Del matrimonio civil y sus enemigos

La polémica suscitada por los comentarios del ministro Fernández Díaz ha dejado de manifiesto que vivimos en una sociedad donde el pensamiento único y lo políticamente correcto han tomado el ámbito antaño ocupado por los dogmas de fe y la superchería popular.

Resulta que el ministro ha aprovechado su presencia en el coloquio sobre Religión y Espacio Público, celebrado en la embajada española en el Roma, para realizar las siguientes manifestaciones

“Si nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada”.

Fernández Díaz se refiere al matrimonio civil, dado que el canónico y su naturaleza heterosexual queda fuera de toda duda. Dice que la ley debe mantener los privilegios concedidos tradicionalmente a las uniones heterosexuales, y para ello utiliza el argumento de que sólo éstas garantizan la pervivencia de la especie. Es su opinión. Y se trata de una opinión contenida, porque no juzga la calidad personal de las personas homosexuales, sino que se posiciona a favor de que la legislación tome una determinada orientación, distinta a la que ahora tiene. Dado que el matrimonio civil, y las instituciones jurídicas relacionadas, pueden alterarse, como así se viene haciendo desde hace siglos, parece legítimo que cada cual muestre en público su opinión al respecto. Se llama pluralismo intelectual. Nada más.

Quien no opine como el ministro, en vez de sacar a pasear ese talante tan intransigente y sectario que algunos tienen, podrían tratar de rebatirle con argumentos de mayor calidad que los suyos. O mejor aún. No prestarle demasiada atención. Por lo que parece, la mayoría de los españoles mira con aprobación o indiferencia que las uniones homosexuales hayan alcanzado el estatus jurídico del matrimonio civil tradicional por medio de la asimilación. Lo que en su día suscitó cierto debate en la calle, hoy ya nadie lo discute.

En mi opinión, que es tan legítima como la del ministro, o la de esas fieras dogmáticas que pretenden acallar a cualquiera que se salga de la corrección política y el pensamiento único, son tan enemigos de la institución del matrimonio los unos como los otros. Tanto el ministro como los viejos activistas partidarios del matrimonio de parejas del mismo sexo, creen que éste debe seguir siendo el único acceso para que dos individuos que conviven y se quieren, gocen de determinadas garantías jurídicas. Ambos comenten el error de aferrarse a una institución civil obsoleta y desfasada para resolver situaciones personales que hace tiempo superaron sus límites.

El matrimonio no sólo ha quedado adulterado por la introducción contracultural de la posibilidad de que personas del mismo sexo lo contraigan. El hecho de que la disolución haya dejado de exigir una causa, o que la filiación extramatrimonial surta los mismos efectos en la relación entre el progenitor y su prole natural, suponen transformaciones que demuestran que nuestro código debería haber abandonado hace tiempo al matrimonio, dejándolo como una reliquia ineficiente para el momento social que vivimos. Los individuos deben poder decidir todos los efectos de su convivencia, dejando a la ley la regulación, dispositiva o imperativa, para las consecuencias jurídicas que se derivan del nacimiento (filiación, parentesco, alimentos) y la muerte (legítimas, sucesión natural). El resto de actos y negocios jurídicos, incluido el matrimonio, deben quedar a disposición del individuo, que haciendo valer la autonomía de su voluntad, decida cómo disponer sobre sus bienes, o la manera de ordenar sus relaciones y vínculos personales.

Enemigos del matrimonio son todos los que se aferran al mismo como un arma arrojadiza al servicio de concretas definiciones morales y culturales de lo que debe o no ser la convivencia entre individuos, que, liberados al fin del corsé de su estado civil, deberían poder definir por sí mismos el régimen jurídico y económico en convivencia. Esta es la única alternativa tanto a la visión recalcitrante del ministro, como a la posición contracultural y absurda de quienes creen estar extendiendo derechos cuando lo único cierto es que han logrado ensanchar servidumbres.

En este debate, que no está cerrado, el ministro de interior tiene las de perder y se halla en una posición desfavorable. El pensamiento totalitario de algunos, en vez de discutirle, pretende expulsarlo de la vida pública. Esta quizá haya sido la consecuencia más reveladora de esta pequeña polémica. Como decía, los dogmas de fe y la superchería ahora tienen forma de pensamiento único y corrección política. La inquisición es mediática, y sus jueces, personajes de la extrema izquierda que se creen valedores de una nueva verdad revelada.

Saludos y Libertad!