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Objetivando la responsabilidad

julio 22, 2009

El tema es controvertido: responsabilidad penal del menor. Primero, qué es un menor y por qué? En España menores son los individuos que no han cumplido los 18, aunque la ley penal especial que se les aplica y sus previsiones pueden extenderse, según las circunstancias personales, y nunca de manera general, hasta los 21.

Minoría de edad ha habido siempre. Los niños dejaban de serlo a los 11, o a los 12, o a los 13… pasaban a ser púber, podían casarse con 14 ellos, con 13 ellas (hablo de memoria, tengo a Mommsen y el Derecho romano en la recámara), hoy con 16 estando emancipados de sus padres o tutores. Esto quiere decir que la mera superación de una edad desde el día del alumbramiento genera automáticamente efectos jurídicos en cuanto a la capacidad de obrar del individuo, y en consecuencia, su responsabilidad personal: sí.

Lo que sucede en el Derecho, objetivo por necesidad, no tiene porque corresponderse con la realidad, menos aún cuando hablamos de responsabilidad: siempre habrá quien con 20, 30 o 60 años siga siendo personalmente irresponsable, incapaz de interiorizar los costes de sus actos y asumir las consecuencias en su interacción con otros individuos.

Los menores son dependientes, el Derecho procura que dependan de alguien, bien de sus padres, bien de tutores o instituciones de guarda. El Derecho objetiva la responsabilidad a partir de edades fijas. Es la única forma de articular normas racionales que sirvan de escenario mínimo sobre el que plantear expectativas. Debemos ser cautos al negociar con aparentes menores, ya que con determinadas edades no pueden obligarse ni comprometer sus bienes. Si no se fijara un límite la conflictividad sería insufrible.

Dicho esto atendamos a la actual situación de culto de la juventud y deterioro de la paulatina incorporación de los menores al espacio de responsabilidad e interacción de los plenamente capaces. Los menores son adultos en formación, no deficientes mentales perpetuos. La responsabilidad debe ser creciente, no puede exigírsele lo mismo a un niño de 2 años, que a uno de 5 o de 15. La ley penal del menor, siguiendo los principios que deben regir en todo orden de penas objetivas, extrema el formalismo y reduce en exceso las posibilidades de hecho. El caso es que no existen alternativas claras al respecto. Si existen en cuanto al contenido y el espíritu de la norma: es absurdo y suicida considerar que un menor de 14 años puede ser inimputable sin más, quedando únicamente sometido al poder corrector de los padres(que ha sido suprimido por el reformismo buenista), o el todo poderoso criterio de las administraciones competentes en cuento a la retirada de la custodia y el internamiento en centros o adjudicación a familias de acogida (que tampoco podrán corregir y penar al chaval).

Los menores de 14 años son responsables. Puede que deban ser los padres quienes midan la intensidad de la corrección o la forma de reconducir la conducta de su hijo, pero, qué sucede con las personas perjudicadas o damnificadas por sus actos? Pues muy sencillo, si partimos de la inimputabilidad del menor alguien deberá pagar objetivamente por los daños que cometa: sus padres, tutores o guardianes. Deberán ser ellos quienes abonen indemnizaciones y cumplan penas de prisión o limitación de la libertad si así lo entendiera el espíritu que sostenga el orden penal efectivo. En cuanto a ese tramo de edad donde el menor sí es imputable pero no de acuerdo con las normas generales, la responsabilidad sigue siendo suya, su exigencia debe graduarse personalizando la exigencia, pero de cara a los perjudicados y damnificados, el Derecho mantendrá su carácter objetivo: el menor no emancipado debe ser controlado por sus padres, tutores o guardianes, que serán, en su caso responsables patrimoniales subsidiarios. Si se fijan los 14 años, por ejemplo, como límite de punibilidad, ya no serán los que guarden y cuiden al menor quienes respondan punitivamente por sus actos, sino los menores mismos. El debate, y es donde nos encontramos, gira en torno a la incorporación de estos individuos en el sistema general de penas (en principios la tipificación debería ser común). Lo que parece evidente es que el legislador no ha obrado bien, creando un desequilibrio extremo entre las penas de mayoría de edad y las penas de minoría de edad.

Pero el espíritu de la norma es el que es. El Derecho penal ha sido excluido del proceso competitivo donde la autoridad y el orden público forman definiciones delictivas y sistemas penales objetivados dinámicos y en contacto con la opinión pública. Pedir reformas al calor de hechos concretos perturba la estabilidad y la objetividad del orden penal. No debe ser ese el impulso del cambio normativo. Lo que está en juego es la ideología que alimenta los fines y utilidades pretendidos en normas cuyo único objetivo debería ser el orden público, el castigo del delincuente y el resarcimiento de la víctima.

Mi propuesta la he dejado entrever en el comentario:

1. que sean los padres (tutores o guardianes) de los menores inimputables quienes, por culpa in educando o in vigilando, paguen, personal (esto quizá sea lo más controvertido)y patrimonialmente, los daños cometidos por sus custodiados. Ya que se les considera legalmente, a estos menores, como animalillos o elementos estructurales de un edificio (una cornisa que se desprende y mata a un viandante), que se actúe en consecuencia midiendo la responsabilidad de quienes estuvieran encargados de su custodia.

2. Que el Derecho objetive capacidad jurídica o gradación penal no debe comprometer la coherencia interna del sistema de tipos y penas. Tipos comunes y penas distintas, pero inspiradas por el mismo criterio: la restauración del orden público, el castigo del culpable y el resarcimiento de la víctima o del perjudicado.

Saludos y Libertad!

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One Comment leave one →
  1. neounicato1916 permalink
    agosto 8, 2009 4:18 am

    La imputabilidad o no de los menores es también un problema en mi pais.
    Al buenismo, aquí, referido no a los hijos si no a los delincuentes, se le llama garantismo.
    Pero no creo que siempre la solución sea responsabilizar a los padres.
    Eso puede ser hasta justo con padres cuasi cómplices de sus hijos.
    Pero hay muchos, que son personas ejemplares y han sido vencidos por la demagogia e hipocresía de cierta modernidad, que les da la responsabilidad pero les quita la autoridad sobre sus hijos.
    Ciertos hijos hasta disfrutarían del castigo que reciben por él sus “anticuados” y “reaccionarios” padres.

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