Skip to content

Cámaras que ya no interesan ni a los liberales

mayo 27, 2009

Lo que antes era origen de polémicas y discusiones, doctrinales, jurisprudenciales o entre casi cualquiera que se atreviera a opinar, hoy ni siquiera suscita un breve comentario de preocupación. Las cámaras instaladas por administraciones públicas y agentes privados inundas los espacios “públicos”. Nuestros pasos, gestos, recorridos y preferencias, quedan registrados cada día en cientos o miles de cámaras. Las hay de tráfico urbano, de entidades bancarias, de sedes oficiales, pero también abundan cámaras cuya función primordial es registrar los movimientos de personas y posibles sucesos en la vía pública.

No hace falta echar mano de recurrentes sentencias del Supremo o el Constitucional, tampoco sacar a pasear comentarios doctrinales de este o aquel jurista. Con entender un par de ideas basta para darse cuenta del injustificado olvido y falta de polémica al que hemos llegado.

Parece razonable que Metro o Cercanías, o los autobuses de la EMT, o los mismísimos Taxis, registren el interior de sus instalaciones a través de cámaras de seguridad. La ley puede forzar su destrucción en 24 horas, o su conservación durante más tiempo por si surgiera la necesidad de recurrir a las grabaciones como prueba en un proceso judicial. Sea como fuere, son espacios restringidos, controlados por un administrador que actúa como dueño de las instalaciones (no importa su titularidad pública o privada siempre que el bien se someta a Derecho privado en la mayoría de sus facetas). Un liberal no debería objetar nada al respecto. Acude a la instalación de forma voluntaria asumiendo las reglas organizativas que esta impone y sobre las que debe hacerse la suficiente publicidad previa a la contratación con el usuario (acceso al recinto mediante el pertinente título validado).

En cuanto a las vías públicas, en principio, no debería sorprendernos tanto. Su consideración como dominio público puede conducirnos a un equívoco recurrente. Son las corporaciones locales quienes ejercen dominio pseudopatrimonial sobre dichos bienes, es decir, si bien son considerados como dominio público, en la práctica el ayuntamiento ejerce como dueño de la cosa, imponiendo las reglas que estime convenientes. Interviene entonces la cuestión política, el sometimiento corporativo a unas reglas previas, estutarias, o la existencia de una declaración de derechos ciudadanos con categoría constitucional y máxima vinculación pública y privada. Es ahí donde surge el conflicto, y no en la mera posición de dueño que practican los ayuntamientos. Su entidad es política pero es que además se encuentran sometidos a un entramado normativo externo e irresistible. Esto sucede también con los medios de transporte de los que he hablado antes.

Esta definición del espacio público o de la ciudadanía en clave constitucional afecta, y mucho, al juicio que podamos dar sobre la licitud o ilicitud de este tipo de grabaciones. Si el espacio común se somete a un régimen de mancomunidad parece obvio que con las mayorías preestablecidas estatutariamente se pueden imponer este tipo de medidas de seguridad. Si por el contrario el espacio común es dominio público sobre el que diferentes administraciones ejercen sus competencias, la situación varía. En los Estados como el Español incluso las grabaciones en espacios privados de afluencia voluntaria pero masiva, como medios de transporte o centros comerciales, quedan sometidas a regulaciones públicas, ajenas a la libertad de contratación entre dueño y usuario del bien.

Sin embargo Ayuntamientos como el de Madrid recurren al dominio público para obtener beneficios que incorporan en sus arcas sumados al resto de tributos: publicidad o aparcamiento regulado. Es decir, se comportan como dueños de las vías, y como tales, han logrado incluso que la ley les reconozca el derecho a instalar cámaras de vigilancia. Obtener lucro de lo que se supone de todos, cobrar por el uso privativo de lo común o someter a sus ciudadanos a grabaciones indiscriminadas, son la tónica actual de toda las corporaciones locales españolas.

Se abandonaron las discusiones sobre la intimidad en el espacio público, el poder del Estado para registrar movimientos sin causa que lo justificara… El debate murió y con él todo el desarrollo jurisprudencial al respecto. El Estado de Derecho demuestra así su verdadero rostro: Un Estado limitado por unas normas que el mismo produce, una interpretación constitucional que el maneja y una definición del contenido esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas al albur del oportunismo político.

El resultado es el de siempre: la ingenuidad estatista, confiada en que únicamente de la regulación de los espacios de afluencia colectiva, de titularidad pública o privada, o la formalización de un estatus ciudadano aparente, logrará el individuo libertad y seguridad. Todo se complica para acabar en el peor de los escenarios: una administración arbitraria que deja en manos oligarcas todo el dominio público, del que se lucran de una u otra forma, merced de las libertades personales de los contribuyentes, eso sí, contentísimos de que la ineficacia congénita de la policía pública se vea suplida por inertes cámaras de video vigilancia.

Los que salimos de vez en cuando por Lavapiés ya podemos respirar tranquilos.

Saludos y Libertad!

Anuncios
No comments yet

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: