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La dación en pago

febrero 13, 2013

La dación en pago no impide que cada día se celebren cientos de lanzamientos en España. El movimiento que ha convertido este negocio jurídico en el eslogan y la bandera de su campaña de desprestigio a la banca y a la ley hipotecaria, manipula la realidad a su conveniencia.

El desahucio es la penúltima fase de la mayoría de las ejecuciones hipotecarias. Una vez el deudor pierde la posesión de la vivienda, en función de las circunstancias particulares de su crédito, pude seguir obligado personalmente al pago de un remanente no satisfecho mediante el precio de adjudicación del bien inmueble. He ahí el meollo de la cuestión donde la dación en pago puede convertirse en una solución.

La realidad es que el Decreto 27/2012 de 15 de noviembre ha parado la inmensa mayoría de los lanzamientos en viviendas habitadas por personas con pocos recursos o riesgo de exclusión. Lo único cierto es que los bancos, acuciados por el coste procesal que representa la lentitud de la justicia, y conscientes de que existen deudas incobrables, han renunciado a perseguir a muchos ejecutados por el resto de sus días contra el resto de sus bienes, presentes o futuros. Las entidades financieras tienen dos tipos de productos: la hipoteca buena, y la hipoteca de riesgo. Normalmente, las personas que peor lo están pasando con la crisis, pertenecen a ese grupo de créditos de riesgo, concedidos contra una garantía cuyo valor no era ni es un factor determinante. Esto hace que los bancos muchas veces prefieran dejar la vivienda ocupada, a cambio de un alquiler bajo, e incluso nada, con tal de saber que la vivienda adjudicada se encuentre relativamente en buen estado. La realidad es que se han firmado miles de daciones en pago, porque las entidades financieras establecen prioridades, clasifican los créditos en función de su riesgo, y valoran también el rendimiento que podrán obtener de la vivienda adjudicada en un futuro no tan lejano, arrendándola o vendiéndola.

Ahora volvamos a la propuesta de generalizar e imponer con carácter retroactivo la dación en pago. Se trata, en primer lugar, en una enorme aberración jurídica que contraviene de un plumazo multitud de principios fundamentales del Derecho. Las leyes, no por viejas se convierten en ineficientes. En el caso de nuestra Ley Hipotecaria, ésta no hace sino reproducir una institución, la hipoteca, que desde la antigua Roma hasta nuestros días, ha evolucionado y depurado sus defectos. La cuestión es si la norma obliga o no a las partes a descartar la dación en pago dentro de las previsiones contractuales. No sucede ni a priori, y como hemos visto, tampoco a posteriori. La ley simplemente establece un marco normativo que distribuye la responsabilidad y establece los mecanismos para exigírsela a las partes. Nada más. Dejemos esa ley tranquila y centrémonos más en normas cuyo contenido sí que ha sido reformado más recientemente, como la Ley de enjuiciamiento civil.

Frente a la propuesta de los “dacionistas”, caben varias soluciones sensibles y eficaces ante la gravísima situación en la que esta crisis económica sistémica, provocada por la banca central y los Estados mediante la expansión artificial del crédito, entre otras causas. Primero, revisar los porcentajes de adjudicación, con y sin postores, previstos en la LEC. Esto compromete en gran medida la estabilidad financiera de los bancos, que calcularon sus expectativas, o iniciaron procedimientos guiados por esos límites. Alterarlos, como hizo el último gobierno del PSOE, exige el concierto con la banca, y hacerlo de forma comedida. Quizá se puedan revisar de futuro, lo que afectaría al precio de tasación previsto en la escritura de hipoteca, el cual debería ajustarse no tanto con el precio de mercado del momento, como por una valoración más conservadora que tratase de eliminar el efecto de la burbuja, si ésta llegara a reproducirse.

Sin embargo, la solución más razonable, y que incluye la dación como una alternativa, y no una imposición caprichosa movida por quien no entiende, o no quiere entender que la estabilidad institucional es una de las claves de progreso económico de una nación, es mejorar y regular la quiebra personal. El concurso de acreedores de personas físicas, así como los mecanismos de mediación y arbitraje, previos a acudir a la jurisdicción, son las asignaturas pendientes de nuestro ordenamiento jurídico. No parece razonable que las personas jurídicas se beneficien de un procedimiento de liquidación o saneamiento, para el que las personas físicas no encuentran más que obstáculos y limitaciones.

Un hipotecado, desempleado, sin más bienes, ni previsión de tenerlos por herencia, al menos no para llegar a pagar algún día el remanente de su crédito tras la adjudicación de la vivienda por el banco, no debería convertirse en un paria social por culpa de esa circunstancia. Cada uno debe asumir su responsabilidad, pero existen las segundas oportunidades, los fallidos, las quitas, la renegociación de la deuda, los acuerdos de pago, o la dación. Los bancos tambien deben asumir el riesgo que supone prestar a tan largo plazo. Estos pactos, entre deudor y acreedor, deben realizarse con garantías y límites que favorezcan a quien se halle en riesgo de exclusión por una insolvencia irresoluble. Mediadores y árbitros aligerarán el número de procedimientos concursales que finalmente alcancen a los órganos jurisdiccionales, generando soluciones ágiles y satisfactorias para ambas partes.

La plataforma en contra de los desahucios y a favor de la dación en pago, tiene dos rostros. Uno solidario, con el que casi todos comulgamos, sensible ante las dificultades de personas que se ven atrapadas por las circunstancias, sin alternativas sencillas, sometidas a la rigidez de nuestras normas y procedimientos. Pero también esconde una vocación subversiva y totalitaria, que busca reventar el sistema atacando uno de sus pilares básicos. Los principios generales del Derecho no son negociables. Su evolución debe permanecer ajena a los cambios legislativos y el capricho de quien los diseña.

Esperemos que una vez aceptada a trámite la iniciativa legislativa popular, la cordura prepondere sobre la visceralidad y la demagogia. El debate debe orientarse a resolver las cuestiones que aquí he tratado: la quiebra personal, el procedimiento concursal para personas físicas, el sistema de arbitraje y mediación como paso previo a los tribunales, y la revisión del procedimiento de ejecución hipotecaria y los porcentajes de adjudicación, acordando en cualquier caso con la banca los efectos retroactivos de la reforma.

Saludos y Libertad!

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