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Tasas judiciales

noviembre 23, 2012

El incremento y la extensión de las tasas judiciales han provocado que la mayoría de los profesionales del Derecho se unan en la oposición frente a esta nueva medida del gobierno de Rajoy. Sin embargo, la aparente coherencia que se infiere del consenso crítico suscitado, corre el riesgo de ser interpretada como una simple reacción corporativista, proveniente sobre todo de abogados y procuradores, por ser ellos los profesionales económicamente más afectados. Sea como fuere, conviene revisar qué modelo de administración de justicia y asistencia jurídica tenemos en España, y cómo se financian en todas sus fases.

Si, dejando al margen la singular naturaleza de la jurisdicción penal, establecemos dos sistemas contrapuestos de administración de justicia, en función de su carácter estrictamente público o privado, resulta mucho más sencillo de entender en qué lugar se encuentra nuestro modelo, y hacia qué dirección apuntan las distintas propuestas o reformas planteadas. En cualquier caso, asumiremos que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva debe ser garantizado por los poderes públicos, en el sentido de que los mismos proporcionen asistencia jurídica gratuita a quien no tenga capacidad económica para ello. Las diferencias entre justicia pública y justicia privada, que entonces nos preocupan, serían fundamentalmente en materia de costes del servicio, tomado éste desde todas sus perspectivas.

En un sistema judicial público, todos los costes vinculados los soporta el presupuesto del Estado. Esto es, todos los ciudadanos a través de sus impuestos. La Administración de justicia está formada por funcionarios públicos, y se ejerce con medios de idéntica titularidad. Los profesionales dedicados a la defensa y la representación de los ciudadanos, serían, en este caso, o funcionarios, o miembros de colegios profesionales, nutridos con fondos públicos, que utilizarían para pagar a los profesionales colegiados en función de su actividad, o mediante un salario. Dichos profesionales serían designados por turno, u otro mecanismo de elección reconocido a los ciudadanos.

En un sistema judicial privado, en el que se presupone la función pública en materia de administración de justicia y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la financiación se realizaría mediante el pago de Tasas, de cuya recaudación se pagaría a su vez la defensa y representación de quienes cumplieran los mínimos establecidos para el acceso a profesionales de oficio. En términos generales, los ciudadanos que superasen esos mínimos, pagarían tasas de acceso a los tribunales, y al mismo tiempo, las minutas solicitadas por los profesionales que libremente designarían para su defensa y representación. Al mismo tiempo, un sistema judicial privado, derivaría de manera espontánea la mayoría de los pleitos civiles, mercantiles y laborales, a un sistema alternativo y competitivo de mediación y arbitraje, que liberaría a juzgados y tribunales de gran carga de trabajo, concediéndoles en su caso una labor de revisión, o meramente ejecutiva, de los laudos y acuerdos recaídos.

Nuestro régimen actual posee rasgos de uno y otro modelo, sin que podamos definirlo como semipúblico o semiprivado en todas sus facetas. Lo que sí puede afirmarse es que las reformas propuestas por expertos, y hacia las que parece encaminarse nuestro sistema judicial, tienen un carácter estrictamente privatizador, respetando los límites establecidos por nuestra Constitución, y en concreto, los derechos fundamentales reconocidos en su artículo 24.

En definitiva, las tasas judiciales no son un mal que debamos combatir, sino una opción deseable cuya progresiva extensión debe realizarse en un contexto fiscal determinado. Si el Estado estima que quien pretende hacer valer un derecho ante los tribunales debe ser quien soporte directa e íntegramente el coste de tal acción, al menos en lo que al presupuesto de administración de justicia se refiere, esto son, las tasas judiciales, ese mismo Estado debería permitir la deducción del coste soportado con dichas tasas, en el pago de otros impuestos. Es decir, lo que el Estado ahorra dejando que los tribunales cobren tasas, no puede pretender ingresarlo por partida doble mediante impuestos, que nutrirán un presupuesto que gracias precisamente a esas tasas judiciales, debería verse liberado de la partida relativa al mantenimiento de la administración de justicia.

