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Militarización y constitucionalidad

diciembre 8, 2010

Una cosa es que Defensa pueda asumir el control de la circulación aérea y otra muy distinta que el personal civil dedicado hasta entonces a esa labor pase a estar sometido a la jurisdicción militar. La disposición adicional segunda del Real decreto 13/2010 de 3 de diciembre, que sirvió como detonante del paro total en el servicio de control aéreo, introduce, entre otras cosas ,que los controladores civiles, en casos excepcionales, podrían quedar sometidos a dirección del Ministerio de Defensa, hablándose, en todo caso, de consecuencias civiles y penales ante un eventual incumplimiento de dicha obligación, desarrollando levemente el contenido del artículo el artículo 4.4.a) de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. Obviamente, de ahí a que los controladores aéreos pasen a verse afectados por la jurisdicción militar hay un abismo. El artículo 117.5 de la CE dispone que la jurisdicción militar se circunscribe exclusivamente al ámbito castrense y a los supuestos de estado de sitio.

El Real Decreto 1611/2010, también de 3 de diciembre, dispone que AENA “activará los recursos de control de tráfico aéreo del Ministerio de Defensa y exigirá la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores civiles ausentes”. El Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, en su artículo 3 (ámbito subjetivo del estado de alarma) dice que “en virtud de lo dispuesto en los artículos 9.Uno y 12.Dos de la Ley Orgánica 4/1981 en relación con el artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasan a tener, durante la vigencia del Estado de Alarma, la consideración de personal militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10.Uno de la citada Ley Orgánica y en consecuencia, quedan sometidos a las órdenes directas de las autoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre”. Pues bien, el texto subrayado y en negrita señala lo que más dudas suscita de esta declaración de estado de alarma y pareja “militarización” del personal civil de control de tránsito aéreo. Parece incluso contradictorio con el también citado artículo 10.Uno de la LO 4/1981, que habla de sanciones, pero en ningún modo de normas disciplinarias y penales militares. Esto hace pensar que, en aras de atemorizar a los controladores, se ha optado por exagerar, hasta el punto de vulnerar el citado artículo 117.5 de la CE. Se trata de una chapucera gestión que ha requerido nada menos que de tres decretos para perfilar un golpe de efecto que, tal y como se ha visto, podría ser perfectamente inconstitucional en su aspecto estrictamente subjetivo. Es decir, como el gobierno se supo incapaz de garantizar cierta normalidad en la prestación del servicio de control del tránsito aéreo, por no disponer en número suficiente de controladores aéreos militares, formados y capaces de sustituir a los controladores civiles insurrectos, optó por forzar la ley y, posiblemente, por contravenir la Constitución. Estamos en manos de una banda de bribones, autoritarios, hipócritas y chapuceros.

Saludos y Libertad!

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One Comment leave one →
  1. Francisco permalink
    diciembre 8, 2010 7:31 pm

    Me ha gustado mucho esta entrada, tiene una forma de considerar a los lectores que estaba echando en falta entre toda la información que estoy leyendo acerca del lío de los controladores.

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