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Las razones del Gobierno de Madrid

enero 29, 2013

Las idas y venidas a costa del dichoso euro por receta no son sino la muestra de la que viene siendo la estrategia del gobierno de la Comunidad de Madrid en lo que al equilibrio presupuestario y la financiación autonómica se refiere. El patriotismo enarbolado tanto por Esperanza Aguirre como por su sucesor, Ignacio González, va más allá de meras declaraciones ante los medios o aprovechando actos e intervenciones en la Asamblea regional. Y todo, en un contexto económico y político muy concreto, en el que desde hace nueve años, la Comunidad de Madrid está siendo castigada en términos de inversión y reconocimiento poblacional de cara a una mejora en la financiación. Madrid no puede soportar ni un minuto más que España se haga a su costa, y sea ella, principalmente, quien sufrague el intolerable lisonjeo a Cataluña, tanto por los gobiernos del PSOE como por los del PP.

Cataluña necesita ingentes cantidades de dinero extra para hacer frente a sus compromisos de gasto. El Estado proporciona esta línea de financiación adicional y aún así, la Generalidad cierra 2012 incumpliendo el objetivo de déficit, comienza 2013 con nuevos retrasos en el pago a proveedores, y anuncia que va a necesitar para este ejercicio un complete aún mayor del que percibió el año pasado.

Financiándose de acuerdo con la misma norma, incluidas las competencias adicionales en materia de tráfico, prisiones y seguridad que Cataluña tiene, pero no Madrid, ésta última sí cumple, aunque por los pelos, a los objetivos marcados sin ayudas extraordinarias del gobierno central. Cataluña está arruinada no porque le falte financiación, sino porque su gasto público ha sido dimensionado para unas funciones y objetivos que resultan impropios de un gobierno autónomo en medio de una crisis. Y aún con todo, Cataluña es la región que más inversión pública directa recibe, y a la que sí se le ha reconocido su incremento poblacional, a costa de no hacerlo con el resto de comunidades.

Con estos antecedentes resulta sencillo adivinar cuáles son las razones del PP madrileño para seguir una política, en apariencia tan improvisada, contradictoria y errática, en lo que a la disciplina presupuestaria se refiere. Madrid es la que más aporta al común, la que más PIB genera, y también, la que políticamente más esfuerzos hace por mantener España unida. Madrid no recibe el mismo trato que Cataluña, sino que sus habitantes somos los grandes damnificados consecuencia de la miseria y el complejo con que los gobiernos de España gestionan la presión particularista catalana. Y es por ello que nuestro gobierno autónomo ha decidido bloquear o compensar cualquier decisión adoptada por la Generalidad en materia de financiación, así como, llegado el caso, todo acuerdo con el gobierno de España que pretenda dar un trato privilegiado a Cataluña respecto al resto de regiones del territorio común.

Lo que no ha hecho hasta el momento el PP madrileño es sacrificar lo que le distingue del resto de gobiernos autónomos, así como del propio Rajoy. En Madrid no se suben impuestos. En todo caso, se refuerza la captación de recursos en forma de tasas y copagos, que no es sino cobrar por el servicio a quien lo disfruta, sin que el resto de ciudadanos tengan que soportar una carga fiscal adicional. Pero es que incluso esta postura viene a reforzar la estrategia de contención planeada por el gobierno madrileño. Si Cataluña es un infierno fiscal e intervencionista, Madrid será el refugio. Si el nacionalismo ha hecho de Cataluña una región antipática y dividida, ingobernable y quebrada, Madrid es el ejemplo de que con el mismo sistema de financiación, e incluso reproduciendo las medidas extraordinarias que no supongan más intervención, o más impuestos, es posible hacer las cosas bien, para seguir siendo la región más dinámica y próspera del país.

A pesar de todo, este esfuerzo emprendido por los gobernantes madrileños se ha convertido, al contrario de lo que debería, en un gran obstáculo para el gobierno de España, que pese a pertenecer a las mismas siglas, se caracteriza por su desvergonzado oportunismo. Rajoy quiere zanjar el tema catalán ofreciendo un modelo de financiación especial. Quizá no en forma de concierto, pero sí que intensifique la discriminación positiva que durante la última década ha disfrutado la Generalidad. Esta decisión quiebra la unidad del país, a costa de que los madrileños seamos los grandes perdedores. Esto hace que el comportamiento de nuestro gobierno autónomo sea tan razonable como defendible.

