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Estado de excepción II

febrero 18, 2009

Ilegalización de las candidaturas de la izquierda abertzale: lo que sucede en este país no tiene nombre. Hemos pasado de las medias tintas a la ilegalización más o menos justificada, y de ahí, a la total arbitrariedad. El Gobierno, la fiscalía y el juez Baltasar Garzón juegan con la norma a su antojo. Deciden cuando conviene que una formación política o plataforma de electores tenga derecho a presentarse a unos comicios y cuando no. La discrecionalidad y el cálculo de intereses, al margen del principio de legalidad y las garantías constitucionales, resulta tan escandaloso que abochorna a cualquier defensor de la libertad.

La ley orgánica 6/2002, de Partidos políticos, fija (buscando mayor certeza y concreción que en la anterior regulación) causas tasadas para instar la disolución de un partido (artículo 10): cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el CP o cuando reitere conductas previstas por el artículo 9 de la ley de partidos: todo gira en torno a unos indefinidos “principios democráticos”, “régimen de libertades”, y se concreta en conductas como la justificación o “exculpación” de atentados contra la vida o la integridad de las personas (nada dice de la propiedad, vaya por Dios), legitimar el uso de la violencia, “complementar o apoyar políticamente” la acción terrorista, subvertir el orden constitucional, amparar un clima de terror, intimidación etc., apoyar explícitamente el terrorismo, minimizar sus crímenes, ejercer coerción sobre las víctimas del terrorismo, incluir en sus listas y órganos a personas condenas por delitos de terrorismo, tener afiliados que militen en grupos terroristas, dar amparo institucional a los terroristas, apoyar a organizaciones afines, homenajear a terroristas…

Garzón se encarga de suspender cautelarmente las actividades de las formaciones ilegalizadas imputándoles un delito de asociación ilícita. Este concubinato judicial y político tiene efectos fulminantes. La ley no da lugar a interpretaciones contradictorias, su definición es estricta y precisa, cosa que no sucedía con la anterior regulación. Está diseñada a la perfección para disolver cualquier formación y privar de sus derechos constitucionales a sus miembros siempre que “suene” a ETA.

Zapatero instauró el Estado de excepción permitiendo que el PCTV entrara en el parlamento vasco en la legislatura que ahora termina. Preparando su negociación política con los terroristas, en ese caso, ni el gobierno, ni la fiscalía ni la Audiencia Nacional, quisieron ver lo evidente. Inmerso en la negociación, a pesar del atentado de Barajas, con la esperanza de que todo el invento no se le fuera al traste, de nuevo Zapatero fue el responsable de servir en bandeja a los terroristas aquellos ayuntamientos que más les interesaban y donde mejores resultados obtendrían. El esperpento fue tal que solo se insto la suspensión de la mitad de las candidaturas presentadas por ANV. Ni se pidió su ilegalización, ni se apreció lo mismo que ahora se percibe con pasmosa nitidez. El Tribunal Supremo quedó noqueado ante el uso perverso del gobierno de las bazas legales a su disposición.

Ahora estamos en otro escenario. De la excepcionalidad pasamos a la rotunda aplicación de una ley de dudosa constitucionalidad, y por qué no decirlo, de dudosa coherencia y justicia. Los españoles tienen derecho de sufragio activo y pasivo. Cuando no medie condena judicial firme, pertenencia a banda armada, inclusión en formaciones que financian y colaboran directa o indirectamente con grupos terroristas, no tiene sentido privar a nadie de su derecho a presentarse a unas elecciones. Llevando la lógica invasiva y liberticida hasta el absurdo quizá fuera más efectivo negarle a todo aquel que hubiera votado en más de dos ocasiones a alguna formación disuelta por pertenecer al entorno etarra (garzonada memorable) el derecho al sufragio activo… Pero no conviene a nadie, y seguramente el PNV entraría en cólera perdiendo su oportunidad de atraer para sí el voto filoterrorista.

