Víctimas del Sistema

El País Semanal nos presenta el drama de quienes, en plena burbuja, decidieron sobrendeudarse para adquirir una vivienda. Los llama “víctimas del sistema”, y es cierto que lo son, pero, ¿de qué sistema estamos hablando? En torno al tema del ladrillo, los pelotazos urbanísticos y el constante ascenso de los precios de la vivienda, hay tanto dicho que muchos parecen tenerlo demasiado claro: todo es culpa del capitalismo feroz, la falta de regulación y la codicia del especulador. La ecuación es sencilla y muy útil para salir del aprieto que supone profundizar ligeramente en el asunto.

Hablamos de un mercado, el de la vivienda, que es, si no el más intervenido, sí el segundo o el tercero (después del monetario y financiero, o el de trabajo) que más regulación e interferencia estatal padece. Ordenación del territorio, usos del suelo, urbanismo, edificabilidad, vivienda subvencionada… Un marasmo de normativa que contradicen el mito del especulador salvaje y el constructor desatado ávido de beneficios. Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos las instancias a través de las cuales se filtra todo el negocio de la construcción.

Sobre este mercado tan regulado, donde los agentes privados operan a cobijo de las administraciones públicas, y ninguna decisión prospera al margen de aquellas, se vierte el resultado de otro de los grandes ejemplos de intervención masiva e indiscriminada: la manipulación de la oferta monetaria a través de la expansión crediticia orquestada desde los bancos centrales. Mediante el ajuste arbitrario del tipo de intervención (tipo de interés del Banco Central), y las inyecciones de liquidez mediante distintos mecanismos, los Estados inundan el mercado de crédito barato y fácil, a sabiendas de cuáles serán los sectores donde primero acudirá el dinero de nueva creación: en España, por ejemplo, el mercado de la construcción y la vivienda, los activos bursátiles y ciertos sectores protegidos y subvencionados como las energías renovables.

Recurrir a un sistema insostenible de crédito abundante, fácil y barato, vertido sobre un mercado donde la existe una demanda sostenida de primera necesidad, como el de la vivienda, con todos los desajustes incorporados por culpa de la intervención pública directa sobre dicho mercado, es algo así como tratar de apagar un fuego con gasolina. La consecuencia más evidente: los precios suben tanto como crece la oferta. Semejante descoordinación sólo puede tener un origen: la expansión del crédito.

La gente necesita vivir en algún lugar. Para satisfacer dicha necesidad se plantean dos opciones: vivienda en propiedad o vivienda en alquiler. Si el precio del alquiler de una vivienda es igual o superior al coste estimado para financiar la compra de la misma vivienda, parece razonable, obviando otros elementos que influyen en la toma de esta decisión, que la opción compra mejore la opción alquiler. Si además, y todas las señales a nuestro alrededor parecen apuntar en esa dirección, es previsible que el precio que hoy pagamos sea inferior al que ese mismo bien alcance en el futuro, la decisión especulativa adquiere más urgencia si cabe. No solo adquirimos un bien de consumo duradero, con lo que conlleva, sino también un activo que se revalorizará muy por encima de otro tipo de inversiones. Un negocio completo, ¿quién sería el estúpido de no subirse a la burbuja?

Ese es el sistema que convierte en víctimas a todos los que hoy se ven en el drama que supone la ejecución de una hipoteca o la venta precipitada y poco ventajosa de la que era, hasta ese momento, su vivienda. Son víctimas de sus propias decisiones, pero la responsabilidad de su precaria situación, lejos de ser exclusivamente individual, posee ramificaciones que se extienden por todo el modelo de crecimiento económico y distorsión de las señales espontáneas del mercado a que nos ha conducido la intervención del Estado. Esto no es nuevo, son muchas las crisis financieras con ramificación en la construcción y el mercado de la vivienda. No sólo hablamos de deuda insostenible, sino de la quiebra de un modelo de empleo, donde cientos de miles de personas pierden sus puestos de trabajo y deben reubicarse en otros sectores incapaces de absorber inmediatamente semejante cantidad de trabajadores. El Estado, de nuevo, planteando su particular sistema de rescate, subsidio y política anticrisis, levanta las barreras y provoca los desajustes que agravan la incapacidad de reabsorber trabajadores, dándoles al menos la opción de seguir pagando sus infladas y ruinosas hipotecas.

Víctimas de un sistema que todos parecen empeñados en ocultar, en distraer cuáles son sus artífices, cuál su naturaleza, y dónde queda la responsabilidad de unos y de otros. No puede hablarse de libertad o de mercado puro, cuando todos los elementos que intervienen en la crisis son producto de la intervención. Se habla de la codicia de algunos como si la codicia fuera un pecado que sólo florece en ausencia de Estado. Son tantísimos los casos de corrupción urbanística, producto también del sistema de intervención criticado, que lo más razonable sería hablar de codicia desatada por culpa de la indisciplina y los reductos de fraude que genera la propia intervención, y no tanto un mercado libre donde lo habitual es que este tipo de conductas sean expulsadas por la mera concurrencia competitiva. El caso es que la codicia de hoy no es una codicia atribuible a eso que llaman “neoliberalismo salvaje”, a no ser que con este término quieran hacer referencia a la ideología que sostiene la farsa estatista que nos ha conducido hasta el panorama en el que nos encontramos: Socialismo (experto, conviene decirlo, en manipular el lenguaje, entre otras cosas).

Saludos y Libertad!