Saludos y Libertad!

La autodeterminación de Cataluña

enero 24, 2013

El nacionalismo sabe que sin proceso, no hay independencia. Para forjar una masa suficiente partidaria de la secesión, no basta con proclamar hoy desde un balcón de la Generalidad el Estado Catalán, o de convocar para pasado mañana una consulta ilegal. La autodeterminación, como ruptura de un statu quo mantenido durante siglos, exige un proceso de transformación, agitación y manipulación de sentimientos, sin el que difícilmente podría lograrse el pretendido resultado.

Cierta casta, o élite catalana, lo ha intentado antes, siempre con idéntico resultado. Quizá el error fuera no entender que no bastaba con el contexto, tomado como pretexto, sino que también resultaba ineludible formar y consolidar una conciencia identitaria capaz de soportar las presumibles inclemencias de la independencia. Un proceso, que nunca ha llegado a ser tan evidente como hasta ahora, es lo que faltó en anteriores intentonas rupturistas emprendidas desde Cataluña.

Nada es nuevo, ni siquiera la estrategia de movilización que el nacionalismo mantiene desde la sonada manifestación de la Diada. La autonomía durante 30 años ha servido para construir un sentimiento nacional que ha dado sentido y contenido a la clásica rivalidad popular entre los catalanes y el resto de españoles. La tensión con Madrid, tomada como sinónimo de “gobierno de España” unas veces, y de “Estado español”, fiscalizador y distribuidor, más recientemente, ha sido una constante en la vida política de este país durante los últimos cuatro o cinco siglos. Pero no son las élites, sino el pueblo, quien soporta los procesos políticos de magnitud, como lo sería una secesión en toda regla. Y por esa razón el nacionalismo ha demandado esas “estructuras de Estado”, en forma de autonomía dentro de España, que en su día fueron ideadas por las monarquías europeas para hacerse naciones a medida, sumisas en lo fiscal y entregadas en lo militar. El discurso de Mas no sólo es confuso, sino que llama al engaño, reclamando hoy, como si no los tuviera en absoluto, recursos y potestades que el Estado español ya entregó cuando se decidió descentralizarlo en lo fundamental. En cualquier caso, detrás de semejante reivindicación se esconde la aspiración a que su Estado, o mejor dicho, la parte del Estado que ya está en manos del nacionalismo, se consolide al margen de “Madrid” y pueda así plantarse en Europa como uno más, al nivel de Eslovenia, Letonia o Irlanda…

El proceso, decía, exige al nacionalismo cumplir paso por paso la receta de la autodeterminación. Primero un acontecimiento de masas, refrendado más tarde por una convocatoria electoral, y después, articulado en un acto simbólico, pero relevante, proclamando formalmente la soberanía del pueblo catalán. En este sentido se ha completado una fase: el pueblo clama, se le da la voz y los representantes la transcriben. Con el Estatut todo esto se dislocó sin acierto ni concierto, culminando en un referéndum, legal, que aprobó sin entusiasmo un texto imposible que cuando fue recortado por el Tribunal Constitucional, no suscitó para sí la necesaria simpatía.

Lo cierto hoy es que si mañana Mas saliera al balcón de la Generalidad y proclamase el Estado catalán, correría igual suerte que Macià en 1931 y Companys en 1934. Por eso necesita su particular proceso de ruptura y agitación. Por su parte, al gobierno de España sólo le queda lo propio: hacer cumplir la ley y velar por el mantenimiento del orden constitucional. Durante los años que dure el proceso emprendido por el nacionalismo, estos dos actores, junto con PSOE y PSC, deberán cada uno de reafirmar sus posiciones llevándolas hasta la divergencia más absoluta. Esta fuerza desgarradora pondrá a prueba dos consensos: el español, en términos generales, sobre el modelo de Estado y la unidad nacional, y el estrictamente catalán, sobre su inclusión en la nación española y su continuidad dentro del Estado.

 Parece evidente que de esta no saldremos sin un profundo cambio en la organización política de España así como de su integración social. En mi opinión, no es la unidad de España lo que está más en juego, sino la vertebración misma de su Estado de Bienestar así como la capacidad del gobierno central de alimentar y reforzar la idea y el sentimiento de nación española. Son estos dos factores los más relevantes, y por ello, deberían condicionar el debate político tratando de silenciar el desafío genuinamente nacionalista, ya que éste no pretende solventar desencuentros, sino avivarlos. A los españoles debe preocuparnos cómo articular España,  no la manera de contentar a quien siempre ha querido y querrá su desaparición.

