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La Ley Sinde deviene irrelevante

enero 28, 2011

El gran problema que planteaba la reforma contenida en la Disposición final segunda de la Ley de Economía sostenible era la posibilidad de que un órgano administrativo (La sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) estuviera facultada para interrumpir con carácter ejecutivo “la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”. El apoyo del PP a esta ley del gobierno ha logrado arrancar la “previa autorización judicial”, cuando dicha “interrupción” pudiera lesionar derechos amparados por el artículo 20 de la CE. Esto es relativamente ambiguo y, dada la naturaleza inquisitorial de la Comisión, se cometerán excesos, lo cual no debería ser ninguna novedad para quien sepa mínimamente algo de Derecho administrativo.

En cuanto a la regulación de la conocida como “propiedad intelectual”, ningún cambio relevante. Siendo así, no entiendo muy bien la razón de que todo el mundo hable de la “ley Sinde” como si ésta hubiera inventado la pólvora, definido por primera vez los derechos de autor, o cambiado gravemente el panorama actual. La gravedad de esta reforma estriba en la manifiesta arbitrariedad de los poderes inicialmente conferidos a la ya de por sí peligrosa Sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Ortega (y Gasset) escribió que en el mundo romanista “propiedad” equivalía al derecho a los frutos que dieran ciertos bienes. Es una definición demasiado amplia que nos permitiría afirmar la existencia de una “propiedad” de tipo intelectual, sobre intangibles, ideas o composiciones intelectuales y artísticas. Acudiendo a una definición más estricta de propiedad, hablaríamos de “gozar y disponer sin más limitaciones que las establecidas en las leyes” (artículo 348 del Código Civil). Hablar de “controlar” quizá sea excesivo, porque lo cierto es que no controlamos todo lo que es nuestro, y no por mantenerlo hasta cierto punto incontrolado, deja de serlo. La propiedad jurídica tiene límites. La propiedad cavernícola equivale al poder, inmediato e irresistible que alguien logre ejercer sobre ciertos bienes escasos. El Derecho tiende a formalizar la institución mejorando los detalles de su expresión y su utilidad dentro del tráfico jurídico y mercantil. Esa es la propiedad del mundo libre y civilizado. Sea como fuere, en la sociedad en que vivimos no cabe que neguemos cierto reconocimiento a la creatividad y el producto de la misma. Los derechos morales y económicos de autor, sean éstos propiedad en sentido estricto, o no, existen y reciben amparo en las normas que hacen posible la convivencia. Si regresamos a la definición orteguiana, que se refiere exclusivamente a los frutos, tal vez comprendamos mejor que lo que protege el Derecho no es un imposible “control” sobre lo intangible, sino el derecho a excluir a terceros en cuanto al posible lucro económico producido por la explotación de determinado tipo de composiciones intelectuales o artísticas. El caso de una canción o una novela es claro. Otros, que versan sobre aplicaciones industriales, ingenios, artefactos y demás, exigen mucho más rigor en la delimitación de un posible dominio sobre el lucro posible. Pero volvamos a lo artístico e intelectual que sí cabe ser definido con meridiana simpleza: un poema, una novela, una sinfonía o la letra de una canción. El autor no puede impedir que alguien lo recite, tararee, o lo fije en un soporte material. No puede impedir que la idea habite en la mente de otros, como tampoco que, a partir de copias legítimas, se reproduzca su composición en nuevos soportes. Existe, por tanto, el derecho de cualquiera a hacer o conseguir una copia privada. El autor, así mismo, recibe el reconocimiento moral sobre la integridad de su obra: se castiga el plagio en todas sus formas, como expresión fraudulenta de quien trata de engañar al público presentando como suyas composiciones complejas preexistentes creadas por otro.

La Ley de Propiedad intelectual es básicamente respetuosa con esta tradición de reconocimiento de la autoría intelectual y artística. Regula el derecho a la copia privada como manifestación de esa singular condición de los bienes protegidos, que no son sino ideas que pululan por el orden social descontroladas. Pero cosa muy distinta es la obtención de un lucro a partir de la explotación de una obra cuya autoría no nos pertenece sin que medie un contrato con su legítimo creador. La propiedad “intelectual” orteguiana equivale al derecho sobre los frutos, no al control material ejercido sobre el bien (que, en este caso, es imposible).

No obstante, la vigente legislación sobre derechos de autor comete varios excesos que sí merecen total oposición. En primer lugar, si bien es cierto que reconoce el derecho a la copia privada, al mismo tiempo impone un impuesto general a modo de “compensación” por el ejercicio de dicho derecho. Esto carece de sentido, puesto que un derecho, por definición, no puede generar daños indemnizables. Reconocer lo primero hace ilógico el derecho a la compensación por copia privada. En segundo lugar, aun asumiendo que los creadores tuvieran derecho a dicha compensación, no es sino un alarde colectivista, que este “derecho personal” sea transferido imperativamente a determinados entes creados para la gestión su gestión conjunta. Se trata de un derecho indisponible, al que no podemos renunciar y que además se convierte en una vía de financiación para este tipo de entes de gestión que, a su vez, establece criterios propios para la redistribución del botín cosechado año a año.

Resumiendo: la ley Sinde descafeinada no es la gran amenaza contra la libertad individual que muchos quieren ver; la ley de propiedad intelectual posee un fondo de verdad y justicia innegable; sin embargo, a pesar de lo anterior, incluye también excesos de corte colectivista y gremial, en forma de impuestos (el dichoso canon) con los que se subvenciona un lucro ilegítimo a favor de quienes integren y controlen las sociedades de gestión de “derechos” de autor.

Saludos y Libertad!

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3 comentarios leave one →
  1. enero 28, 2011 5:25 pm

    “Resumiendo: la ley Sinde descafeinada no es la gran amenaza contra la libertad individual que muchos quieren ver”

    Nooo, qué vaaa… La ley, tal como ha quedado tras el pacto con el PP y CiU, usa al juez simplemente para identificar al denunciado y ejecutar la sanción que imponga un órgano político designado a dedo por el gobierno. Y como denunciaba estos días Sergio Rodríguez en un detalladísimo artículo: Si alguien se pusiese quisquilloso, se podría pedir el cierre del 95% de las páginas web españolas. Y no exagero, desde el blog con menos tráfico a los medios de comunicación más grandes.”

    Vamos, que no tenemos de qué preocuparnos, ¿no? En fin…

    • enero 28, 2011 8:25 pm

      Lo que digo es que la ley Sinde no aporta nada sustantivo, sí procesal. Pero despojando a la sección segunda de su poder típicamente administrativo de ejecutar apremiando directamente a los sancionados, se acaba en gran medida la polémica suscitada. Por eso expongo también lo sustantivo, para que quien lo estima injusto de razones y argumente un poquito. Para criticar la legislación vigente es necesario conocerla. Yo no soy un experto, pero hay puntos clarísimos. Yo critico lo que critico, y tú?

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