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La sanidad. Pública o Privada.

febrero 11, 2013

En los últimos tiempos, fruto de las medidas de externalización emprendidas por varios gobiernos autonómicos, emulando soluciones que ya funcionaban en España y en el resto de Europa, ha surgido un debate en torno a los servicios sanitarios que, lejos de ser lo serio que debería, ha terminado convirtiéndose en un instrumento de agitación política. Falseando la cuestión, sectores de la izquierda han conseguido definir las reformas como liberalizadoras en tanto privatizan lo público a favor de la empresa privada. Este argumento, lejos de ser cierto, adolece de un defecto fundamental, ya que confunde libertad con regulación por culpa de la mera apariencia. Esto último se entiende a la perfección de la siguiente manera: la categoría del servicio no deriva de la naturaleza de quien lo presta, sino de la fuente de financiación de la que se alimenta, las reglas de lo restringen, y quien toma las decisiones relativas a sus objetivos y presupuestos. Es decir, que por mucho que una función pública la desempeñen personas no sometidas a la disciplina marcial de un ejército, es decir, meros particulares que fueron contratados, u obtuvieron una plaza por oposición, dicha función no pierde su condición de pública. En este sentido, aunque la sanidad que se paga con el presupuesto público, se regula por autoridades públicas, y que es objeto de dirección y planeamiento por parte de los dirigentes políticos de turno, sea prestada por entidades privadas, no pierde ésta su naturaleza. Se trata, por tanto, de modelos de gestión de una misma cosa: la sanidad pública. El debate no es entre público y privado, sino en cuanto a formas de gestión de lo público.

El segundo aspecto más relevante de la discusión es si efectivamente la externalización de servicios sanitarios públicos reduce el coste soportado por los presupuestos de la administración, y al mismo tiempo, mejora la calidad de la prestación a favor de sus usuarios. En este punto, hay cierta controversia, opacidad y tendencia a la manipulación. Lo cierto es que a corto plazo, sí se produce una reducción del gasto por paciente. También es cierto que en general, los pacientes no notan diferencia e incluso agradecen recibir atención en centros “que parecen privados”. Lo parecen porque lo son. Y he ahí uno de los elementos que hacen más atractiva la externalización de la sanidad. El único dato cierto es que todo aquel ciudadano que puede permitírselo, tiende a contratar un seguro privado. La huída de lo público es un hecho constatado. Por eso, quien no puede escapar del yugo de lo público, ve con buenos ojos que se le trate como si la cosa fuera privada. Mejores instalaciones, menor espera, habitaciones individuales… Es lo que la gente busca en la privada en demérito de la pública, la cual, con razón, o muchas veces sin ella, se cree saturada y obsoleta, el menos en los detalles y la comodidad.

Pero volvamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué determinados sectores de la izquierda se empeñan en asociar la externalización con la sanidad estrictamente privada, o un supuesto mercado sanitario? La respuesta es muy sencilla: porque saben que a medio/largo plazo, las ventajas iniciales de la externalización, posiblemente queden diluidas en los vicios inherentes a lo público, que contagian todo lo que tocan, salvo que se refuercen factores como la competencia entre agentes y el avance del sector estrictamente privado frente al público, se preste éste como se preste. Los detractores del modelo, saben que si al final vuelven a aparecer los vicios de la pública, podrán relacionar éstos de forma interesada al carácter supuestamente liberalizador del cambio experimentado, defendiendo así la vuelta de la gestión pública de los recursos públicos, como mejor y única opción. Pero esto no deja de ser propaganda y una manipulación en la que sólo caen los que profundizan poco en la cuestión.

Si la externalización se queda en eso, la mera transferencia de servicios públicos de unos gestores a otros, el destino manifiesto será que vuelvan a aparecer los males de lo público, como son el gasto desbocado, el racionamiento de recursos y la degradación de la prestación. Sólo si la externalización va acompañada de un rápido avance de la sanidad privada, esta sí, como sector del mercado encargado de ofertar servicios sanitarios a aquellos usuarios que, libremente, decidan suscribir pólizas de seguro con empresas estrictamente privadas, existirá una posibilidad de éxito para este modelo mixto. La razón de que esto sea así es tan sencilla como la que explica por qué es imposible el socialismo. Sin precios de mercado es imposible efectuar cálculo económico, y sin cálculo económico cualquier actividad productiva queda condenada al más estrepitoso fracaso. ¿Por qué no sabemos cuánto cuesta una sanidad de calidad? Fundamentalmente, porque no existen precios de mercado. El mercado, por definición, debe ser libre. Lo que ahora existe, pese a la multitud de empresas que ofrece seguros privados, o que presta servicios al cobijo del sector público, no cumple los requisitos que permiten hablar de la existencia de un mercado. Los beneficios que obtienen esas empresas dependen de la asignación presupuestaria, que a su vez depende de un cálculo de costes cuyo origen tampoco procede de mercados sectoriales. Es una cascada de números que falsean la realidad porque no son un reflejo de la misma. Ni las farmacéuticas operan en mercados libres, ni los proveedores de material e instrumental médico lo hacen, como tampoco los funcionarios que trabajan en la pública reciben salarios de mercado. De igual modo, las empresas privadas que prestan servicios para la pública, estiman su beneficio en base a unos costes que tampoco se corresponden con los precios que sí surgirían en un mercado libre, y siempre quedan al albur de la decisión política que establece la asignación presupuestaria por paciente.