Saludos y Libertad!

Las razones del catalanismo

diciembre 18, 2012

Teniendo en cuenta los antecedentes del nacionalismo en la historia reciente europea, resulta necesario volver una y otra vez sobre el peligro cierto que representan las tesis catalanistas para la convivencia y la libertad de todos los españoles.

El catalanismo no es un nacionalismo típico. Los que son de su clase, no han avanzado tanto, ni mucho menos logrado tan alta cota de poder dentro del Estado al que combaten.

El nacionalismo catalán es de tipo elitista, ya que lejos de encarnar las legítimas aspiraciones de un pueblo señalado, discriminado y empobrecido merced de un poder extranjero superior, Cataluña es y ha sido al menos durante los tres últimos siglos, una de las regiones más próspera de España. Sus ciudadanos han campado e influido en España, como pocos de otras tierras españolas han logrado destacar.

Los catalanes no son una etnia definida, con rasgos destacables que los hagan diferentes a sus vecinos del sur o el oeste. Es más, su sangre es netamente castellana, dada la composición demográfica que ha adquirido la región en los últimos trescientos años. Durante el siglo XVIII, su población se duplicó. En el siglo XIX otro tanto, así como en el XX. Del medio millón escaso de catalanes que había en el año 1700, hay que sumar las continuas oleadas de habitantes de otras regiones españolas, que han ido poblando Cataluña hasta nuestros días. De ahí que pueda concluirse que no hay catalán que no tenga sangre castellana corriendo por sus venas, incluidos los que lucen apellidos con solera, los cuales, en su inmensa mayoría es probable que no se remonten a más de cien o doscientos años, y sean, por lo general, adaptaciones, traducciones o meras atribuciones del lugar de nacimiento o residencia.

Dos son los elementos que hacen de Cataluña una región significada casi desde su origen. En primer lugar, la existencia de una lengua habitual y demarcable, conocida como lengua catalana, con sus avances y retrocesos, practicada por nobles y pueblo llano de manera desigual e inconstante, y siempre compartida con el espontáneamente omnipresente castellano (que por algo acabó convirtiéndose en la lengua común de los españoles). En segundo lugar, la frustración inevitable de una clase dirigente que incluso antes de la unión de los reinos de Castilla y Aragón, ya pretendía la unidad de España, con el claro objetivo de servirse de la misma para ver acrecentar su poder y predominio en la península, Europa y el mediterráneo. La historia de esa ambición tiene momentos dulces, épocas amargas, y episodios de claro enfrentamiento con el poder central.

Estos factores han sido siempre utilizados por la nobleza y élite catalanas para, parapetándose tras unas instituciones (que ya con los Reyes Católicos eran prácticamente papel mojado frente a la todopoderosa monarquía hispánica), tratar de influir y determinar el gobierno del todo. Quizá su frustración provenga de la genuina imposibilidad de que un poder tan amplio como el español, fuera dirigido bajo los intereses regionales, muy estrechos, de una élite provinciana. O tal vez dicha frustración proceda de que se quiso centralizar España desde Cataluña cuando Castilla era el punto de apoyo natural de la monarquía hispánica, por su superioridad económica y demográfica, también por América, y otras muchas razones. El caso es que la estrategia de dominación practicada por la élite catalana nunca ha acabado bien. De ahí que los momentos de debilidad o decadencia del conjunto, sean aprovechados por esta Cataluña aristocrática, para destacar, e incluso desafiar al resto del país.

Empezaba diciendo que el catalanismo pertenece a un tipo de nacionalismo cuya naturaleza no coincide plenamente con el que ha sembrado de muerte y destrucción los dos últimos siglos de historia europea. No es un nacionalismo étnico, ni siquiera cultural. Su única justificación es el mero snobismo de quien pretende desligarse de lo que considera la pesada carga de pertenecer a una unidad política más amplia.

