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Ideas sobre política fiscal y presupuestaria

abril 4, 2009

Para sostener todo el aparato de la estructura de dominación que es el Estado, más allá de los poderes públicos ilegítimamente hurtados a la sociedad, resulta indispensable un sistema de captación de recursos, administración de los mismos y organización del gasto público.

Podríamos detenernos aquí en varias cuestiones, pero carecen de importancia teórica cuando lo que pretendemos es analizar las consecuencias económicas que concretas intervenciones públicas tienen en el proceso social y de mercado. Analizaremos entonces la capacidad de distorsión y destrucción de ahorro, ya visto en el tema de la seguridad social, que tiene la captación de fondos coactivamente, en la medida y en la forma en que se haga, y los efectos irreversibles que el gasto público o las inversiones pueden tener en la economía.

Mises en su Acción Humana  se cuestiona la posibilidad de un impuesto neutro concluyendo que en una economía cambiante ningún impuesto puede serlo, es decir, dada la naturaleza dinámica del proceso social, como afirma Huerta de Soto, no cabe predecir los efectos de una concreta coacción institucionalizada, ya que las circunstancias históricas sobre las que se asienta el análisis y especulación sobre la misma, variarán forzosamente en el mismo instante en que se implante dicha carga fiscal.

La idea de que exista un solo impuesto, idéntico para todos los agentes, aun pareciendo desproporcional, genera un incremento del ahorro, y por tanto de la productividad, así como de las rentas del trabajo. Guiar la presión fiscal en base a la capacidad de pago, o renta del obligado, es una de las máximas del ideal de justicia social del que toma legitimación el intervencionismo. Esta proporcionalidad se cree inocua: lo que le quitan al pudiente se estima afecta poco a su economía y a sus planes de acción, mientras que quitar al que menos tiene, en su caso, el mismo porcentaje, le dejaría en un situación mucho más penosa.

Es curioso como el latrocinio del Estado, en principio guiado por cálculo de bienestar, criterios utilitaristas de los que se pretende obtener conclusiones objetivas que fijen la cuantía y la cualidad de la intervención, vea, al menos formalmente, tasada su voracidad por resoluciones de órganos políticos como son los tribunales constitucionales. Hay Cartas Magnas que fijan un máximo impositivo, pero otras, como la alemana, han dejado en manos de la praxis política y lo contingente la fijación de ese techo fiscal. Para el TC alemán más del 50% es confiscar, pero no dispone la suma de todas las cargas, sino simplemente la que se ejecuta contra la renta, los beneficios o el patrimonio. Es evidente que esa cuantía destruye el incentivo, pero no está claro si ese efecto destructor no se consigue también con porcentajes inferiores. El intervencionista busca ahogar pero no matar a la gallina de los huevos de oro: el mercado.

Para el Estado “los fondos disponibles son siempre limitados” (p.1011 AH). Subir los tipos impositivos y hacerlo con módulos progresivos no sólo no logran recaudar más, sino que empobrecen y paralizan a la sociedad de forma definitiva. El expolio del rico no basta, la mayor parte de los ingresos vienen de las clases medias, que son las que soportan la carga y el peso del Estado.

La fiscalidad no solo, aunque siempre, persigue fines recaudatorios. Es utilizada como desincentivo para concretas actividades que sean consideradas inoportunas o contrarias a la moral pública preestablecida por el poder político. Por ejemplo, la doble acción es perfectamente discernible en el caso de sustancias adictivas o drogas legalizadas, donde el Estado logra cuantiosos ingresos buscando limitar el consumo, aunque es de todo probable que en el cálculo del tipo impositivo se prevean las consecuencias concretas en la recaudación y pocas veces se den pasos que generen una reducción de la misma. Incluso como puritano, el Estado mira más por el bolsillo que por el rigor moral anhelado.

