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Egunkaria – Estado de Excepción

abril 13, 2010

Resulta que lo que se hizo con el periódico euskaldun no solo fue una ilegalidad, sino también un abierto y rotundo acto de inconstitucionalidad. Según el juicio de la Sala de lo Penal de la AN, el cierre del diario ordenada por el Juez del Olmo “no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara”. Y cuando es una autoridad pública la que resuelve de este modo, basta con probar que lo hizo a sabiendas para procesarle por prevaricación. Así de sencillo. Esto no sucede con los políticos, que siempre disfrutan de más margen para conducir sus decisiones en uno u otro sentido. Aznar quiso acorralar a ETA y declaró el Estado de Excepción bajo el concubinato con el PSOE del incipiente Zapatero. Otro que quiso subirse al carro de la excepcionalidad fue Garzón, que ya venía definiendo una particular forma ad hoc de perseguir al terrorismo. Junto a él, la Fiscalía, de nuevo autoridades públicas que tienen prohibida la arbitrariedad en sus actos y resoluciones: ja!

Pero llegó la tregua, y Zapatero pidió comprensión. El caso Egunkaria ya no era cómodo para el gobierno de turno, y menos aún para la Fiscalía y la Audiencia. Ahora, 7 años después, resulta que el periódico no financiaba a ETA y tampoco colaboraba en la comisión de delitos, ni siquiera había suficiente fundamento para acusarle de enaltecimiento.

Me resulta un tanto burda la argumentación de la Sala de lo Penal de la AN, sobre los límites constitucionales en lo que a la suspensión cautelar de la actividad de cualquier medio de comunicación. No porque sea trate de eso, un “medio” de comunicación, y por ello sea conductor del derecho de información y expresión, estaremos ante una entidad intocable cautelarmente. Lo serán como cualquiera, siempre que existan pruebas e indicios suficientes para decretar semejante medida. El secuestro de publicaciones tiene más que ver con la conculcación de derechos de terceros, y no tanto con la actividad empresarial que desempeñe la entidad intervenida, con independencia de cuál sea su fin social. Si realmente hubo indicios de que Egunkaria financiaba ETA o era cómplice de sus crímenes, más allá de la línea editorial que tuviera, se trataba de una persona jurídica sometida a una instrucción, y por ello, susceptible de ser suspendida en su actividad.

Dicho esto, si los acusados entonces consiguieran demostrar que en aquel momento se sabía lo mismo que hoy, y que todo fue debido al impulso y la determinación política en pos de sembrar de excepcionalidad nuestro Estado de Derecho, quizá se abriría la puerta de procesar a quienes ampararon semejante escabechina. Lo interesante es que esto se dilucide, que la honorabilidad cuestionada sea restituida y el Estado, y sus agentes, paguen por lo hecho.

Sin embargo, parece un sin sentido que justo ahora, cuando Zapatero (con el apoyo del PP) parece haber decretado de nuevo la persecución a toda costa del entorno etarra y abertzale, incluso saltándose la ley o la constitución, lleguen este tipo de sentencias. Quizá se trate de un golpe de autoridad de la AN, o de un cambio de criterio, o de un conato de decencia judicial, o simplemente la prueba de que Zapatero fue tan arbitrario en 2003 (apoyando la intervención de Egunkaria), como en 2006, como ahora. Política que se traga derechos y libertades, que convierte los resortes e instituciones absorbidas por el Estado, en correa de transmisión de las estrategias políticas del partido en el poder y sus aliados circunstanciales.

Es triste, una vergüenza jurídica, moral y política, que infames como Zapatero, o como Garzón, que pasan de una excepcionalidad a otra, sin torcer el gesto, sigan hoy mandando o conservando sus puestos de autoridad pública. El Estado se pudre.

Saludos y Libertad!

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