Cataluña es España, y lo es por cómo se manifiestan hoy sus finanzas, infraestructuras, instituciones y sentido común. Algunos catalanes, quizá la mayoría, se definen frente a España, pero incluso esta es la mejor muestra de que son intrínsecamente españoles. No hay nada en Cataluña, ni siquiera la lengua que consideran identitaria, y algunos excluyente, que constituya motivo suficiente como para suponer que la convivencia entre los catalanes y el resto de los españoles deba pasar por la constitución de dos estados diferenciados.

Se habla de Madrid como si no hubiera catalanes en las instituciones políticas nacionales, en los consejos de administración de las empresas cuyo solar principal es el español o en los medios de comunicación nacionales. Se habla de expolio, como si en Cataluña no se disfrutasen de las ventajas que tiene pertenecer a un mercado más amplio, en el que generan ganancias que tributan en su región, procedentes de otros territorios. Se falsean las cuentas públicas, como si la Generalidad fuera la única administración que gasta e ingresa en la región, cuando lo único cierto es que el Estado también se manifiesta a nivel local, provincial y regional, en su función eminentemente redistributiva.

Las mentiras del catalanismo coquetean con peligrosos sentimientos que guardan un dantesco historial en nuestro continente. Plantean la necesidad de un Estado como si los catalanes fueran los palestinos de este lado del mediterráneo. Hablan del resto de España, como si no fuera su lugar de vacaciones, el hogar de su infancia, de sus padres o abuelos, la fuente de la cultura, riqueza, y el entretenimiento que practican y consumen a diario. Como si el castellano no fuera el idioma que más posibilidades de comunicación les brinda, e incluso la lengua materna de la mayoría de los catalanes.

Los peligros que encarna el independentismo catalán son muchos, pero inciertos. La ingenuidad de quienes lo defienden apunta que el resultado diferiría del presente sólo en términos políticos, y que esto, por supuesto, no traería sino ventajas para todos en el resto de órdenes, así como una mejor convivencia entre los pueblos. Pero la historia está para ilustrarnos, y desgraciadamente, para repetirse.

Lo único cierto es que España, con sus defectos, es un espacio de integración política, donde catalanes, murcianos o gallegos, participan de sus instituciones en pie de igualdad, gozando exactamente del mismo estatus ciudadano. Esta razón derriba cualquiera de las que enarbole el catalanismo, y por ello, se convierte en la única bandera legítima e imbatible en defensa de la unidad de España: ciudadanía española, como apuesta por un espacio de convivencia más amplio y libre para todos.

Wert y el castellano

diciembre 11, 2012

La izquierda y los nacionalistas tratan de aprovechar la polémica suscitada por la propuesta de reforma educativa planteada por el Ministro de turno, el señor Wert. Unos para reafirmarse en los desastrosos y fracasados fundamentos de la LOGSE. Otros, para vigorizar su victimismo-reflejo en aras de suscitar entre la población un sentimiento de acorralamiento y exclusión desde el que avanzar en el proceso secesionista emprendido.

Lo único cierto es que la reforma de Wert no impone nada contrario al aprendizaje y uso de las lenguas cooficiales de España. La única novedad es que el Estado, por primera vez en democracia, ejerce su cometido natural de integrar a todos los españoles bajo un mínimo común cultural. Esta razón, que es propia de los Estados, pero que en el nuestro se había transferido a las Comunidades Autónomas (especialmente a aquellas con elementos singulares relativamente arraigados entre la población), está alimentando la polémica. Al margen de cualquier discusión sobre la legitimidad del gobierno, sea éste del Estado, o de una CA, para la inmersión cultural de sus ciudadanos, lo cierto es que cualquier Estado que se precie sostiene políticas en este sentido. Que en España esto dejara de suceder a principios de los años 80, no impide que pueda aflorar la necesidad de reavivar lo que es, por definición, una de las funciones básicas del Estado.

Volviendo al texto propuesto por el Ministro Wert, estos serían los aspectos más discutidos por nacionalistas y asimilados:

La reforma dispone que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano”, también como lengua vehicular de la enseñanza si sus padres así lo eligieran. Las autonomías donde existan lenguas cooficiales y no sean capaces de ofrecer plazas públicas o concertadas donde el castellano sea vehicular, tendrán que pagar a los padres de alumnos que así lo deseen plazas en centros privados. Esta novedad afecta especialmente a Cataluña. En principio, no debería suponer ningún problema, porque ha de presumirse que la mayoría de los padres mantendrá su decisión sobre la escolarización de sus hijos en una u otra lengua. La principal diferencia es que las plazas privadas en castellano que ya existen tenderán a ser pagadas, todas, por la Generalidad, ya que los padres que tienen a sus hijos matriculados en esos centros serían estúpidos si renunciasen a que la administración les abonara el colegio de sus hijos, que hasta la fecha, seguramente les estará costando una fortuna.