Mises nos aclara algo que debe quedarnos meridianamente claro a los que luchamos contra la dominación arbitraria y liberticida, pero también a los entusiastas del Estado: “se puede desarticular y destrozar la economía de mercado utilizando el poder impositivo y son numerosos los gobernantes y los partidos políticos deseosos de alcanzar semejante objetivo por esa vía”; es decir, “la imposición tributaria es solo posible en la economía de mercado” (p.873 SCEFE) sin mercado no hay intervención, o mejor, sin mercado sólo cabe concebir el socialismo, y por mucho que algunos renieguen de la probada imposibilidad del mismo, entienden que es mejor respetar el mercado y controlar la intensidad de la intervención para no acabar hundiéndose en el horror de un sistema sin precios, intercambio voluntario, propiedad, ahorro e inversión. “El talón de Aquiles del mecanismo fiscal radica en la paradoja de que cuanto más se incrementan los impuestos, tanto más se debilita la economía de mercado y, consecuentemente, el propio sistema impositivo”. (p. 874 SCEFE)

Se pueden imponer cargas para influir en la producción y consumo de bienes frente a otros. Se puede expropiar parte de la renta o patrimonio, pero no matar a la “gallina de los huevos de oro”, como dice Mises y ya hemos comentado con anterioridad. “En la medida en que la autoridad cumpla su función social y los impuestos no rebasen aquel límite indispensable que facilita el suave funcionamiento del aparato estatal, tales gravámenes son costes productivos y se hallan sobradamente compensados” (879 AH).

La intervención fiscal, la imposición de cargas sobre las rentas, el consumo, la actividad, las transmisiones o el patrimonio, guardan en su lógica represiva un efecto corruptor. La gente aplica gran ingenio para evitar los efectos negativos sobre su actividad, por lo que crean y descubren formas, con las que a pesar de todo salir airosos de la presión fiscal y el sometimiento tributario. El fraude y la corrupción no son lacras que legítimamente trata de reprimir el sistema, sino consecuencias de la actitud invasiva y extensa del mismo.

El Estado interviniendo masivamente genera un fenómeno conocido como Economía sumergida. Depende de muchos factores la intensidad de la misma. Es evidente que hay pueblos más “disciplinados”, por razones que no vienen al caso, donde a pesar de una actitud invasiva del gobierno, la economía sumergida, el fraude fiscal y demás artimañas evasivas, son meras anécdotas, diligentemente condenadas por la moral social de la mayoría. En otros países, los mediterráneos sobre todo, la tendencia es mucho mayor. Sucede en España y en mayor medida en Italia. De ahí que cualquier aminoramiento en las cargas fiscales favorezcan el incremento de la recaudación: muchos optarán por entrar en el sistema si la presión cae, dando luz a un volumen ingente de generación de riqueza.

Los Gobiernos se empeñan en “dilapidar el capital existente en la nación mediante la puesta en práctica de leyes fiscales confiscatorias de la renta y el patrimonio para, de tal modo, llevar a cabo una política de “redistribución de la renta” que forzosamente ha de empobrecer a las masas, pues da lugar a la reducción general de los salarios reales, que es la consecuencia de la menor acumulación de capital disponible por trabajador” (J. Huerta de Soto, p.195 EEP, ¿Es el trabajo una mercancía?)

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2 comentarios leave one →
  1. et_rusk permalink
    abril 5, 2009 7:11 pm

    La única solución que veo es que Uno de los primeros artículos de la Constitución debe ser: “bajo ningún pretexto el total de los impuestos no pueden sobrepasar los 15% de las ganancias anuales de una persona o una compañía.”

  2. abril 5, 2009 7:18 pm

    Siendo prácticos, aunque no realistas, así es. Aunque en mi opinión con el diezmo van más que servidos. Una constitución en condiciones debería atar las manos al Estado para imponer tributos confiscatorios. El TC alemán sitúa la confiscación en el 50%… sorprendente.
    Saludos!

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