La deuda de Gallardón

Cerramos la semana haciendo lo propio con el agitado y emotivo ciclo dedicado a Madrid y sus cosas. La crítica de la situación financiera madrileña es perfectamente extensible al momento general que viven todas las administraciones locales. En un tiempo donde el gobierno central vuelve a repartir la tarta de la financiación autonómica, como ya hiciera Aznar en su día, se olvida por completo de los ayuntamientos. Son más de dos décadas descargando sobre ellos multitud de servicios sociales y destinos de gasto que no han ido en paralelo a un reforzamiento sostenible de su propia financiación. La burbuja inmobiliaria unida a la fuerte intervención urbanística ha abierto varios frentes, todos ellos endiabladamente peligrosos. Hoy sufrimos las consecuencias de aquello que no quisieron afrontar hace 5 o 10 años. Los ayuntamientos, sobrecargados en prestaciones, se financiaban con proyectos urbanísticos. Unido a esto se reforzó la tendencia corrupta de este tipo de administraciones, cargadas de incentivos para que muchos dieran con facilidad sonados pelotazos. Hoy, en crisis, con el mercado inmobiliario por los suelos (y nunca mejor dicho) y una caída brutal en la recaudación general de todos los tributos, locales, autonómicos o estatales, los ayuntamientos se enfrentan a la quiebra.

Madrid no es una excepción pese a los esfuerzos del ex alcalde Álvarez del Manzano. Su frugalidad unida a unos impuestos bajos, en términos relativos, comparado con lo que sucedía en Barcelona y otras “grandes” ciudades españolas, legaron un escenario demasiado goloso para el megalómano que le sucedió. Gallardón encontró las arcas llenas y una estructura financiera inaudita, impecable. La deuda madrileña era ínfima, muy ajustada y razonable. Los servicios buenos, la inversión adecuada, pero nada de ello satisfizo a quien pretendía la refundación misma de la urbe.

Gallardón incurrió en gastos desorbitados con motivo de la reforma de la M-30. Recurrió a la deuda y a sonados ajustes fiscales. Llegadas las vacas flacas tiene que hacer frente, sin el granero urbanístico como fuente de financiación, a una estructura de gasto corriente incapaz de sostener con unos ingresos que menguan día a día. Esa es la razón que le ha llevado, como al resto de ayuntamientos, a subidas de impuestos generalizadas. Revisión del catastro con sus efectos en la cuota del IBI, vados, licencias, nueva tasa de basuras… fórmulas comunes en otras ciudades pero que en Madrid contribuyen a sembrar un clima de descontento ya caldeado por la situación de zanja perpetua y caos circulatorio. Aun con todo en Madrid se siguen pagando menos impuestos que en Barcelona, Zaragoza o Bilbao. Dicho esto, un liberal nunca puede excusar al poder por ser menos agresivo en un lugar que en otro.

Madrid podía y puede con la deuda que soporta. Lo que es insostenible es su situación financiera general. Los gastos corrientes son disparatados, los servicios sociales que presta excesivos, casi abusivos dada la financiación vigente. El gobierno debe replantear sus prioridades. Las Autonomías han crecido sin control. Los ayuntamientos son doblemente dependientes. Dependen del resto de administraciones y dependen del urbanismo. Caída una de las patas solo queda que una nueva ley de financiación local apuntale su maltrecha situación.

Gallardón prometió una M-30 de 3.000 millones y al final costó el doble. Aun así revalidó su mayoría y los madrileños no se agitaron ni revolvieron por el fuerte endeudamiento de la Villa. En tiempos difíciles las viejas críticas reverdecen y brotan con vigor. El problema de Madrid no es su deuda, sino sus gastos corrientes que, por otro lado, resultan difícilmente recortables dada la presión institucional y social que padecen todos los ayuntamientos en este sentido.

Gallardón plantea una solución: subir los impuestos, crear alguno nuevo, y reducir la inversión el gasto ornamental. Zapatero, con sus 500 millones para Madrid, cubre la carencia de recursos para seguir levantando zanjas y colocando farolas y adoquines. Pero nada de esto soluciona la crisis madrileña, así que no queda otra que estudiar otras vías, alguna de ellas viajas conocidas en la gestión autonómica del Alcalde.

Gallardón debe intentar una privatización parcial de la M-30 a fin de refinanciar la deuda que esta infraestructura exigió en su momento. ¿Cómo? Recurriendo a la solvencia de alguna constructora capaz de hacerse con 2.000, 3.000 o 4.000 millones de euros y así entrar en la propiedad de la vía de circunvalación. La fórmula de la concesión, dadas las peculiaridades que tiene la M-30 sería el peaje en la sombra: el ayuntamiento paga por cada vehículo que utilice la autovía. En el pago de este peaje podrían participar de algún modo Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento, ajustando así el uso que de ella hagan conductores que no sean ciudadanos de Madrid capital.

Esperanza Aguirre pretende hacer algo similar con el Canal de Isabel II. También lo está estudiando con alguna que otra línea de metro. Quizá con la red entera. De hecho la integración de la red de cercanías podría suponer una mejora de la viabilidad misma de este tipo de proyectos.

Con ellos se logra una suerte de círculo virtuoso: los ciudadanos siguen recibiendo los servicios que ya pagan con sus impuestos o precios subvencionados, y, gracias a la entrada de capital “privado”, las administraciones sanean su deuda y pueden afrontar inversiones necesarias para dotar de mayor eficiencia al servicio en cuestión.

En tiempos de crisis debe agudizarse el ingenio. Gallardón merece cierto margen para que pueda adoptar decisiones. Esta subida de impuestos que a todos nos va a sentar como un tiro quizá consiga diluirse con el tiempo. Lo que importa ahora es que ingresos corrientes y gastos corrientes casen a la perfección, recortando o rechazando los gastos que fueran necesarios, sin recurrir, como se está haciendo, a la santa paciencia de los ciudadanos. Las posibilidades de privatización deben explorarse y ponerse en práctica. Son buenas oportunidades de ganancia para muchos inversores, pero también para los dueños de las ciudades, que en definitiva somos todos y cada uno de los que en ellas tenemos propiedades y pagamos contribuciones.

Saludos y Libertad!