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Las Opciones del Gobierno: Justicia y gasto público

febrero 19, 2009

Que el funcionamiento de la Justicia en este país es manifiestamente mejorable, es un hecho. Que muchos jueces acuden cada día a su despacho con la desesperación de ver como los asuntos pendientes lo colapsan, vician y dejan impracticable, es cierto.

El Poder Judicial de un Estado intervencionista, víctima culpable del inflacionismo legislativo que le impele su propia naturaleza, tiende a convertirse en un mero resorte de las políticas públicas e intentos por transformar la sociedad de sus dirigentes. Por suerte resiste el espíritu tradicional del juez que descubre normas generales y abstractas para su aplicación en el caso concreto.

El juez que hace del Derecho una institución dinámica, eficiente y adaptativa. Por desgracia pesa más el intrusismo intervencionista, con especial intensidad en el ámbito jurídico (una vez apropiado el uso de la violencia, después viene el Derecho, más tarde la propiedad, y por fin, la libertad misma de sus súbditos).

Zapatero se enfrenta a la primera huelga de jueces de la historia. Ya dijimos que su situación es confusa, que en sentido estricto no debieran tener semejante privilegio: los jueces, por denominación constitucional, son poder del Estado, no simples funcionarios. Desgraciadamente sus rentas y medios dependen del ministerio o las consejerías de justicia. Las leyes procesales que aplican son diseñadas por el Legislativo. ¿Contra quién si no iban a parar y presionar?

En tiempos de crisis los políticos optan por tomar las riendas y demostrar sus virtudes planificadoras. Deciden sobre ingentes cantidades de dinero que quitan o expolian en un lugar, para volcar con desenfreno en otro. Estas decisiones, para las que creen disponer de la mejor información y el juicio adecuado, añaden perturbación dislocando preferencias, impidiendo reajustes y prolongando, normalmente, la extensión temporal de la crisis.

Es lógico que un sistema bancario intervenido y planificado sufra la intervención desesperada del gobierno cuando el entramado en quiebra perpetua pierde ese equilibrio inestable propio del expansionismo sostenido. Otra cosa es la manera en que se salve a los agentes privados que, privilegiados por el Estado, participan del interés de aquel por mantener un volumen creciente de crédito así como un inflacionismo estructural. Costó mucho y costará más aun reflotar el sistema de pagos, el entramado bancario, pero de él depende el modelo de intervención, y por desgracia, el margen de mercado libre que dinamiza y da viabilidad al mecanicismo estatista.

Otro tema muy diferente son las partidas, procedentes de déficit y deuda pública, destinadas a salvar industrias en situaciones límite. Dichas intervenciones no hacen sino tratar de paliar los necesarios efectos del reajuste, la caída de precios de los activos hasta niveles sostenibles, el derrumbe del imposible sobredimensionamiento sectorial de la economía. Si a esto añadimos la pretensión por crear cuatro puestos de trabajo e inyectar liquidez a través de industrias concretas, el fiasco resulta bochornoso.

El gobierno se gastará 8.000 millones de euros en pequeñas obras públicas ejecutadas en los ayuntamientos (sedientos tras el batacazo en la construcción, que es su principal fuente de financiación). Esta decisión es torpe, demostradamente ineficiente y en exceso cortoplacista.

Puestos a gastar el dinero que no es suyo, mucho mejor no recaudarlo y dejar que cada uno de nosotros ajustemos nuestros planes de acción y estructura de preferencias. Que en evidencia la política del gobierno más si cabe en situaciones como la justificada queja de jueces y magistrados.

En España hay aproximadamente 4.500 jueces, la mitad de jueces por habitantes que en los países más desarrollados de la UE. Mantener anualmente a otros 4.500 jueces, con formación, renovación, instalaciones, secretarios judiciales y oficiales a su cargo, no supera los 100 millones de euros. 100 millones al año… Solo en Madrid, en 2009, a base de remozar calzadas y peatonalizar plazas se van a gastar 500 millones de euros.

Que la justicia sea ágil y responda a la demanda de los diferentes agentes en sus expectativas e intereses legítimos, es clave para que el sistema económico y el mercado libre funcionen con fluidez y eficiencia. Que los jueces respondan al patrón tradicional, se ganen su autoridad y esmeren en sus juicios, es clave para la viabilidad del orden social. La reforma de la Justicia es tan barata y tan fácil que abochorna el pasmo con el que políticos de toda condición y tendencia se enfrentan al problema.

Más jueces, mejores medios a su disposición, nuevas leyes procesales y menos intervencionismo legislativo. Con cambios en estos ámbitos en pocos años sería sencillo comprobar la mejora social, el crecimiento de riqueza y actividad económica, la reducción de los litigios sin sentido, del cálculo procesal, de la utilización del colapso judicial como baza para cometer fraude o situar a la otra parte en una evidente situación de bloqueo e indefensión. Es tan importante que se afronte su reforma que escandaliza la ligereza y frivolidad con la que hablamos de miles de millones teniendo ante nosotros algo tan “fácil” y “barato”.

Saludos y Libertad!

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One Comment leave one →
  1. febrero 19, 2009 4:09 pm

    El problema radica en un hecho fundamental. La política empresarial -por llamarlo de algún modo- de los partidos políticos. Muchos políticos conocen de primera mano el estado de postración de la justicia, su sumisión perruna, y la incapacidad de mantener cualquier apariencia de Estado de Derecho en esta situación.. Pero resulta que un partido político es una empresa que vende promesas -que no se suelen cumplir porque no se pueden exigir- a cambio de votos. Y prometer 800 millones para los ayuntamientos da muchos más votos que gastar 100 en aumentar la plantilla judicial para acabar con el colapso de la justicia.

    Un saludo

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