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Pena de Muerte, ¿injusta o ineficiente?

marzo 20, 2009

Nuevo México deroga la pena de muerte, reza el titular de Público. No exactamente, diría yo. Digamos que deroga la ejecutoria capital, pero mantiene la pena “de muerte”, eso sí, por reclusión perpetua. De hecho lo habitual es que los habitantes del corredor de la muerte pasen largos años esperando la ejecución de la pena. No es un sistema desprovisto de garantías. Cabe realizar tantas apelaciones como nuevos hechos pudieran contradecir el contenido de la condena en cuanto a la autoría del crimen o la entidad del mismo. Esto puede alargar la estancia en prisión, con el coste que conlleva, sumado a todo el dispositivo procesal que debe desplegarse en el momento que el recluso presente una apelación.

La población de Nuevo México, como la de tantos Estados norteamericanos, mantiene una aprobación mayoritaria de la pena capital. La decisión de su gobernador no viene a cuestionar la justicia o injusticia de pena de muerte, sino su eficiencia. Muchos pretenden negársela, en términos “sociales” (nuevo ejemplo del término “social” (identificándolo falazmente con intervención y redistribución)… ¿qué no es “social” (en sentido estricto)? Aducen que semejante sanción vinculada a ciertas conductas ilícitas no disuaden al criminal.

En España tenemos un ejemplo del tipo de criminalidad que fomenta la relajación y dulcificación de penas: el riesgo se reduce, importándose brutalidad desde otros ordenamientos y arraigando cierta impunidad como sensación general en la comisión de determinadas conductas: no se temen las posibles consecuencias negativas de nuestros actos.

Pero es que además las penas que exclusivamente se centran en la reeducación del delincuente, su reintegración social y olvidan, casi por completo, a perjudicados y damnificados, su derecho de resarcimiento y proporcionalidad penal, son penas profundamente injustas. La justicia no se circunscribe a la maltraída Ley del Talión. Un sistema penal que procura objetivar penas, proceso, calificación de los hechos y determinación de la autoría, no puede prescindir de la intervención de un tercero imparcial dotado de autoridad socialmente reconocida, capaz de imponer sus resoluciones incluso sobre las querencias personales de perjudicados y damnificados. Su orden público, el que defina y aplique en cada caso, es la garantía de objetividad que favorece la pacificación social y el efecto positivo que tiene la heterocomposición frente a una tosca autocomposición.

Nada tiene que ver toda esta definición del sistema autoritario y procesal que requiere la persecución del crimen en una Sociedad extensa con lo que el estatismo ha positivizado a costa de erosionar la idea de justicia penal. La pena de muerte no debe medirse en sus efectos de utilidad social sobre la población. La muerte no puede ser la consecuencia de un resultado que no sea la muerte. Y no en todos los casos. El homicida doloso, el asesino, pierde, desde el momento en que quede dilucidada su autoría, el reconocimiento social sobre su dignidad e integridad física.

Cualquiera, en principio, podría ejecutarle con práctica impunidad. Los problemas que esto genera exige que la autoridad no pierda en ningún momento la tutela del recluso. Podrían surgir excesos de complicada calificación, conflictos que dejarían al verdugo en una situación difícil de definir, incluso delictiva, por los medios adoptados. Es por ello por lo que el proceso penal y la ejecución de sus fallos deben permanecer bajo el dominio de ese tercero imparcial que intercede entre la víctima, sus herederos, el resto de individuos afectados por los hechos y el reo.

La pena de muerte puede ser justa, pero las garantías indispensables para que no pierda esa condición desde que se decreta hasta que finalmente se ejecuta, pueden representar un coste difícil de asumir. Parece razonable la búsqueda de una salida que, sin derogar en sentido estricto la pena, ajuste intereses y procure un resultado eficiente: la reclusión perpetua.

Saludos y Libertad!

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