Pero la reforma no se queda ahí. Se refuerza el papel de la lengua castellana y su literatura, que tendrán el tratamiento necesario para que todos los alumnos la comprendan y se expresen en ella con corrección, de forma oral y por escrito, al finalizar la enseñanza básica. El texto, con una gran falta de precisión, dispone que las administraciones educativas deberán garantizar en todas las etapas educativas obligatorias que esas lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en “proporciones equilibradas en el número de horas lectivas”, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras. Es decir, que les corresponderá a ellas determinar la proporción de horas en el uso de una y otra lengua, siempre en atención “al estado de normalización lingüística” del territorio. Lo que se pretende es que incluso cuando se elija la lengua cooficial como vehicular, la enseñanza del castellano no quede relegada ni desvirtuada. Para ello, tanto la lengua castellana como su literatura serán troncales, igual sucederá con el inglés, pero no con las lenguas cooficiales, que serán materia de especialidad, aunque obligatoria, cuando los padres elijan educar a sus hijos en castellano. Este es sin duda alguna el aspecto más polémico de la reforma.

No es verdad que la propuesta de Wert sea un ataque contra las lenguas cooficiales. Pero quizá sea cierto que el legítimo y necesario reforzamiento de la enseñanza del castellano en todo el Estado, no esté definido en el proyecto de la mejor manera posible. Tiempo hay para rectificar.

Primero, porque no se debe forzar a una administración a que pague en la privada lo que está obligada por la constitución, la legislación vigente y las sentencias del Tribunal Supremo, a garantizar. La Generalidad, o cualquier otro gobierno autónomo, debe proveer las plazas en castellano que los padres de sus alumnos soliciten, aunque no sea factible formar grupos en cada centro y haya que juntar a los alumnos en centros de referencia. La opción planteada por Wert, si bien a priori resulta más fácil de articular, es una huida hacia delante impropia de un gobierno sólido y responsable.

Segundo, porque nuestra Constitución, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en varias sentencias, aunque distingue entre la lengua común y oficial del Estado, y las que son cooficiales en las regiones donde se hablen, no permite interpretar que se establezca una gradación entre las mismas a nivel educativo, o en la relación del ciudadano con la administración. Deben tratarse en igualdad. Por ello, si el castellano es troncal para quien elija estudiar en la lengua autonómica, también deberá tener dicha consideración la lengua local cuando el alumno reciba su educación en castellano. Sólo así se dará cumplimiento a lo prevenido por nuestro orden constitucional, y se eliminará cualquier atisbo de menosprecio a las lenguas regionales. Misma carga lectiva y mismo rango en el currículum del alumno. Creo que es una torpeza tratar de defender el español allí donde es atacado (como sucede en Cataluña) planteando un sistema de trato desigual.

Los nacionalistas combaten la reforma como si de un revival franquista se tratara. Pero aquí, lo único franquista son ellos, que han heredado el peor de los estilos, el discurso más ruin y peligroso, y las políticas más totalitarias de ese régimen.

La paz europea

diciembre 10, 2012

Desde la paz romana, Europa no había disfrutado de un periodo de paz como el que se inauguró en 1945 con el fin de la segunda guerra mundial. 70 millones de muertos, y la certeza de que el hombre tropieza dos, tres, y muchas más veces con la misma piedra, llevaron a los Estados democráticos del viejo continente a fundar una nueva manera de integración política y económica. El mercado común se convirtió en el escenario primordial sobre el que construir una nueva fuente de reglas y decisiones que finalmente, y tras más de medio siglo, hoy es conocida como Unión Europea. Al concederle el premio Nobel de la paz, el comité del parlamento noruego no está reconociéndole a la UE ningún mérito en su voluntad de pacificación exterior, sino, en cualquier caso, recompensando su hasta ahora satisfactoria capacidad de integración, como garantía de la paz interna de Europa.