En cualquier caso, la extensión de tasas debería orientarse hacia la consecución de varios objetivos, que reviertan en la mejora de la calidad de nuestra administración de justicia. En primer lugar, deben incentivar que los ciudadanos traten de solventar sus diferencias civiles (incluyendo las que nuestra legislación segrega en lo laboral) negociándolas, por sí mismos, o a través de profesionales. Como un paso más allá, las tasas deberían generar un coste más elevado para quienes acudan a la jurisdicción, frente a aquellos que decidan recurrir a los mecanismos de mediación y arbitraje surgidos en un mercado presumiblemente competitivo. Y para el caso de que finalmente los ciudadanos decidan o se vean obligados a recurrir a jueces y tribunales públicos para hacer valer sus derechos, dichas autoridades, liberadas del actual colapso, deberían ser suficientes, disponer de medios adecuados y de tiempo, para mejorar la calidad jurídica de sus resoluciones, y la eficacia de su labor ejecutiva. Limitando el acceso a una segunda instancia, o gravándola mediante tasas elevadas, los jueces de primera instancia deberían realizar un esfuerzo adicional en la motivación de sus resoluciones, lo que beneficiaría enormemente a unos ciudadanos.

Por todo ello, la extensión y subida de tasas no sólo responde a la urgencia presupuestaria en la que se encuentra el Estado, sino que es el camino hacia la consolidación de un sistema de justicia mucho más abierto, eficiente y de calidad, que el actual. Si nuestra justicia se financiara exclusivamente mediante tasas, ello no implicaría la desatención de aquellos ciudadanos que para hacer valer sus derechos en la jurisdicción civil, no tengan otro remedio que solicitar asistencia jurídica gratuita. Todo lo contrario. Precisamente el sistema de tasas judiciales permite coordinar esta cobertura, y garantía de la tutela judicial efectiva, con la litigiosidad existente en cada momento, que sería gravada en función de las necesidades de financiación consolidadas. Pero en cualquier caso, y como requisito básico para lograr que el sistema de tasas, que pagarían sólo aquellos que superasen los mínimos establecidos, no generase dificultades adicionales o añadiera costes indebidos a los ciudadanos, el importe soportado por el pago de dichas tasas debería poder deducirse por todos en el pago de sus impuestos sobre renta y beneficios, sin discriminar entre particulares, profesionales o empresas.

8 comentarios leave one →
  1. JFJ permalink
    noviembre 26, 2012 7:18 pm

    En nuestro sistema judicial hay una jurisdicción, la contencioso-administrativa, que permite recurrir ante el poder judicial tanto la legalidad de normas emanadas de las administraciones con potestad reglamentaria como las resoluciones firmes en vía administrativa a los recursos de los ciudadanos a actos administrativos, que pueden ir desde una sanción por una infracción de tráfico a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones.
    El Estado o cualquier administración son parte demandada en todos los procedimientos contencioso-administrativos. La imposición de una tasa a pleitear en esta jurisdicción añade un coste adicional a las facultades, potestades y prerrogativas exorbitantes que el Derecho Administrativo otorga a las administraciones públicas frente al ciudadano administrado en detrimento de la tutela judicial efectiva reconocida como derecho fundamental en la Constitución.
    Imaginemos un sistema de justicia privada que contemple todos los instrumentos posibles de mediación y arbitraje. Alcanzado el laudo arbitral y aceptado por la partes, debe procederse a su ejecución y en estos casos es preciso la fuerza coactiva del estado para obligar a las partes a ponerlo en marcha, de la misma forma que si en lugar de laudo hubiese una sentencia judicial. Una vez más la tasa judicial es un coste adicional en detrimento de la tutela judicial efectiva.
    Comprendo que hay gente que pleitea temerariamente o que obliga temerariamente a otros a pleitear. Además de la condena en costas, se podría disuadir a estos temerarios imponiendo ciertas tasas con carácter punitivo, en particular en recursos de apelación o de casación.
    El número de recursos de apelación y de casación podrían disminuirse introduciendo medidas que disciplinen a jueces y magistrados, haciendo que su interpretación de la ley se adapte a la jurisprudencia de sus tribunales superiores midiendo su buen hacer por el número de sus resoluciones que no son apeladas o que siéndolo, son confirmadas por el tribunal superior. Muchas apelaciones no tienen más finalidad que alargar los plazos de resolución de un pleito.

    • noviembre 26, 2012 7:33 pm

      Tienes razón en lo que respecta a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Es la solución que hemos adoptado para controlar y controvertir decisiones de la Administración del Estado, y si se ponen tasas es evidente que limita nuestro derecho a defendernos de sus excesos, que son constantes y muy variados. Sucede igual con la jurisdicción penal. Serían dos ámbitos donde las tasas podrían tener más efectos negativos que positivos, por lo que debería compensarse con el resto de jurisdicciones, de las que se obtendrían recursos para no someter a ese coste adicional a todos los ciudadanos que tengan algún pleito penal o contra la administración.
      En cuanto a que las tasas incrementan el coste, no estoy de acuerdo, porque los particulares que acuden a la jurisdicción por temas que exigen hacerlo asistidos por abogado y procurador, ya están asumiendo unos costes a los que el Estado no tiene por qué hacer frente salvo en determinados casos. Las tasas, como la minuta de abogado y procurador, son los costes normales que debería soportar cualquier ciudadano que tenga capacidad para ello. Lo que debe suceder es que este coste, si se ve incrementado por la imposición de una nueva tasa, tienda a ser asumido tanto por el particular como por los profesionales que le asisten, quienes posiblemente puedan reducir sus honorarios y presupuestar el pleito con un pequeño incremento del precio.
      Eso es lo que va a suceder. No nos queda otra. Quizá estemos cobrándoles demasiado a nuestros clientes por un servicio que no siempre exige tanta dedicación y esfuerzo. El corporativismo reinante y cierta actitud entre los abogados, ha venido perjudicando a los particulares más de lo que pueda hacerlo la introducción de tasas judiciales en nuestro sistema.
      Un saludo.

      • JFJ permalink
        noviembre 27, 2012 12:15 pm

        La tasa por pequeña que esta sea es siempre un incremento de coste y su finalidad debe ser ante todo disuasoria del afán de pleitear, unas veces por mero interés en la dilación de la solución definitiva al pleito y otras cuando la pretensión del demandante o la defensa del demandado están insuficientemente fundamentadas. Estas circunstancias las aprecian los jueces y se traducen en la condena en costas que debería incluir la tasa pagada por la otra parte al presentar su demanda o contestar a la que le han planteado. El pago anticipado de la tasa es una garantía de la confianza que el demandante tiene en su fundamentación de la demanda.
        La función del abogado incluye el asesoramiento a su cliente en la oportunidad o no de pleitear dependiendo de lo sólidos que puedan ser sus fundamentos para el pleito. El abogado es también un profesional del Derecho y se presume que lo conoce tanto como el juez. Su función es conocer profundamente el problema y las circunstancias de su cliente y formular y fundamentar su pretensión de tal forma que este conocimiento llegue al juez. Devenga honorarios por este asesoramiento y su cliente debe ser consciente de que debe ser así.
        La tasa debe tener un carácter punitivo en los casos de manifiesta temeridad, como puede ser la intención de dilación o la fundamentación insuficiente. Estas situaciones pícaras pueden darse también en la jurisdicción contencioso-administrativa al intentar retrasar la firmeza de una resolución sobre una expropiación o casos similares.
        No intento transformar nuestro sistema judicial en un sistema donde los jueces estén vinculados por precedentes, como los sistemas anglosajones. Mi comentario es eminentemente práctico. Un juez debe conocer la jurisprudencia de su tribunal superior aunque no esté vinculado por ella. Simplemente, fallar en contra de la opinión generalizada del tribunal que revisará sus sentencias entraña un riesgo alto de revocación de la sentencia y debe requerir una motivación muy sólida y una argumentación de que el caso que enjuicia presenta características que hacen enjuiciarlo de forma diferente que el tribunal superior estudiará con atención si el fallo es apelado.
        Un juez al que se le apelan sólo un 10% de sus fallos y las apelaciones confirman el 90% de las sentencias apeladas, debe tener un porvenir más brillante que otro con mayor antigüedad que ve que el 70% de sus fallos son apelados y revocados la mitad de éstos.

