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La mala educación

diciembre 16, 2010

El TC resuelve: educar en casa, pero fuera del horario escolar, no es una garantía constitucional, sino una opción legislativa que la Constitución tolera. Lo cierto es que nuestra carta magna establece la obligación a ser escolarizado de manera “gratuita”, instando a los poderes públicos a proveer, si fuera necesario, de los medios y el personal docente necesarios para satisfacer este derecho. Este principio ha de hacer compatible con otros dos derechos: el de instituir centros docentes a partir de la iniciativa privada, y a que los padres eduquen a sus hijos en las creencias morales y religiosas que estén de acuerdo con sus convicciones. ¿También fuera del horario escolar? Pues eso parece, porque el artículo 27 de la CE también faculta a los poderes públicos a “programar” la educación, lo que representa, en un sentido amplio del término, establecer currículo escolar, titulación y márgenes de obligatoriedad de la escolarización. El mismo artículo define, más allá y por encima de las propias convicciones de los padres, cuáles han de ser los principios morales que definirán la impartición educativa: pleno desarrollo de la personalidad (¿?), democracia, convivencia y derechos fundamentales (los descritos en la CE, se entiende). Todo demasiado genérico aunque con suficientes amarres como para definir nuestro orden constitucional, en lo relativo a la instrucción y la educación, como restrictivo y estatizado.

La CE, como así lo reconoce el TC, deja en manos del legislador la facultad de optar por diferentes sistemas, pudiendo incluso darse la cohabitación entre la educación en casa, y la educación colectiva, pública o privada. Lo que se prohíbe es la publicidad imperativa. La CE no exige, así mismo, que la educación básica sea efectivamente provista con cargo al presupuesto público (cheque educativo, por ejemplo), sino que el Estado debe garantizar esta posibilidad, pero nunca en forma de derecho positivo de los ciudadanos cuando su opción fuera la de escolarizar a sus hijos en centros privados. En su caso, estaríamos otra vez en manos del legislador, al optar por uno u otro sistema.

Lo cierto es que nuestra constitución es demasiado amplia en lo que a la obligatoriedad de la educación básica se refiere. Deja las puertas abiertas a soluciones extremas, como por ejemplo lo sería que la ley definiera como periodo “básico” no ya 10 años (antes de la LOGSE eran 8, si no me equivoco), sino 15 o 20 años. Es más, podría incluso partir por etapas vitales dicha “educación básica”, considerando exigible la escolarización de todos los ciudadanos en determinados momentos de su vida en función de su edad. De los 6 a los 16, un reciclaje de los 45 a los 48, y una tercera oportunidad de los 67 a los 75. “Lo básico” no contiene en su propia definición un límite claro, todo depende del sentido común y la opinión pública, a la hora de considerar o no extrema cierta imposición. Nuestra CE es tan ingenuamente ilustrada que no entiende cercenada la libertad de los menores de edad, y tampoco la de sus padres, cuando se impone por la fuerza una conducta que se caracteriza por la estancia obligatoria durante x horas al día, x días al año, dentro de un centro educativo y sometido a la disciplina y el régimen sancionador interno de dicho centro o sistema general. Una suerte de cárceles que, como se ha visto, podrían extender su imperio sobre individuos de todas las edades y en diferentes etapas de la vida.

Visto el contenido del artículo 27 de la CE podemos concluir lo siguiente: el derecho fundamental a la educación se limita a los principios de “libertad de enseñanza”, “libertad de conciencia de los padres en la formación moral y religiosa de sus hijos (no necesariamente en el horario escolar dispuesto por la ley, donde pueden ser forzados a recibir otro tipo de formación ética)”, “el derecho a que, en todo caso, existan plazas educativas con cargo al erario público a disposición de cualquiera”, “la libertad de creación de centros educativos privados” y la libertad de los particulares a controlar y participar en la gestión de los centros públicos educativos”. Por lo demás, el tratamiento que hace la CE de la educación resultaría perfectamente encuadrable en los apartados dedicados a deberes de los ciudadanos y principios rectores de la política social y económica.

Saludos y Libertad!

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