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Los Jueces no tienen el Privilegio a la Huelga

enero 22, 2009

Parece una obviedad que no se le escapa ni a un estudiante de primero de Derecho. Muchos querrán ver la posibilidad y recurrirán a todo tipo de argumentos y fechorías intelectuales, pero como bien dice Liaño en Libertad Digital, los Jueces y Magistrados son un Poder del Estado en sí mismos. Son Independientes e inamovibles salvo por las causas previstas en la ley. Ejercen jurisdicción, personal o colegiadamente, de acuerdo con la competencia funcional, material y territorial, prevista en las leyes. Son Poder como Poder son las Cámaras de representantes o el Presidente del Gobierno y su consejo de Ministros. Es más, tal y como establece la Constitución, la justicia, como todo poder público, formalmente emana del pueblo, y se administra por jueces y magistrados en nombre del Rey.

Esta sucinta descripción del orden constitucional vigente no debe confundirnos en exceso. Desgraciadamente el estatismo va dejando cadáveres en su camino de destrucción de las libertades públicas y naturales del Hombre. La primera víctima, la más importante, son los jueces y magistrados. En nuestro actual Estado de Derecho los jueces, pese a seguir siendo formalmente titulares del poder jurisdiccional independiente, son meros funcionarios a sueldo del Estado. Al final quien les paga es el gobierno y son los mandatos emitidos por las Cortes o el Ejecutivo lo que tienen que cumplir con cada vez menos espacio para la justicia. Justicia social, ese desecho conceptual que trata de enmascarar la perversión dirigista, socialista en cuanto a la ingenua pero dañina pretensión de garantizar ciertos y arbitrarios resultados en el proceso social. Los jueces, tristemente, son los burócratas que consolidan en casos conflictivos extremos la égida del inflacionismo legislativo, la corrupción del Derecho libre y la perenne lucha por imponer trazas organizacionales suplantando el orden social y la libertad individual que lo hacen posible.

Los jueces se quejan porque ganan poco para todo lo que hacen. Se quejan porque siguen con medios y formas procesales propias del siglo XIX. Se quejan porque no para de crecer la litogosidad… El colapso judicial resulta inevitable dado el intervencionismo que padecemos. Por muchos juzgados que se abran la tendencia es a desangrar el servicio con nuevos conflictos, generados en su mayoría por el exceso legislativo, por la ya mencionada pretensión de suplantar el orden por la imposible organización social de expectativas tasadas y previstas. Esto deviene irrealizable y las consecuencias no queridas disparan el recurso a la jurisdicción. Abogados que no saben Derecho pero si legislación, intermediarios entre el exceso y los intereses legítimos o espurios de los ciudadanos.

Los jueces pretenden reivindicar sus aspiraciones recurriendo a un privilegio que constitucionalmente solo está previsto para empleados, trabajadores que al margen de sus contratos libremente convenidos, son dotados de la fuerza coactiva de parar en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales sin que la otra parte, el empresario, pueda rescindir el vínculo como razonablemente debería poder hacer. Ese privilegio se funda en la presunta desproporción entre las partes, el carácter tuitivo con que el Estado premia al movimiento sindical (corporación de trabajadores en perjuicio de quienes quieren acceder al mercado laboral y se topan con las barreras levantadas por aquellos).

Los jueces podrán fundar corporación o actuar como sí, pero no pueden sindicarse porque constitucionalmente no se entiende contra quién. Ellos lo tienen claro: contra quien les paga y contra quienes establecen la regulación de sus funciones o las leyes imposibles que deben acatar y hacer cumplir. Si obviamos una parte y nos quedamos con esta, obviamente, al igual que todo funcionario que cumple sus quehaceres por orden de un superior que le emplea como medio para sus fines, los jueces y magistrados deberían poder acceder al privilegio que el artículo 28.2 prevé para todo trabajador por cuenta ajena. Pero entra en juego el absurdo, la reliquia del pasado que se empeña en resistir aunque sea en la formalidad constitucional. Los jueces y magistrados son poder, independiente!, equivalente por tanto a Ejecutivo o legislativo. Tendría tan poco sentido que aquellos se pusieran en huelga como que estos gozaran de semejante privilegio.

Celebro el debate, aunque temo que la revisión no llegará hasta tanto. En qué se han convertido nuestros jueces, dónde ha quedado su independencia. ¿Puede considerárseles magistraturas autónomas y potestatarias, o meros resortes de un Estado Partidocrático gobernado desde Moncloa? ¿Podemos asumir por fin que nuestros jueces y magistrados son, y no debería sorprender lo que digo, similares a esos funcionarios que hacían cumplir la legislación del régimen soviético?

Algo queda, pero es tan ligero y tímido el resquicio de Juez tradicional, que tan apropiado es afirmar una cosa que la contraria.

Saludos y Libertad!

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2 comentarios leave one →
  1. enero 22, 2009 11:37 pm

    “Se quejan porque siguen con medios y formas procesales propias del siglo XIX.”

    Lamentablemente, sólo quieren mover los hábitos y formas del siglo XIX que les perjudican, y nisiquiera eso: no quieren cambiar el proceso medieval, quieren que lo medieval del proceso sea el pretexto para aumentar el número de jueces. Los otros, toda esa colección de antigüedades del pasado que todo aspirante a futuro juez conoce muy bien (y traga, que remedio, no queda otra), esas antiguallas nepotistas y restos de oscurantismo que rodean su posición, esas nunca las denuncian. Qué curioso, ¿no?

    Saludos desde el banquillo,
    Anonimus

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