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Polucióname

febrero 12, 2011

A los gobiernos unas veces se les pide que nos dejen hacer, y otras que nos impidan hacer. Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia contra Gallardón y Botella (sí, la mujer de Aznar) por “no garantizar el derecho a respirar un aire limpio”. No está claro el tipo penal por el que se denuncia a los regidores, porque lo cierto es que echando mano del Capítulo III del Título I de la CE, y de la larga lista de leyes, reglamentos, ordenanzas y demás morralla legislativa, podríamos hartarnos a poner denuncias, si bien todas ellas acabarían del mismo modo: archivadas.

La boina de Madrid, y no la de Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza, que también son grandes ciudades con serios problemas de polución, tiene visos de convertirse, junto con Gürtel, en los dos temas de campaña para los socialistas.

El asunto de la acumulación de humos sobre las ciudades, formando esa capa de smog tan fácilmente apreciable desde las afueras, no es nuevo ni tiene porque revestir la gravedad denunciada. Problemas con la contaminación atmosférica la tienen en China, que en comparación con casi cualquier ciudad española, está a años luz sea cual sea el criterio de evaluación utilizado. Esto no quita que debamos admitir lo que es, por otro lado, una supina obviedad: el aire de las ciudades nunca será tan puro como el que pueda respirarse en la sierra, por ejemplo. Coste que debe soportar, le guste o no, quien habita en grandes urbes. La alternativa es imposible, contradictoria con la naturaleza de la aglomeración urbana. Las ciudades proporcionan muchos más beneficios al bienestar y la prosperidad de los individuos de los que podemos imaginar, si bien ha de ser una preocupación de todos minimizar aquellas externalidades negativas generadas por la comodidad. Desconozco si a Ecologistas en Acción o la Ministra de Medio Ambiente (rural y marino, ejem) se les escapa que son los tubos de escape de sus vehículos y sus calefacciones lo que más polución in situ produce, esto es, dentro de la propia ciudad. Alejar las fuentes de emisión contaminante es una estrategia adecuada, pero no siempre suficiente. Si queremos autobuses que no polucionen, quizá tengamos que pagar más por el billete, o renunciar a otros servicios públicos para que este destino acapare una mayor inversión. Esto es legítimo plantearlo, tal y como está organizada nuestra sociedad, pero me parece hipócrita siquiera insinuar que la responsabilidad exclusiva de la calidad del aire que respiramos los madrileños pertenece a su alcalde o a su concejal de medio ambiente. Sobre todo, porque las propuestas realizadas por la oposición, el ministerio, o los ecologistas, no incorporan una alternativa asumible. Unos porque directamente condenan pero no ofrecen nada a cambio, y otros, los ecologistas, porque en su ecuación existe un elemento insoportable: la extinción de 99% de la población humana del planeta. La opinión pública no tiene mimbres suficientes para aclarar sus opciones, y eso parece claro.

Regular la circulación de vehículos particulares exige mucho más que una ordenanza en términos generales. Restringir el acceso al centro, por ejemplo, no basta si no se acompaña con un refuerzo de los servicios colectivos de transporte, e incluso una revisión integral del sistema mismo de circulación colectiva (autobuses, metro, y…). Privatizar el disfrute de las calzadas comprendidas dentro de barrios o zonas residenciales, concediendo sólo a sus vecinos el derecho a circular y aparcar en ellos, también es una alternativa que se viene ensayando mediante las Zonas restringidas (Embajadores, Barrio de las Letras), o los parquímetros, con su efecto disuasorio. Pero la protesta no puede pretender que los coches desaparezcan, ni que el individuo vaya a disfrutar de un aire más limpio sin asumir ciertos costes, como un precio elevado de vehículos con tecnología menos contaminante, el encarecimiento del precio de la vivienda en aquellas zonas con tráfico regulado o “privatizado”…

Todo esto depende de la voluntad política, de la capacidad de imponer regulaciones que restringen unos derechos para garantizar ciertas calidades que no todos demandan. La controversia es evidente, entre quienes defendemos que sea el mercado, es decir, las preferencias libremente expresadas por los individuos, y quienes apuestan por la planificación central de la distribución de las fuentes de polución y los costes derivados. Esto último no sólo es ineficiente, sino que compromete la mera posibilidad de descubrir mejores formas de dispersar la contaminación o alejarla de los núcleos urbanos.

