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Proceso constituyente

febrero 18, 2013

Siguiendo esa costumbre de arrimar el ascua a nuestra sardina, cueste lo que cueste, aprovechando las circunstancias, e incluso el drama de muchos, la izquierda y el nacionalismo aspiran a que la crisis económica se traslade también al orden político expresado en la constitución de 1978.

Los nacionalistas catalanes han declarado su determinación de romper la unidad de España, segregando aquella región al margen de las previsiones constitucionales y la legalidad. Los nacionalistas vascos, una vez se aclare el destino de ETA y el encaje de Batasuna en el sistema de partidos regional, lanzarán su particular órdago en esta misma dirección. El PSOE, agotado y desorientado, pretende apagar fuegos sugiriendo federalismo, si bien, por lo general, se mantienen en el consenso de 1978, que en definitiva, es de lo que han estado comiendo hasta la fecha. La izquierda que sí plantea un claro desafío contra el orden constitucional vigente, y aspira a que su visión del Estado y la economía inauguren un nuevo régimen distinto al que ahora tenemos, es la que se mueve en la órbita de IU, y los movimientos ciudadanos que ella misma alienta.

Para comprender si estamos en los albores de un cambio de régimen primero debemos analizar los factores que dotan de estabilidad a cierto orden constitucional, y qué requisitos y circunstancias lo hacen tambalearse. En cualquier caso, para que suceda un auténtico cambio de régimen debe haberse producido con anterioridad una trasformación sustancial del consenso social que sostenía el régimen anterior.

En 1978 estaba en crisis la forma política del Estado, que no casaba con la evolución económica y moral de la ciudadanía. Estaba en crisis la situación internacional de España y su incorporación en los ámbitos de compromiso de su entorno. Lo que no estaba en crisis era el modelo de Estado, que avanzaba hacia el Bienestar y la carga fiscal que ello conlleva, así como su carácter tuitivo. La transición resolvió cuestiones y diluyó contradicciones, dejando que la España real traspasase más allá de los límites impuestos por el franquismo. El consenso de aquel cambio de régimen se apoyó en cuatro pilares: importación del sistema de bienestar e intervención europeo, la monarquía como factor de estabilidad en reconocimiento a su labor activa a favor de la transición política, la autonomía de las regiones y el municipalismo, y por último, el sistema de partidos, que desde la legalización del PCE, abrió la puerta a cierta pluralidad que espontáneamente desembocó en un bipartidismo imperfecto o moderado.

Visto lo anterior, situándonos en la actualidad, sumidos en un contexto de recesión económica y crisis moral profunda, algunos tratan de interpretar el momento político que vivimos, cargado de desconcierto e improvisación que provocan hartazgo e impaciencia en la ciudadanía, como una oportunidad para imponer su régimen particular a todos los españoles.

No nos engañemos. Cuando la extrema izquierda habla de abrir un proceso constituyente, no lo hace con la voluntad de inaugurar un periodo de entendimiento que siente las bases de un régimen más eficaz que satisfaga las reivindicaciones populares sobre las que existe un consenso suficiente. La extrema izquierda, como el nacionalismo, lo que busca es debilitar el régimen actual para intervenir de manera agresiva e irresponsable, tratando de afianzar posiciones que sólo a ellos satisfagan.

No es cierto que el consenso social de 1978 se tambalee. Lo que se resquebraja es su desarrollo y culminación durante estos años. Las instituciones que plantea siguen gozando del apoyo ciudadano. No tanto quienes las representan.

La monarquía no está en cuestión, sino por su opacidad y los errores personales cometidos por alguno de sus miembros, incluido el jefe de Estado.

El sistema de partidos tampoco ha sido desahuciado por la ciudadanía, que ha mantenido hasta la fecha altos índices de participación en las elecciones. Lo que se cuestiona es su trasparencia, el sistema de favores, clientelas, asesores, financiación, democracia interna… Lo cierto es que ni siquiera el bipartidismo está realmente en peligro (al menos no por el momento) ya que el avance de IU y UPD sólo redunda en esa “imperfección” de la que hablaba más arriba, si comparamos el nuestro con un bipartidismo perfecto como el norteamericano.

Tampoco está en cuestión el modelo territorial en sí mismo, sino el reparto competencial, la corresponsabilidad, el sistema de financiación, la lealtad institucional y la duplicidad existente entre administraciones.

El Estado de Bienestar, entendido como garantía de un sistema de pensiones, educación y sanidad universales, tampoco está siendo cuestionado por la inmensa mayoría. El debate gira en torno a su gestión, la viabilidad de las fórmulas vigentes, y su convivencia con la iniciativa privada.

Lo que sí estamos experimentando es una creciente demanda por parte de la ciudadanía de enmiendas rotundas al modelo vigente. Crece la exigencia para que cambie el sistema electoral. Se reclama más contundencia contra la corrupción, más transparencia y agilidad a la hora de exigir responsabilidades inmediatas en forma de ceses y dimisiones. Se está consolidando la impresión sobre que el rey debe abdicar en favor de su hijo, en un escenario donde el yernísimo sufra las consecuencias sin atenuantes. La gente pide que se eviten futuras crisis. Que las estructuras que la hicieron posible se depuren. Y que no paguen sólo algunos por los errores de todos, más cuando una minoría parece no haber sufrido ni siquiera la parte de responsabilidad que tendría que haberles correspondido.

Muy al contrario de lo que opinan las mentes totalitarias que sueñan con un derrumbe incontrolado del régimen de 1978, la mayoría social sigue cómoda en sus consensos básicos, reclamando, eso sí, que se aprueben enmiendas contra vicios que son evidentes para todos. No digo nada del contenido de esas enmiendas, porque ahí sí que se tendrá que producir un debate que recabe mayorías suficientes con las que sacar adelante las reformas. No se puede, como hace el PSOE, tratar de imponer una solución federal, cuando la realidad es que nuestro modelo autonómico permite variaciones dentro del marco de unidad y cooperación existente. A priori, las fuerzas políticas no deben acudir a un proceso de enmienda con maximalismos que no reflejen el sentir mayoritario de la sociedad. Es ahí donde se aprecia el desconcierto de los socialistas, que no saben cómo reaccionar. Y es ahí también, donde puede contemplarse la malicia inherente a la extrema izquierda, que busca enfrentar y depurar a los ciudadanos sin importarle las consecuencias que ello tenga.

Saludos y Libertad!

6 comentarios leave one →
  1. febrero 18, 2013 3:32 pm

    La extrema izquierda? Hablas del PSOE como extrema izquierda?
    No creo que sea como dices para enfrentar, sino como apuntas en el principio del post, es una consecuencia de su desorientación políticos por lo que tiran por ahí. Es una propuesta y la verdad es que apoyo el federalismo en cuanto a que pone negro sobre blanco en cuanto al lío competencial. Pero también coincido en lo que dices que el modelo autonómico da mucho margen y que meterse ahora en ese berenjenal es un lío de mil demonios.

    • febrero 18, 2013 4:09 pm

      Creo que he tratado por separado a PSOE y extrema izquierda. Por favor, vuelve a leer el post, y si sigues pensando que eso es lo que he escrito, me retracto.

      • febrero 18, 2013 6:46 pm

        No se, me dio esa impresión. Perdona.

      • febrero 18, 2013 6:47 pm

        Por cierto me gusta más tu nueva foto de encabezamiento del blog.

      • febrero 18, 2013 8:24 pm

        Es invernal. A ver si en primavera la cambio por otra más luminosa.

      • Espectador permalink
        febrero 18, 2013 7:05 pm

        Creo que estaba claro. No tiene que retractarse de nada.

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