El Estado de excepción tiene dos caras: por un lado, un gobierno que juega con la ley  gradúa la intensidad de su aplicación (“la Ley es elástica” C.O.), y por otro, un consenso entre las dos formaciones mayoritarias sobre el contenido de una ley tan específica y concreta que pierde por completo cualquier referencia de Ley tradicional. Es una ley hecha para bloquear el mundo abertzle, introducir la arbitrariedad con refrendo formal, privar de sus derechos a gentes que aun siendo moralmente despreciables, no han sido condenados por ningún delito.

Batasuna es ETA, el Egunkaria era ETA (o eso se dijo), ANV es ETA, PCTV es ETA, pero no porque compartan este o aquel principio u objetivo político, sino porque su estructura organizacional, levantado el pertinente velo, se demostró integrada en la formación terrorista ETA, porque financiaban ETA y muchos de sus miembros eran de ETA. En eso la ley acierta, aunque no fuera indispensable la precisión.

La izquierda abertzle ha puesto a prueba al Estado, a sabiendas de que sus dos candidaturas serían ilegalizadas. Una sucia, con la ley en la mano, y otra limpia. Esta última buscaba exclusivamente poner de manifiesto la injusticia y la arbitrariedad del Estado; y lo ha conseguido. A ETA se la destroza policial y judicialmente, con leyes justas y proporcionales (cadena perpetua, por ejemplo), e impidiendo que sus tentáculos se extiendan dentro de las instituciones y administraciones a través de testaferros. Esto no permite que el gobierno tenga la arbitraria capacidad de jugar con el contenido de normas que vulneran principios fundamentales.

Saludos y Libertad!

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5 comentarios leave one →
  1. Matritensis permalink
    febrero 18, 2009 11:45 am

    ¡Menudo Guantánamo electoral que están montando! lo que no entiendo cómo no han ilegalizado el PNV siendo uno de los partidos políticos más fascistas de Europa.

  2. febrero 18, 2009 12:03 pm

    Hombre, no más fascista que otros, pero miserable como él solo. No es tanto un Guantánamo electoral como un ejemplo de lo que es capaz un sistema partidocrático que se llama a sí mismo democráctico… Así de triste.

  3. Bayer permalink
    febrero 18, 2009 1:49 pm

    El PNV es el único partido fascista (con todo lo que ello representa)y racista que queda en Europa. Antes de empezar a ilegalizar a los partidos etarras y proetarras deberían investigar las interconexiones que hay entre determinadas instituciones y el “mantenimiento” de eta, son más de 30 años y seguimos siendo compañeros inseparables de eta en esta denominada “democracia”. Nadie se pregunta como es que España es el único país occidental que aún cuenta con una organización terrorista? Todos los demás países occidentales han acabado con el terrorismo. Como ciudadano tengo que decir, con mucha tristeza, que no existe voluntad política para acabar con ETA.
    La misma Constitución brinda las herramientas para hacerlo, pero ningún gobierno hace nada. Esto empieza a oler mal….

  4. febrero 18, 2009 3:10 pm

    El problema es cuando se hace una Ley de Partidos (esa orgánica 6/2002 qye siempre fue criticada por Zapatero como lider de la oposición) que es estúpida (con perdón). Pero no hay que olvidar la presión mediática y política que le hicieron a ZP para que la aplicase, Y acabó pasando por el aro, porque eso es más fácil que explicarle a los ciudadanos porque esa Ley sólo puede ser calificada de estúpida, y de estúpidos quienes la redactaron.

    Y ahora pasan estas cosas. ¿Hasta cuando seguiremos viviendo las consecuencias de la estupidez (con perdón) política del ex-presidente?

    Por cierto, tengo un post antiguo sobre esa ley. Para que podais despellejarme con conocimiento de causa 🙂

    http://anonimusiv.blogspot.com/2008/12/jugar-al-gato-y-al-ratn.html

    Saludos ilegalizados,
    Uno y Trino

Trackbacks

  1. Ilegal, no entonces, sí ahora « LA LIBERTAD Y LA LEY

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