya no concurriese la cualidad “terrorista” en cierta organización, sus miembros se beneficiarían con la aplicación de tipos comunes para las conductas delictivas perpetradas. Y con esto hago referencia a prófugos, procesados y presos, sin distinción.

¿Qué sucedería entonces con los etarras perseguidos, procesados o condenados cuyo delito fuera exclusivamente de colaboración o pertenencia a banda armada, sin que su conducta pudiera hallar encaje en ningún tipo común del código? Estoy pensando en Otegui, por supuesto. Lo razonable, siguiendo la versión precedente, es que fuera inmediatamente liberado.

Resumiendo: bien a través de una reforma legal que prevea lo aquí expuesto para los casos de cese en la actividad armada, o bien mediante una interpretación laxa de las normas, existiría la posibilidad de que los etarras prófugos, procesados y condenados, recibieran beneficios aparentemente no excepcionales.

Conste que no soy un especialista en Derecho Penal. Simplemente trato de plantear un debate sobre lo que esté por venir. La cuestión ahora es si estos “beneficios” mecánicos/automáticos de la ley, incluso sin reforma, simplemente gracias a una interpretación laxa de la misma, proceden o no en caso de “cese” sin “disolución”, o fin de la “actividad armada” sin “entrega de las armas”, o por el contrario, son absurdos y no podrían darse en aplicación estricta de nuestro Derecho Penal.

Espero que algún penalista lea esto y enmiende mis errores ilustrándonos sobre las distintas posibilidades a corto/medio plazo.

25/10/2011 El TS anula la condena de 15 miembros de SEGI

Saludos y Libertad!

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  1. Xaviar permalink
    octubre 25, 2011 7:31 pm

    Así como comentario rápido, el supuesto de considerar a posteriori que la organización ha dejado de existir como organización terrorista no se podría aplicar al supuesto que se cometió antes de dejar de existir como tal. Igualmente, cuando se comete un delito en grupo, la agravante sigue persistiendo aunque después el grupo se disgregue. Es decir, es irrelevante, porque lo que se valora es el hecho delictivo y sus circunstancias, no hechos posteriores.

    Distinto es que la ley penal sea retroactiva respecto de los efectos favorables que pueda producir para los penados, por lo que una supuesta derogación de los tipos específicos mencionados supondría que se dejasen de aplicar con efectos retroactivos. Pero estos artículos difícilmente van a derogarse, porque siempre pueden llegar a ser útiles, y no sólo se aplicarían a ETA, sino también a una hipotética “Cosa Nostra” española. O por lo menos, yo no creo que se deroguen, y creo que sería un grave error hacerlo. Tanto como quitar la tipología del asesinato porque durante un mes no haya habido ninguno.

    Por cierto, respecto de la cuestión de si se aplicarían los tipos comunes, lo lógico es entender que sí. Si por ejemplo una agravante queda derogada o modificada, siempre se sigue aplicando el tipo básico.

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