El TC filtra que el Estatut, al menos en sus puntos más publicitados, le parece inconstitucional. Digo “le parece” porque a nadie se le escapa que el Estatut rompe con el régimen constitucional vigente, no solo en los aspectos más polémicos, como es el término Nación (discutido y discutible) o la obligatoriedad del Catalán, sino también en otras materias que, dada la tormenta política y mediática, han pasado casi inadvertidas. Hasta dos tercios del Estatut colisiona frontalmente con las previsiones constitucionales, incluso si éstas fueran interpretadas de la forma más laxa concebible.
El catalanismo, en realidad, no aspira a otra cosa que a definir Cataluña con idéntica consideración que merece España y la Nación española en la CE de 1978. Es una pretensión legítima, pero contraviene el régimen político vigente. Lo grave no es que el Catalanismo sueñe con la independencia, ni siquiera que se convoquen referéndums extraoficiales muestreando una opinión pública favorable. Lo realmente alarmante es que desde el gobierno de España se haya impulsado la aprobación por las Cortes de un texto manifiestamente inconstitucional. Años de aplicación, una fuerte propaganda dentro de Cataluña, pero también en el resto de España, complican la labor del TC, maniatado, dividido y enfrentado. A pesar de todo parece que la cordura estimula a la mayoría de sus miembros. Cordura y rigor, porque su función, como garante de la constitución, no es acomodar el texto de 1978 a las exigencias políticas del momento, sino defenderlo e interpretarlo sin contravenir sus principios fundamentales. Lo que suceda después, poco debería importarles. Lo que sucede es que en España la separación de poderes no existe, la política lo impregna todo y el gobierno, casi peor que en una dictadura, marca el ritmo y el talante de todas las instituciones relevantes. Sucedió durante la negociación con ETA, proliferando los jueces dormidos, prácticamente concomitantes. El TC, sometido a presiones y vaivenes, estrategias varias de placaje y derribo, no ha sido capaz de dictar una sentencia rápida y completa.
Si el catalanismo tuviera razón y Cataluña fuera Nación (asunto que no voy a discutir aquí), fuera de un plano meramente constitucional, su posición, como aspiración razonada, sería tan legítima como la resistencia españolista en la reivindicación de España como Nación única. Los catalanistas reproducen el mismo pensamiento, sin aceptar posibles secesiones internas, una vez alcanzada su ansiada independencia. Si Gerona, Lérida, este o aquel valle, ciudad o comarca, decidieran singularizarse frente al resto de Cataluña, proclamando su derecho a la secesión, el catalanismo reaccionaría de inmediato. La cuestión es que algunos no han llegado a entender, desde Madrid o desde Barcelona, que el problema de los pueblos y la libertad de los individuos, no radica en tener o no tener Estado (al menos no en la Europa presente), sino en que el Estado que los domine mengue hasta desaparecer, si fuera posible.
El catalanismo es fascista, y de eso no hay duda. El españolismo sencillamente parte de hechos consumados. Si se diera una situación de especial tensión, por ejemplo, con un Estatut inconstitucionalizado, proliferación de consultas independentistas, y todos los partidos del Parlamento catalán (menos el PP y Ciudadanos) a favor de la secesión, el españolismo brotaría como expresión genuinamente fascista. Sería entonces cuando España y los españoles sufrirían un conflicto abierto entre facciones irreconciliables, ambas luchando por un Estado, ambas desde planteamientos colectivistas y totalitarios.
Tensionar sale gratis cuando la mayoría no está por el enfrentamiento. De eso vive la izquierda, y también el nacionalismo. La dificultad que ahora se nos presenta es que de la tensión se ha pasado al conflicto institucional, filtrando en el núcleo duro del constitucionalismo español, un virus estatutario, un texto tumoral, que si estallará, afectaría de tal modo al orden político y jurídico de España, que el orden social quedaría roto para siempre.
La responsabilidad es múltiple y concurrente: primero, el catalanismo, por reivindicar un Estado a imagen y semejanza de otro (el Español) que en absoluto representa una amenaza real contra los catalanes y sus intereses (muy al contrario); segundo, del PSOE y de Zapatero, por haber asumido el victimismo catalanista, y de ahí, apoyado la aprobación del Estatut. Pese a la claridad con la que podemos identificar a los culpables, serán los que reaccionen quienes se lleven la “culpabilidad histórica”. En mi opinión, llegado el conflicto, todos serán protagonistas de la infamia, sin que la generalización de la culpa nos impida apreciar el verdadero discurrir de los hechos que condujeron al eventual estallido.
Fue Lord Acton quien prefirió Estados plurinacionales, no por una frívola visión colectivista, sino por la capacidad que tendría esta realidad plurinacional de frenar el poder central. El federalismo, concebido desde posiciones liberales, ahonda en esta impresión. Viendo cómo han acabado los Estados plurinacionales, poca confianza debería despertar tal sugerencia. En realidad, el pluralismo o el federalismo de Acton y otros tantos liberales, incluidos los defensores del conocido como “nacionalismo liberal”, va más encaminado a regímenes políticos menos colectivizados, menos estatistas, incluidos en órdenes sociales de carácter profundamente individualista y abierto.
El nacionalismo, como exaltación de lo particular, no deja de ser una expresión atávica contraria al requisito principal de la sociedad extensa y dinámica, solo posible gracias al libre mercado y el individualismo: el cosmopolitismo.
Lo que suceda con el Estatuto catalán, con toda seguridad, impregnará los próximos años de desasosiego e inestabilidad política. El Estado español se tambaleará, pero merced del avance de la libertad individual, sino como efecto de su descomposición en Estados particulares, más fieros y extensos que él. Este resultado es el que debe preocuparnos a los liberales. La libertad de los catalanes está hoy más amenazada que nunca.
Saludos y Libertad!