Lo único evidente aquí es que los menos interesados en mejorar y salvar la sanidad pública son aquellos que se acantonan en un sistema que no funciona, que no puede pagarse, y que no aguanta en comparación con la privada en muchos elementos que contribuyen a la calidad del servicio sanitario. Los políticos han optado por una salida cortoplacista que les sirva para reducir el presupuesto del año siguiente. Lo que deberíamos exigir los ciudadanos es que este proceso, que a priori es una alternativa al desastre que ahora vivimos, no acabe reproduciendo sus mismos defectos. En este sentido la única opción es que el Estado retroceda, liberalice, permita la deducción de la prima del seguro privado en el irpf, para que el sector estrictamente privado crezca y cubra al mayor número posible de ciudadanos. De esa fuente surgirán las señales, los precios, las expectativas de beneficio, que sabrán guiar a las empresas que también presten sus servicios para la pública. Lo deseable es que, poco a poco, nadie que pueda permitirse un seguro privado, quede atrapado por la pública por culpa de impuestos y cotizaciones injustas. Que sólo aquellos que realmente lo necesiten, acudan a un servicio, el público, que ha de ser excepcional, complementario o de urgencia, pero nunca la base del sector sanitario. De seguir siéndolo, no habrá precios que nos guíen, y por esa razón, no habrá forma de calcular cuánto cuesta una sanidad de calidad sostenible y accesible para la mayoría de la población.

Saludos y Libertad!

5 comentarios leave one →
  1. Espectador permalink
    febrero 11, 2013 12:46 pm

    El único colectivo que puede elegir si con sus retenciones prefiere ser atendido por la sanidad pública o por la concertada, los funcionarios civiles del Estado pertenecientes a MUFACE, elige en un 80% la concertada. Si todos los ciudadanos pudieran elegir, estarían más contentos y resultaría más barato. Eso lo ocultan cuidadosamente los defensores de la Sanidad Pública, que debería llamarse Sanidad Impuesta.

    Es lo mismo que ocurre con las bondades de la Enseñanza Pública. Si a los padres se les diera el cheque escolar, y ellos pudieran elegir, tendrían la enseñanza que desean para sus hijos. Pero eso no lo pueden permitir las apóstoles de lo Público, que son en realidad enemigos de la Libertad.

    El personal sanitario de la Sanidad Pública y los Profesores de la Enseñanza Pública, defienden en realidad sus intereses personales, no los de la población general que les paga.

    • febrero 11, 2013 12:53 pm

      Totalmente de acuerdo.

      • marzo 3, 2013 9:05 pm

        Doy clase en la pública y estoy en parte de acuerdo. Yo si pudiera elegir para mis hijos (cuando los tenga) elegiría concertada hasta la ESO, pero el Bachiller, sin duda alguna, en un Instituto público. Lo malo de la ESO es que la obligatoriedad te obliga a tener al menos durante 1º y 2º personas que te perturban el normal transcurso de la clase.

  2. Hispalense permalink
    febrero 12, 2013 8:50 pm

    Defender con cientos de palabras un estado vacio de responsabilidades sociales, es poco menos que eludir la principal y unica función de servicio público que deben ejercer las administraciones publicas y por ende nuestros representantes politicos. Si queda en manos de entes privados la gestión de los servicios básicos, que garantizan a los ciudadanos de una sociedad, la equidad y tranquilidad en la prestación de unos servicios que dificilmente pueden ser prestados, si el ciudadano cae en desgracia laboral o de salud, si el modelo de redistribución de la riqueza que hasta ahora ha venido funcionando provoca algunos casos de discriminación o mal uso por parte de un tanto por ciento ridiculo de usuarios, lógicamente nuestros politicos y gestores deben de redoblar esfuerzos para atajar situaciones indeseables pero nunca trasladar la responsabilidad a terceros que en todos los casos la unica motivación es la obtención de unos beneficios en detrimento de una calidad en el servicio. Vease los servicios que hasta hace relativamente poco, venian prestándose por la administración del Estado y que en un tiempo record fueron absorvidos por multinacionales que incrementaron los costos por la prestación de los servicios y a la vez chantajean al Estado con posiciones de mejora y compensaciones para seguir prestando sus servicios.

    • febrero 12, 2013 9:44 pm

      Si no hay Estado que chantajear, no habrá “multinacionales” con capacidad para violentar a los ciudadanos…
      Siendo serios. El gobierno civil, como la teoría política ha afirmado hasta que surgió el estatismo y con él el totalitarismo, es la institución política encargada de mantener el orden público. Sin más. Por ejemplo, en el tema de la sanidad, garantizar que no se expanda una epidemia, vacunar a la población o socorrer a la población ante una catástrofe. Para eso no necesita monopolizar servicios, o prestarlos bajo una posición de absoluto dominio.

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