Skip to content

La Ley Sinde, contradicciones y ocurrencias

diciembre 27, 2010

A estas alturas, a nadie se le escapa que la norma conocida como “Ley Sinde” (por la actual, e inamovible Ministra de Kultura), colada en la Disposición final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, es manifiestamente liberticida. Pero no tanto porque trate de justificar sus excesos procesales y su desprecio por las mínimas garantías hasta ahora vigentes en nuestro ordenamiento, en el maltraído derecho del autor sobre los rendimientos económicos generados por sus creaciones intelectuales y artísticas, sino porque procede de la influencia y la presión de dos peligrosas fuerzas: el gremio impersonal y mecánico de “creadores” nacionales, y el gobierno de los EE.UU., en representación de su propia industria audiovisual. Lo cierto es que los primeros no deberían ser admitidos en el grupo de damnificados, porque realmente no son quienes más “sufren” las consecuencias de la laxitud con que en nuestro país se persigue la vulneración de los derechos de autor.

Los agentes que este proyecto de ley criminaliza, sometiéndolos a una suerte de estado de excepción en toda regla, tienen forma de Webs de descarga de archivos compartidos, almacenaje y reproducción de obras protegidas por estos derechos de autor, o sencillamente, Webs que facilitan la búsqueda, o directamente enlazan a los archivos previamente subidos a la red. En principio, la legislación vigente no impide la mera existencia de estos espacios, incluida la actividad que en ellos se desarrolla, en la medida que no exista posibilidad de lucro pecuniario a favor de sus titulares. El artículo 31.2 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, incluido dentro del Capítulo II dedicado a los “límites”, dice lo siguiente:

No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25

El derecho a la copia privada tiene sus límites: la utilización colectiva o lucrativa de la copia, el requisito de que la obra haya sido previamente divulgada, y que la copia o el original se hayan obtenido lícitamente. Cumpliendo estos requisitos, no existe motivo por el que criminalizar una conducta legalmente amparada. Lo discutible será que siendo legítimo el derecho a la copia privada, sea justa la existencia de una “compensación equitativa” (el dichoso canon), así como su definición y concesión a entidades de gestión colectiva.

Volviendo a la Ley Sinde, su fallo no es el de regular algo que no estuviera previamente ya regulado, sino en la creación de un mecanismo extrajudicial por el que resulta posible cerrar Webs sin las garantías constitucionales y legales comunes: la creación de una Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual con poder para interrumpir la actividad o retirar contenidos sin previa intervención judicial, salvo en los casos en que se entiendan comprometidos los derechos del artículo 20 de la Constitución. Se trata, en definitiva, de poner en manos del gobierno, despojando a los jueces del mismo, el poder ejecutivo para limitar lo que en apariencia sería un derecho, y que sólo tras un procedimiento judicial, con todas sus garantías, podría no ser reconocido como tal, pasando a considerarse una conducta ilícita.

No me parece serio que se ataque a la Ley Sinde apelando a que cualquier tipo de Web de descarga está, en sí misma, amparada por el derecho a la información o la expresión. Tampoco me parece serio que se defienda, per se, a cualquier tipo de web de descarga o sucedáneos, porque lo cierto es que las hay que viven de la publicidad, es decir, que obtienen un lucro a partir de facilitar la copia privada, lo cual resulta cuanto menos discutible a la luz de la legislación vigente.

La Ley Sinde es una chapuza que pretende coartar el derecho a la copia privada, dando satisfacción a las mafias colectivistas de autores mediocres que pretenden rascar de donde sea con tal de seguir viviendo del cuento. Así mismo, es el reflejo de las presiones de los EE.UU, en representación de su industria audiovisual, que asiste perpleja a la proliferación de webs de descarga que perjudican no tanto la venta de dvd, sino a las webs y televisiones que generan en gran medida el lucro del que viven dichas producciones audiovisuales. El debate no está en si España es más o menos pirata, sino en si el Gobierno puede o no actuar fuera de la Constitución en sus esfuerzos por complacer ciertas presiones. Esta reforma ejemplifica el fracaso demostrado por el ministerio de cultura, las sociedades de gestión de derechos de autor y la fiscalía en su empeño, muchas veces legítimo, en perseguir a quienes pretenden lucrarse gracias a las obras y creaciones de otros, sin que éstos consientan o participen del mismo.

Saludos y Libertad!

Anuncios
No comments yet

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: