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La Ley de la Cañada

marzo 4, 2011

La Comunidad de Madrid ha tenido el valor de proponer una solución factible al gravísimo problema de integración social e indefinición jurídica del asentamiento cuasi chabolista de la Cañada Real. En realidad no todos son infraviviendas, ni mucho menos. Más de 30.000 personas conviven a lo largo de varios kilómetros dentro de, al menos, 3 grandes municipios. Incluida la Capital. Dominio público ilícitamente ocupado desde hace demasiado tiempo. La solución lógica es evidente: promover su desalojo y devolver al corredor su natural función como eje pecuario, convertido en zona verde y de esparcimiento para los ciudadanos. Pero resulta que son miles las construcciones, personas y familias que habitan “ilegalmente” la zona. Su realojo no sólo sería complicado, sino muchas veces inapropiado, por no decir injusto. La propiedad puede adquirirse por la mera ocupación pacífica durante un periodo de tiempo suficiente, pero únicamente si se cumplen alternativamente cualquiera de los siguientes requisitos: justo título y apariencia de buen dueño, o que el bien ocupado sea res nullius, de nadie o sin dueño.

La ley de la cañada promovida por el gobierno de la Comunidad de Madrid pretende solucionar el gravísimo problema social desde un presupuesto “legalizador”. Dado el carácter público, y rústico, del territorio afectado, la ley, si no he entendido mal (no he leído el texto, sólo lo que se ha escrito sobre él) posibilitará su conversión en suelo urbano, permitiendo a la propia Comunidad de Madrid enajenar los terrenos a particulares. De esta forma, y atendiendo a la naturaleza de la ocupación de cada caso, podrá legalizarse tanto el dominio como las construcciones y obras de urbanización ya realizadas. De igual manera, podrá intervenirse con carácter ordenador del territorio, dotándole de infraestructuras sanitarias, suministro y demás servicios urbanos.

La oposición al proyecto de ley es variopinta y utiliza diversos argumentos. En general, la izquierda lamenta no haber tenido ella la idea y se escudan en reticencias de tipo medioambiental, temerosas de que la Cañada acabe siendo “víctima de la especulación salvaje” y cosas por el estilo. También se habla del “riesgo de exclusión social” que amenaza a todos aquellos que no logren consolidar en forma de títulos de propiedad su efectivo dominio sobre terrenos o construcciones. Pero, ¿acaso no es ahora cuando existe más precariedad y riesgo sobre todos esos factores? Realojar a una parte será siempre menos perjudicial o dramático que realojarlos a todos, o peor, dejar que sigan viviendo en la infraurbanidad y la máxima desintegración concebible, en el que ya es el poblado “chabolista” más grande y populoso de Europa.

El Ayuntamiento de Madrid, como gran administración afectada, hila un poco más fino, ajustando su laxa oposición (moderada sólo por mero partidismo) al engarce de esta nueva ley con la legalidad vigente sobre el suelo, la ordenación urbana o los límites previstos en cuando a la proximidad de zonas residenciales con respecto a vertederos, corredores ferroviarios, carreteras o el propio aeropuerto. Frente a esto, un argumento muy sencillo: la situación actual de la cañada real, sus calles, caminos y construcciones, está consolidada desde hace años y, lo que es más importante, seguirá sumando años en su haber si no se toman medidas radicales que, hasta la fecha, no ha tomado ningún gobierno autonómico o local. Sería como tratar de aplicar la normativa vigente a la ordenación histórica de cualquier municipio con más de un siglo de historia.

Es un tema complejo que exige un debate mucho más serio. El gobierno de Aguirre ha sido valiente en su apuesta. La controversia suscitada es consustancial al carácter radical y razonablemente discutible del contenido de la ley. Lo que lamento es que quienes se oponen no quieran en realidad solucionar el problema de tantos miles de personas, sino, simplemente, utilizar la cuestión con fines bien diferentes.

Saludos y Libertad!

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