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Ley Sinde

febrero 16, 2010

La propiedad no es un derecho fundamental y es por ello que el Consejo Fiscal ha criticado con dureza la Ley de Economía sostenible, en cuanto a la formación de organismos y procedimientos inquisitoriales y extrajudiciales para perseguir el fraude de los derechos económicos de autor.

El derecho de exclusión sobre el lucro pecuniario y mercantil procedente de la comercialización de específicas composiciones intelectuales, no merecería ser asimilado como ejemplo de “propiedad”, ni siquiera de una versión singular de tipo “intelectual”. La propiedad, en sentido estricto, es dominio y exclusión, pero no sólo sobre la explotación económica del bien, sino también sobre cualquier calse de uso que pueda imaginarse. El dueño domina la cosa y decide tanto ubicación como empleo. No hace falta que los bienes sean tangibles, o que queden representados en un título valor, ni estén físicamente sometidos al inmediato control de su dueño, para que éste pueda exigir su derecho.

Las creaciones intelectuales complejas, o composiciones novedosas y distinguibles, no solo permiten identificar o relacionar al autor con su obra, en un sentido moral, sino que suscitan la duda sobre la facultad de exclusión de determinados usos a favor de dicho autor. Parece obvio que el Derecho no reconoce aquí un dominio que, en realidad, resulta virtualmente imposible. Pero tampoco ampara la extensión espacial del dominio, dada la intangibilidad de las cosas de las que emana el controvertido derecho. No dándose los dos elementos que definen la propiedad, no debería hablarse de “propiedad intelectual” en sentido estricto, sino de derechos de autor, en cuanto al reconocimiento de la exclusión sobre los usos o el derecho a percibir parte de los rendimientos. Aun con todo, parece complicado que se deje de identificar “propiedad” con exclusión, cuando en cierto modo, parcialmente, es así .

Los autores tienen el derecho a reivindicar la autoría de una composición creativa novedosa e identificable, al menos en un plano moral. Cuando se trata de excluir posibles aprovechamientos el Derecho no puede garantizar lo que es imposible. Las ideas, una vez comunicadas públicamente, son incontrolables, no cabe dominio ni exclusión general a priori. Sucede lo mismo con las fijaciones de estas ideas, su interpretación y reproducción en medios tecnológicos que permiten su difusión y copia indiscriminada. El Derecho debe concretar facultades y mecanismos de exclusión cuando del tráfico jurídico y comercial, siempre a posteriori, se demuestra un aprovechamiento lucrativo sin compensación.

No puede exigirse compensar por los resultados de conductas que el propio Derecho no considera ilícitas. La compensación debe ser específica, por actos identificables, y siempre derivada del probado lucro pecuniario generado. No puede compensarse de otro modo legítimo que no sea este.

Cuando la Ley de Propiedad Intelectual comete el absurdo de compensar lo que no merece compensación, no parece descabellado que aparezca una nueva norma empeñada en prevenir o castigar conductas igualmente lícitas. No es Derecho lo que se pretende aplicar, sino privilegios en forma de legislación constructivista.

Si una página de internet pretende lucrarse pecuniariamente alojando contenidos compositivos de autores que no le permitan reproducirlos con dicho fin, puede ser denunciada y enjuiciada, con todas las garantías procesales. Si una página web facilita el intercambio de copias privadas, y por dicho servicio obtiene un rendimiento, no puede considerarse fraudulenta su actividad (dado que la copia privada no es ilícita en absoluto). Si un local se dedica a servir alcohol a costa de poner música, existe una comunicación pública con ánimo de lucro, y por tanto, debe compensar a aquellos autores (y no a otros) de los que se sirva para completar su negocio. No sería así cuando el objeto de negocio no dependa de la reproducción de dichas composiciones.

Perseguir a un tipo que vende en una manta creaciones ajenas y sin permiso, parece razonable, pero no en aras de un interés general y abstracto sobre la cuestión, sino como ejercicio de derecho concretos, de autores singularizados que pretenden excluir el aprovechamiento pecuniario de sus obras. Podrán hacerlo solos o a través de un tercero (una agencia en su representación directa), pero siempre en su nombre, y nunca en el de todos.

La Ley Sinde no viene sino a empeorar la coherencia del modelo de regulación de derechos de autor, bajo ese halo colectivista y corporativista que ya hemos criticado. Y no será la última polémica, ni la reforma definitiva, porque si ya hoy son muchos los debates en torno a la exclusión y la definición de este tipo de derechos, en un futuro parece más que razonable pensar que serán más abundantes, y más complejos aún. El avance tecnológico permite la fácil transmisión y copia de las creaciones artísticas e industriales, su modificación e inclusión en nuevos procesos creativos, su reproducción sin ánimo de lucro, como mejor forma de expandir dicha información y darla a conocer al mundo entero (eso hará que muchos autores prefieran renunciar a su derecho de exclusión como mejor estrategia de marketing; ahora no existe semejante posibilidad, dado que la compensación por copia privada o los otros “impuestos” de las Sociedades autores, son universales en su exacción y no admiten la renuncia del autor como limitación). Creo que es de sentido común que se persiga a quien llene una sala de cine proyectando una película por cuyos derechos no ha pagado, como también que carece de lógica perseguir a quien intercambia copias sin otro ánimo que disfrutar en su hogar, o con sus amigos, de una canción, un libro o una película.

Saludos y libertad!

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