Promover consultas sobre lo que se quiera, es legítimo y habitual. Circunscribirlas a un territorio, crear un censo y conceder al resultado efectos jurídico-políticos, constitucionales o lo que se prefiera, es tan iluso como factible: depende del impacto que tenga semejante convocatoria en la opinión pública que pretende comprometer.
Lo que parece inconsecuente es que desde el Estado, bien central, autonómico o municipal, se busque dotar de validez jurídico-formal a un referéndum para el que se carece de competencias o directamente contraviene el contenido material de la constitución. Esta parrafada se resume como sigue: un particular o cualquier asociación privada puede, si lo desea, consultar lo que prefiera, dónde y cómo lo estime conveniente. El resultado tendrá las consecuencias que sea, pero nunca adquirirá los efectos jurídicamente previstos para los referéndums tasados en la Constitución. Lo que parece peligroso y radical es que semejante ruptura se emprenda desde las instituciones
políticas del Estado, y no pueden sus dirigentes alarmarse porque se les aplique con rigurosidad las normas vigentes al efecto.
Soy partidario de que cada cual decida hacer el ridículo como prefiera. Ibarretxe se convirtió en un sedicioso absurdo buscando consultar a todos los vascos (todos todos, no, faltan muchos muertos y exiliados) sobre el futuro político de la región. Pero aprendió y supo recular en cierto modo: sus dos preguntas no fueron en ningún caso contradictorias con el espíritu y las convicciones de Zapatero y su gobierno. De este modo, si Ibarretxe tentaba con la sedición Zapatero venía practicándola desde que ocupó La Moncloa.
Si el alcalde de Arenys de Munt quiere hacer el ridículo, adelante, pero cuidado con la fiscalía, porque es lo que procede. Si le apetece preguntar a sus conciudadanos sobre la independencia de toda Cataluña (es común entre los radicales aspirar a la extensión de sus ideales sobre el resto de los que considera miembros de sus fantasías colectivistas). Si del referéndum, ilegal y criminal, saliera un sí, su impacto no sería sino propagandístico, breve y poco más. Para que estas cosas prosperen no vale con medidas entusiastas y grandilocuentes. Si se quiere tomar la temperatura de los catalanes sobre una eventual independencia del Estado español, no creo que realizar consultas desde las instituciones sea el método más efectivo.
Convocar manifestaciones desde asociaciones privadas, encabezadas por presidentes del Barsa y demás barrabasadas, puede que alcance cierta repercusión en los medios pero dudo que logre movilizar y cambiar el espíritu de la masa crítica y activista indispensable para precipitar cambios políticos tan radicales como sería una secesión. Tampoco es posible adecuar la opinión mayoritaria de la población a los deseos colectivistas de algunos concienciados mediando imposición y adoctrinamiento (al menos no a corto plazo). Se trata de un proceso arduo y muy duradero, de ingeniería fina y contenida. Los estruendos como la movida del Estatuto y el previsible conato de revuelta si llegase una sentencia adversa desde el TC, no sirven de nada, todo lo contrario, frenan los esfuerzos y dilapidan lo ya conseguido.
Resumiendo: calentar desde las instituciones es inútil, delictivo e radical. Calentar desde la sociedad civil, como dicen algunos, no deja de ser un legítimo intento de toma de temperatura, pero con efectos contraproducentes, pudiendo desandar camino y promover un desasosiego que, en periodos de paz, cierta libertad, prosperidad y extensión de la propiedad privada, resulta letal para todo programa independentista como el catalán.
Cataluña es lo que es, es España, guste o no a algunos, por aquiescencia sostenida de la mayoría de los catalanes, con o sin referéndum, Diada o manifestación.
Saludos y Libertad!











su confirmación es hecho fundante y básico de las relaciones institucionales y competenciales entre lo que el discurso nacionalista considera “España” y la Nación catalana.
convocar semejante desafío político. Es una las motivaciones aparentes del artículo que comento: contener la utilización partidista que pudiera hacerse del conflicto planteado, de inminente resolución, concentrando en cierto pacto político e institucional entre fuerzas nacionalistas catalanas, como mejor garantía de “afirmación”. Algo similar a lo que sucediera en 1934, pero en un contexto bien distinto y con mayores expectativas de éxito.
Generalidad: el pacto de financiación autonómica, lejos de traducir las posibilidades previstas en la Carta Magna, corrigiendo los defectos del modelo vigente, es, y de eso no hay duda, la transposición en legislación estatal de lo que ya recoge el estatuto catalán, es decir, una suerte de imperialismo catalanista capaz de condicionar la financiación de todo el Estado (incluidas el resto de CC.AA) ante los intereses del constructivismo nacionalista catalán (reconocido abiertamente en el título del artículo discutido en este post).
manejando criterios demográficos o de su contribución al PIB general. Unas cantidades que el Gobierno se niega a justificar y únicamente razona como la mejor forma de hacer que los catalanes “se sientan cómodos” en el nuevo sistema.
España.


La Cataluña del Progreso es la Cataluña del rencor, la Cataluña que se considera expoliada, apadrinadora de pobres manchegos, extremeños, andaluces y gallegos, el norte rico y civilizado, ahorrador y consciente, sometido al mangoneo del sur brutote y pedigüeño. La Cataluña del progreso reclamaba una nueva consideración, quería que el Estado la considerase Nación (y parece que finalmente el TC va admitir el absurdo), quería nuevo Estatuto, y lo que es más importante, nueva financiación.

La 
puede considerarse como prueba y error del estatismo hispano, trasnochado, sui generis e inconsistente.