políticas del Estado, y no pueden sus dirigentes alarmarse porque se les aplique con rigurosidad las normas vigentes al efecto.
su confirmación es hecho fundante y básico de las relaciones institucionales y competenciales entre lo que el discurso nacionalista considera “España” y la Nación catalana.
convocar semejante desafío político. Es una las motivaciones aparentes del artículo que comento: contener la utilización partidista que pudiera hacerse del conflicto planteado, de inminente resolución, concentrando en cierto pacto político e institucional entre fuerzas nacionalistas catalanas, como mejor garantía de “afirmación”. Algo similar a lo que sucediera en 1934, pero en un contexto bien distinto y con mayores expectativas de éxito.
Generalidad: el pacto de financiación autonómica, lejos de traducir las posibilidades previstas en la Carta Magna, corrigiendo los defectos del modelo vigente, es, y de eso no hay duda, la transposición en legislación estatal de lo que ya recoge el estatuto catalán, es decir, una suerte de imperialismo catalanista capaz de condicionar la financiación de todo el Estado (incluidas el resto de CC.AA) ante los intereses del constructivismo nacionalista catalán (reconocido abiertamente en el título del artículo discutido en este post).
manejando criterios demográficos o de su contribución al PIB general. Unas cantidades que el Gobierno se niega a justificar y únicamente razona como la mejor forma de hacer que los catalanes “se sientan cómodos” en el nuevo sistema.
España.


La Cataluña del Progreso es la Cataluña del rencor, la Cataluña que se considera expoliada, apadrinadora de pobres manchegos, extremeños, andaluces y gallegos, el norte rico y civilizado, ahorrador y consciente, sometido al mangoneo del sur brutote y pedigüeño. La Cataluña del progreso reclamaba una nueva consideración, quería que el Estado la considerase Nación (y parece que finalmente el TC va admitir el absurdo), quería nuevo Estatuto, y lo que es más importante, nueva financiación.

La 
puede considerarse como prueba y error del estatismo hispano, trasnochado, sui generis e inconsistente.