La segunda guerra mundial no terminó en 1945. Transcurrieron muchos años de caos y venganza. Media Europa quedó bajo el yugo implacable y asesino del comunismo. La CEE primero, y la UE décadas más tarde, es el resultado de un proceso de integración política, económica y cultural que en un periodo relativamente breve de tiempo, ha incorporado Estados que hasta la fecha se habían enfrentando de forma recurrente, o que habían permanecido aislados por culpa de sus regímenes políticos. En este sentido, el proyecto europeo está siendo un auténtico éxito.

Pero como en todo, más allá de sus luces, deben destacarse sus sombras. La CEE no pudo, o no supo definir una estrategia frente al bloque soviético durante la guerra fría. Tampoco estuvo a la altura cuando Alemania recabó el apoyo de sus socios para completar el proceso de reunificación que comenzó con la caída del muro de Berlín. La UE no supo enfrentarse ni intervenir en el conflicto yugoslavo. La guerra de Bosnia puso al descubierto las miserias de la Unión, que volvieron a quedar en evidencia en el conflicto suscitado por la hasta entonces región serbia de Kosovo. La tutela de los EE.UU. ha seguido resultando indispensable en todos y cada uno de estos acontecimientos. Aun así, la integración europea puede presumir de haber creado el ámbito en el que un mayor número de individuos disfruta de paz en libertad, pese a que las instituciones comunitarias y los mecanismos de intervención que han generado, pongan en peligro esa segunda condición.

La paz europea, como lo fuera la romana, depende, ante todo, de la libertad de los individuos que actúan en el mercado sobre el que se asientan sus instituciones políticas. En la medida que este principio se vea atacado, o las fronteras de la Unión se entiendan como barreras comerciales, garantía de una supuesta prosperidad mercantilista, el proyecto político tenderá a colapsar.

Sin embargo, debemos mostrarnos optimistas. Como decía, no ha habido otro periodo de paz y prosperidad en Europa como el que venimos disfrutando en términos generales desde hace seis décadas. A la paz romana le siguieron otras, que fueron diferentes a ella porque ponían fin a guerras civiles europeas, que con los años y los siglos fueron abarcando un ámbito planetario. No es cierto que en 1945 terminase la “segunda” guerra mundial. Fueron otras muchas las disputas que llevaron el conflicto interior europeo a otros continentes.

El tratado de Roma, en 1957, no es la Conferencia de Yalta, ni los tratados de Versalles o Fráncfort, o la Conferencia de Viena, el tratado de Utrecht, la Paz de Westfalia… La fundación de la CEE representa el origen de un inaudito y esperanzador proceso de integración política que tiene una gran complejidad y un futuro incierto, pero que no por ello debe impedirnos que nos mantengamos firmes en la convicción de que los individuos somos más libres y tenemos un horizonte mucho más prometedor, cuando permanecemos unidos en proyectos políticos cada vez más amplios e integradores que nos reconozcan a nosotros mismos como principio y fin de su propia necesidad social.

Este premio Nobel es un balón de oxígeno para quienes luchamos contra el nacionalismo, además de un estímulo para que no abandonemos la ilusión europea simplemente porque el intervencionismo sea hoy un rasgo dominante en las instituciones comunitarias. Lo que importa es seguir en paz, y para lograrlo, tenemos que luchar al mismo tiempo por la libertad en el seno de la Unión.

Tasas judiciales

noviembre 23, 2012

El incremento y la extensión de las tasas judiciales han provocado que la mayoría de los profesionales del Derecho se unan en la oposición frente a esta nueva medida del gobierno de Rajoy. Sin embargo, la aparente coherencia que se infiere del consenso crítico suscitado, corre el riesgo de ser interpretada como una simple reacción corporativista, proveniente sobre todo de abogados y procuradores, por ser ellos los profesionales económicamente más afectados. Sea como fuere, conviene revisar qué modelo de administración de justicia y asistencia jurídica tenemos en España, y cómo se financian en todas sus fases.

Si, dejando al margen la singular naturaleza de la jurisdicción penal, establecemos dos sistemas contrapuestos de administración de justicia, en función de su carácter estrictamente público o privado, resulta mucho más sencillo de entender en qué lugar se encuentra nuestro modelo, y hacia qué dirección apuntan las distintas propuestas o reformas planteadas. En cualquier caso, asumiremos que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva debe ser garantizado por los poderes públicos, en el sentido de que los mismos proporcionen asistencia jurídica gratuita a quien no tenga capacidad económica para ello. Las diferencias entre justicia pública y justicia privada, que entonces nos preocupan, serían fundamentalmente en materia de costes del servicio, tomado éste desde todas sus perspectivas.

