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Nieve en los Juzgados

enero 13, 2009

Mientras una nube de copos se desploma sobre Madrid, la polémica en cuanto al anunciado parón, y más que probable huelga de jueces, arrecia en las tertulias y portadas de diarios nacionales. El gobierno y sus esbirros mediáticos pretenden convertir esta “insubordinación” en un aislado ejemplo de malestar de la judicatura por el caso Tirado, ese señor juez por cuyo olvido o negligencia aquel pedófilo de Huelva estuvo libre justito para liquidar a la pobre Mari Luz. Como el fallo es muy común, aunque la mayoría de las veces, menos inoportuno, no hubiera esto bien, y así lo entendió el COGPJ, convertir a Tirado en el chivo expiatorio de lo que sí podríamos denominar el guirigay judicial.

Bermejo, que es muy pillo, canta y toca el bajo o la guitarra, con la ayuda de El País y la estulticia de casi todos los medios (van a corriente), se aferran al comentario dejado por Tirado en un foro de internet, proclamando su adhesión entusiasta al movimiento huelguista que amenaza con colapsar (recolapsar) los juzgados y tribunales del Estado.

Lo que realmente le fastidia al gobierno es tenerse que enfrentar con el inaudito acuerdo de todas las asociaciones de jueces y magistrados (no pueden sindicarse) de tomar medidas de “presión”, incluso de paro. No lo llamemos huelga porque aquellos, esos funcionarios con la etiqueta vieja y solemne de jueces y magistrados, no tiene el privilegio a la huelga.

Si lo tienen los pilotos, los controladores, los operarios del ferrocarril, los transportistas, los médicos o enfermeras. La huelga, como ya vimos, es el privilegio más descontrolado e indiscriminado con el que nuestro texto constitucional ha brindado a grupos de presión, colectivos y gremios, incluso sirve de excusa para tratar de paralizar el País de la mano de los sindicatos como forma de presión coactiva al gobierno. Huelgas de celo, huelgas políticas, huelgas porqué sí. Dichoso privilegio por el que quien toma la decisión de presionar no pierda apenas nada, o mejor, lo fundamental: no arriesga su posición, su puesto de trabajo, sino todo lo contrario, en base a esa coraza adquiere la capacidad de coacción más grave y privilegiada que el ordenamiento jurídico de los países occidentales concede a sus ciudadanos. Unos pierden y otros ganan, unos disfrutan del privilegio y otros lo padecen, al margen de que las relaciones sean voluntarias, de que no exista el derecho ni la obligación de trabajar para, de mantenerse en un situación contractual que desagrada… La huelga es el arma de consecuencias más terribles con la que el socialismo y el corporativismo (fascista o no) ha coronado nuestros órdenes sociales estatizados.

Los jueces reclaman lo que formalmente no les corresponde. Pero, qué más da! Aquí las leyes del Estado sirven para lo que sirven: primero para imponer regulaciones insostenibles e ineficientes, segundo para colapsar los juzgados, y tercer para indisciplinar a los ciudadanos llevándonos a la más absoluta e insoportable irresponsabilidad. Los jueces piden cambios legislativos, más financiación, más medios, salario y mejores condiciones laborales. Los jueces piden ser todavía más, unos funcionarios al cobijo del Estado. Cuando siendo coherentes con el indispensable papel que cumplen en el orden social deberían aspirar a todo lo contrario. La independencia judicial exige que el Estado sea ajeno como lo somos el resto de intervinientes. Rompiendo el principio estatista por el que todos los poderes públicos quedan englobados en él, despertando del sueño de la división de poderes o el maltrecho concepto de Estado de Derecho, los ciudadanos seríamos más libres, y más independientes nuestros jueces y magistrados, si su autoridad manara de una fuente ajena al Estado. Siendo sus funcionarios, pese a la resistencia de concretas características que siguen haciéndolos parecidos a aquellos jueces tradicionales que sirvieron al orden social de manera extraordinaria, la corrupción no puede sino alcanzar las dimensiones actuales. Como servicio público estatizado, como brazo más del poder del Estado, insertos en su estructura, condenados a aplicar su normativa como si fuera Derecho, a reconocer el inmerecido privilegio de suplantar con su legislación aquellas normas de conducta que sí son la base del proceso social libre… los jueces y magistrados no brillan por su rebeldía ni merecen apoyo o complacencia. Su pretensión es corporativista y los frutos que alcancen no redundarán en una mejor y más eficiente justicia, sino en un entramado de privilegios más favorable para su situación personal y colectiva.

Saludos y Libertad!

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