Lo que parece claro es que un Alcalde no puede ser responsable de los efectos del tipo de vida que llevan sus ciudadanos. La boina de smog procede de todos y cada uno de nosotros. Quien vive en una ciudad, o decide entrar en una para desarrollar actividades varias, no tiene el “derecho” a exigirle a nadie, ni siquiera a su alcalde, que se le compense por el coste, evidente, que representa el tener que soportar un aire relativamente viciado. Una externalidad negativa puede ser origen de reclamación cuando se posible determinar con precisión tanto su fuente como la no obligación a soportarla del afectado. Esto no sucede cuando todos polucionamos con mayor o menor intensidad. Tratar de compensar esto a través de impuestos es complejo y no siempre castiga a quien más contamina dentro de una ciudad. Sobre todo porque los efectos compensatorios tampoco serán distribuidos exactamente en proporción a los niveles de polución soportados por cada individuo. Conviene, por tanto, que incluso desde la perspectiva de las administraciones públicas, se recurra más a criterios de mercado, o asimilables a él, que a la torpe, ingenua pero estricta regulación y fiscalización de las acciones y la vida de los ciudadanos.  

Saludos y Libertad!

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3 comentarios leave one →
  1. febrero 13, 2011 5:36 pm

    Hola.
    Las soluciones que usted plantea me parecen muy lógicas e interesantes, pero difíciles de aplicar. Sobre todo por la cultura del derroque que hay en este país, incluso a pesar de la crisis. Estaría bien, no obstante, que se aplicaran medidas similares a las que se han aplicado en países más civilizados que el nuestro, como Canadá, Reino Unido o Alemania.
    Pero su artículo creo que no llega al fondo del asunto: de poco sirve que cada coche polucione cada vez menos si cada vez vive, trabaja o hace turismo cada vez más gente, y cada vez una mayor proporción de esa gente dispone de coche propio. Ahora los jóvenes tenemos enormes dificultades para encontrar trabajo, pero no para comprar un coche, a la vista de los atascos.
    Por supuesto, no se puede estar en contra del derecho a tener coche de los demás, pero la ciudadanía en general y los gobernantes en particular deberían estar cada vez más concienciados de la necesidad de dotarnos de un transporte público barato, eficiente y omnipresente (pero ecológico) que desincentive el uso del coche, así como de un plan para construir carriles ciclistas y subvencionar la compra de bicis en lugar de la de coches.

    • febrero 13, 2011 8:45 pm

      ¿Y por qué han de ser los poderes públicos? ¿Por qué no los privados? Nunca sabremos si invirtiendo en determinados medios de transporte recursos previamente obtenidos coactivamente de los ciudadanos estaremos dotando a las ciudades de sistemas de transporte eficientes. Nunca justos, porque justo sólo puede ser lo que proceda de intercambios libres y voluntarios en los que todas las partes satisfacen sus propios fines obteniendo más valor (subjetivo) del que entregan. Como sea, el transporte colectivo debe ser, como el particular, privado. Compitiendo, innovando, casando con otras preferencias como la de vivir en zonas sin apenas polución y aún así poder ir y volver al centro urbano sin tener que tragarse un atasco. Ese es el resultado más evidente de las políticas públicas de organización del transporte: entradas y salidas, en hora punta, atiborradas de vehículos con un solo ocupante. El urbanismo “liberal” tendería a definir los ámbitos, comerciales, industriales o residenciales, de manera mucho más cómoda y eficiente. Y en cuanto a las ciudades ya compuestas, tendería igualmente a proporcionar medios que ni siquiera podemos hoy concebir, y de una manera mucho más eficiente que el rígido y cegado Estado.
      Coincido contigo en que el transporte colectivo es la piedra angular de un urbanismo sostenible, pero no creo en su planificación centralizada.
      No tengo coche, así que siempre que voy en uno, lo comparto. No soy enemigo de este medio de transporte, pero disfruto caminando, yendo en metro o en autobús. Pero si viviera en la sierra, o en determinadas zonas, seguramente no tendría otro remedio, por trabajo, ocio y necesidades. Así que no resitrinjamos, y dejemos que sea el mercado donde cada cosa se ponga en aquel sitio donde las valoraciones y preferencias libremente expresadas de todos nosotros dispongan.
      Saludos!

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