En un sistema judicial público, todos los costes vinculados los soporta el presupuesto del Estado. Esto es, todos los ciudadanos a través de sus impuestos. La Administración de justicia está formada por funcionarios públicos, y se ejerce con medios de idéntica titularidad. Los profesionales dedicados a la defensa y la representación de los ciudadanos, serían, en este caso, o funcionarios, o miembros de colegios profesionales, nutridos con fondos públicos, que utilizarían para pagar a los profesionales colegiados en función de su actividad, o mediante un salario. Dichos profesionales serían designados por turno, u otro mecanismo de elección reconocido a los ciudadanos.

En un sistema judicial privado, en el que se presupone la función pública en materia de administración de justicia y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la financiación se realizaría mediante el pago de Tasas, de cuya recaudación se pagaría a su vez la defensa y representación de quienes cumplieran los mínimos establecidos para el acceso a profesionales de oficio. En términos generales, los ciudadanos que superasen esos mínimos, pagarían tasas de acceso a los tribunales, y al mismo tiempo, las minutas solicitadas por los profesionales que libremente designarían para su defensa y representación. Al mismo tiempo, un sistema judicial privado, derivaría de manera espontánea la mayoría de los pleitos civiles, mercantiles y laborales, a un sistema alternativo y competitivo de mediación y arbitraje, que liberaría a juzgados y tribunales de gran carga de trabajo, concediéndoles en su caso una labor de revisión, o meramente ejecutiva, de los laudos y acuerdos recaídos.

Nuestro régimen actual posee rasgos de uno y otro modelo, sin que podamos definirlo como semipúblico o semiprivado en todas sus facetas. Lo que sí puede afirmarse es que las reformas propuestas por expertos, y hacia las que parece encaminarse nuestro sistema judicial, tienen un carácter estrictamente privatizador, respetando los límites establecidos por nuestra Constitución, y en concreto, los derechos fundamentales reconocidos en su artículo 24.

En definitiva, las tasas judiciales no son un mal que debamos combatir, sino una opción deseable cuya progresiva extensión debe realizarse en un contexto fiscal determinado. Si el Estado estima que quien pretende hacer valer un derecho ante los tribunales debe ser quien soporte directa e íntegramente el coste de tal acción, al menos en lo que al presupuesto de administración de justicia se refiere, esto son, las tasas judiciales, ese mismo Estado debería permitir la deducción del coste soportado con dichas tasas, en el pago de otros impuestos. Es decir, lo que el Estado ahorra dejando que los tribunales cobren tasas, no puede pretender ingresarlo por partida doble mediante impuestos, que nutrirán un presupuesto que gracias precisamente a esas tasas judiciales, debería verse liberado de la partida relativa al mantenimiento de la administración de justicia.

En cualquier caso, la extensión de tasas debería orientarse hacia la consecución de varios objetivos, que reviertan en la mejora de la calidad de nuestra administración de justicia. En primer lugar, deben incentivar que los ciudadanos traten de solventar sus diferencias civiles (incluyendo las que nuestra legislación segrega en lo laboral) negociándolas, por sí mismos, o a través de profesionales. Como un paso más allá, las tasas deberían generar un coste más elevado para quienes acudan a la jurisdicción, frente a aquellos que decidan recurrir a los mecanismos de mediación y arbitraje surgidos en un mercado presumiblemente competitivo. Y para el caso de que finalmente los ciudadanos decidan o se vean obligados a recurrir a jueces y tribunales públicos para hacer valer sus derechos, dichas autoridades, liberadas del actual colapso, deberían ser suficientes, disponer de medios adecuados y de tiempo, para mejorar la calidad jurídica de sus resoluciones, y la eficacia de su labor ejecutiva. Limitando el acceso a una segunda instancia, o gravándola mediante tasas elevadas, los jueces de primera instancia deberían realizar un esfuerzo adicional en la motivación de sus resoluciones, lo que beneficiaría enormemente a unos ciudadanos.