  2. Bastiat permalink
    noviembre 27, 2012 8:16 am

    A mi de todo lo relacionado con la justicia, a la que por el momento no me he tenido que enfrentar en primera persona…. toco madera, hay una figura que no alcanzo a comprender ni su razón de ser ni su obligatoriedad… el Procurador.

    ¿Es que el abogado al que contrato no está capacitado para llevar los asuntos de los que se supone tiene que hacerse cargo el procurador? ¿Necesita el abogado alguien que reciba por el justiciable requerimientos, notificaciones, emplazamientos y citaciones? ¿No está preparado para hacerlo él o el entramado empresarial que organice, porque como tal hay que entender la labor de un abogado, es empresario que ofrece sus servicios en el ámbito de la Justicia? ¿Por qué es obligatorio?

    Eso por un lado, y referido a las tasas en si me parece mal. Y me parece mal porque acceder a la justicia ha de ser gratuita…. Entendiendo gratuita el hecho de que el juez ha de actuar sin que se le haya pagado antes una tasa en concepto. Pero todos sabemos que no puede ser gratuita en cuanto contratas aun abogado. Es el abogado de oficio el que tiene que tener muy bien tasado a quien atiende de manera gratuita y a quien no.

    Y por otro, si es cierto que en este país se pleitea demasiado y a mala fe. Entiendo que sale…. demasiado barato llevar a un vecino al juzgado usando el follón de justicia que tenemos como amedrentamiento ante reclamaciones de unos y de otros de manera un tanto ligera. Creo que aquel que inicie una demanda, un procedimiento y lo pierda debería de acarrearle necesariamente el pago de las costas en forma de indemnización a aquel que ha sido injustamente demandado. Y esto lo digo como principio que creo debería de funcionamiento aunque no tengo claro que ya sea así. Os agradecería que me corrigierais si así fuera.

    Y por último sí creo que los jueces tienes que ser … medidos, calibrados, sometidos al imperio de la ley, por ello si que comparto lo dicho por JFJ en cuanto a que los jueces que dicten sentencias contrarias a la jurisprudencia de tribunales superiores o cada vez que sean apeladas con éxito sean reconvenidos estableciendo si queremos un escalafón para futuros ascensos.

    • JFJ permalink
      noviembre 27, 2012 12:25 pm

      En un pleito civil se suele condenar en costas, que incluyen las de la otra parte, a aquella parte cuya pretensión es rechazada en su totalidad. Si parte de su pretensión es aceptada y otra parte no, no hay condena en costas y cada parte corre con las suyas. La condena en costas a la otra parte suele figurar como parte de la pretensión.

      • Bastiat permalink
        noviembre 27, 2012 12:50 pm

        Gracias….

        ¿Y de los de los procuradores?

    • JFJ permalink
      noviembre 27, 2012 7:23 pm

      Ahí va….

      El Procurador representa al interesado, sea demandante o demandado, que le otorga un poder que le permite comunicarse en su nombre con los Juzgados y Tribunales y recibir de estos cuantas comunicaciones y notificaciones le hacen los órganos judiciales a lo largo del procedimiento. El Abogado asume la dirección letrada de las actuaciones del interesado.
      Es asunto muy debatido la necesidad de dos figuras distintas. En realidad cumplen dos funciones profesionales diferentes y necesarias. Los medios técnicos actuales harán evolucionar la forma de los documentos, su comunicación, autenticación, presentación, registro, notificación y agendas, en definitiva, el procedimiento judicial, pero siempre será necesaria una comunicación ágil y auténtica de los ciudadanos con los órganos jurisdiccionales. La justicia lenta no es justicia ni tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos.

      • Bastiat permalink
        noviembre 27, 2012 11:51 pm

        Una pregunta…. ¿Hay procuradores en los EEUU, en Gran Bretaña, En Alemania?

        Otra….. ¿porqué ha de ser necesariamente, y obligatoriamente, una persona distinta al abogado y su bufete el que garantice una comunicación ágil y auténtica de los ciudadanos con los órganos jurisdiccionales y el abogado sólo dedicarse a”la dirección letrada de las actuaciones del interesado”?

        Ya. Ya se que ya lo he preguntado… pero no lo entiendo.

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