Por todo ello, la extensión y subida de tasas no sólo responde a la urgencia presupuestaria en la que se encuentra el Estado, sino que es el camino hacia la consolidación de un sistema de justicia mucho más abierto, eficiente y de calidad, que el actual. Si nuestra justicia se financiara exclusivamente mediante tasas, ello no implicaría la desatención de aquellos ciudadanos que para hacer valer sus derechos en la jurisdicción civil, no tengan otro remedio que solicitar asistencia jurídica gratuita. Todo lo contrario. Precisamente el sistema de tasas judiciales permite coordinar esta cobertura, y garantía de la tutela judicial efectiva, con la litigiosidad existente en cada momento, que sería gravada en función de las necesidades de financiación consolidadas. Pero en cualquier caso, y como requisito básico para lograr que el sistema de tasas, que pagarían sólo aquellos que superasen los mínimos establecidos, no generase dificultades adicionales o añadiera costes indebidos a los ciudadanos, el importe soportado por el pago de dichas tasas debería poder deducirse por todos en el pago de sus impuestos sobre renta y beneficios, sin discriminar entre particulares, profesionales o empresas.

La dependencia de Cataluña

septiembre 16, 2012

El guirigay catalán en tres escenas.
La primera, una multitudinaria manifestación por las calles de Barcelona, convocada por furibundos independentistas, nutrida por indignados ciudadanos más disconformes con la crisis y los políticos que con la estricta unidad de España, y mediatizada por un gobierno autonómico que necesita ser rescatado pero se niega a someterse a las condiciones del rescatador.
La segunda, una respuesta ingenua y breve dada por el presidente del Barsa, mostrando su confianza en que, tras una hipotética independencia catalana, su equipo continuaría disputando la liga española.
La tercera y última, Mas explicando en Madrid las razones de su deriva independentista que resume en el hartazgo mutuo que, en su opinión, sienten entre sí catalanes y resto de españoles.

A la primera, no es cierto que el independentismo esté en su mejor momento. Al contrario. Está sacando toda su artillería consciente de que es ahora o nunca. La crisis del particularísimo catalán resulta evidente. La inmersión lingüística tocó techo hace años. El victimismo fiscal es una falacia: Cataluña recibe del Estado más de lo que le aporta. El protoestado catalán ha demostrado varias razones que invalidan el proyecto independentista: corrupción, sobredimensionamiento y quiebra, falta de competitividad.
La segunda escena resume la ingenuidad y la endeblez del pensamiento político de esta época. Se confía en que las consecuencias de nuestros actos y decisiones sean únicamente positivas. Pensamiento mágico que promete ventajas y niega los costes.
Y la tercera, que plantea un escenario irreal, donde catalanes y demás españoles supuestamente viven dándose la espalda, sin vínculos de todo tipo. Los políticos monopolizan en sus discursos lo que el resto de ciudadanos deberían materializar al unísono como si tales generalizaciones fueran ciertas. Pero sucede exactamente lo contrario. Cataluña está en España y se define como una parte fundamental. Turismo, comercio, familia, inversión, fútbol, desafíos comunes, una cultura y una forma de ser reconocibles sin distinción… El hartazgo del que habla Mas es solo el que siembran los políticos. Cuando la gente ve un Madrid Barsa, cuando un catalán se muda a otra parte de España, cuando un madrileño hace turismo por Cataluña, cuando se contrata a una agencia de publicidad barcelonesa o se abre una cuenta bancaria en la Caixa… Tantísimas relaciones e interacciones que a diario definen la pertenencia de Cataluña a algo más amplio que se llama España.
Y ese es el statu quo, la realidad, que pretende cercenar el particularísimo catalán bajo la promesa de un beneficio absoluto para los catalanes. Una ruptura brutal y despiadada que no tiene justificación alguna, dado que en cualquier caso la disputa legítima en términos fiscales no debería plantearse entre el gobierno catalán y el central, sino entre aquel y el andaluz, dado que son el tamaño y las decisiones de éste último lo que fuerza la trasferencia interterritorial orquestada por el Estado. Se trata por tanto de una cuestión de modelo de político, de intervención pública. Y nada más. Cataluña no va a dejar de ser España en todo lo demás, que es precisamente lo que hace nación y define la vida y el sentir de los ciudadanos. Pretender, como hace el nacionalismo, que sea posible crear una nación emocional y política dotada de un Estado independiente, al menos en apariencia, sin que todo lo demás cambie, es una ingenuidad, y una trampa para los ciudadanos.
Saludos y libertad!