La trampa de la igualdad

Imaginemos a una mujer, titulada superior en un rama con gran demanda de trabajo, que se especializa y adquiere experiencia suficiente para sentarse frente a su viejo o potencialmente nuevo empleador y pedir determinadas condiciones salariales y laborales.

¿Qué sucedería si el Estado decide convertir en un «derecho» el logro competitivo de esta mujer, que ha sabido elegir sus estudios, que ha acertado al incorporarse en el mercado laboral, que ha adquirido experiencia, que es eficiente en su trabajo, y que por fin logra un estatus frente al empleador que le permite incorporar derecho a bajas remuneradas sin pérdida de categoría, reducción de jornada por maternidad, excedencias voluntarias, etcétera?

Hemos llegado a creer que los logros de unos cuantos, incluso de la mayoría, deben ser homologados como base para el resto. Los mal llamados «derechos sociales» no son sino una extensión artificial y coactiva de condiciones que determinados trabajadores, a partir de cierto límite de productividad y especialización, conseguirían “fácilmente” negociando con su empleador.

¿Cómo beneficia esto a quienes por su productividad o especialización no alcanzan dichas condiciones en el mercado? Muy sencillo y tajante: de ninguna manera.

Una mujer sin formación ni especialización, cuya aportación a la producción tan baja que resulta perfecta e inmediatamente sustituible por casi cualquier otro trabajador o trabajadora, nunca conseguirá superar cierto nivel salarial. Esto no debe verse como una desventaja, sino como una consecuencia inevitable de circunstancias personales y económicas. Pero sí tiene algo de positivo: en un mercado libre, sin barreras artificiales a la contratación y la fijación y aceptación de salarios y condiciones, esa mujer, aun cuando se quedase en el paro consecuencia de un embarazo, por ejemplo, tendría prácticamente garantizada su inmediata reincorporación en el mercado laboral en las mismas condiciones que tuvo antes de ser expulsada de él. Es decir, el trabajador marginal, en un mercado libre, encuentra trabajo mucho más rápido y fácilmente de lo que lo pierde.

Ahora vayamos a un mundo donde a esa mujer y a su empleador se les obliga a asumir los costes inherentes a las condiciones alcanzadas libremente por la primera mujer de nuestra historia. Obviamente la incertidumbre ante la posibilidad de una baja de maternidad, es un coste que, estando el empresario “forzado” a asumir, va en detrimento de la contratación de mujeres fértiles en competencia con los hombres. Eso, o dicho coste habrá de incorporarse restando del salario de toda mujer aparentemente fértil que oferte sus servicios al empleador. ¿Qué sucede si la susodicha trabajadora no es capaz de aportar a la producción el suficiente valor como para que tras descontar semejante coste, se cumplan el resto de reglas imperativas sobre salarios y condiciones laborales? Muy sencillo, directamente no será contratada.

Es decir, lo que al principio parecía una buena decisión (generalizar por ley las condiciones de la mujer más productiva), se ha convertido en la condena de las trabajadoras más débiles. Pero no se queda ahí el mal generado por esta intervención. El resto de mujeres, las que sí pueden asumir con su productividad este coste artificialmente añadido, entre otros, verán que aún así, despertarán muchas más reticencias a la hora de ser contratadas a medida que aumente la especialización del puesto, y a pesar de que crezca a la par su productividad. Esto, que en términos económicos y en un mercado libre sería absurdo para determinadas dedicaciones, en un mercado intervenido se convierte en estigma. Es decir, una cautela excesiva que induce al empleador a esquivar la contratación de mujeres fértiles cuando existen hombres en idénticas circunstancias profesionales y formativas.

¿Qué hace el Estado ante semejante panorama? Lo de siempre, redistribuir. Subvencionando la contratación de mujeres cree el legislador laboral que corrige las desventajas artificiales previamente generadas gracias a la extensión de “derechos”. Con bonificaciones de la cuota a la seguridad social lo que se hace es reducir el coste que el empleador soporta por contratar a alguien, es decir, el Estado tolera salarios inferiores por la puerta de atrás, a cambio de mantener el resto de condiciones. ¿Quién soporta el coste que ello comporta? Por supuesto, el resto de trabajadores, los que sí cotizan al 100%, que con su esfuerzo pagarán bajas y pensiones de aquellos que, por su menor productividad, y el sobrecoste arbitrariamente incorporado por las “conquistas sociales”, son incapaces de cubrirlos con su aportación a la producción de bienes y servicios.

Recapitulemos. Primero se trata de generalizar condiciones a golpe de mandato legislativo. Segundo, a la vista de la precaria situación en la que dicha intervención coloca a las mujeres menos productivas y especializadas, o cuyas circunstancias personales les impiden implicarse profesionalmente tanto como lo haría un hombre, el Estado decide subvencionar su contratación. Los resultados son también dos: primero se consigue que las mujeres fértiles acudan al mercado laboral estigmatizadas, muchas veces de manera injustísima. Esto compromete a las trabajadoras medias, y no tanto a las marginales, que es a las que se trata de ayudar sin que sientan para bien o para mal los efectos de la medida correctora. Será la trabajadora de productividad y especialización media la que más sufra esa estigmatización. Y segundo, dado que nadie regala nada, y sólo trabaja quien supera con su aportación al producto final el coste soportado por el empleador, sólo a través de subvenciones, directas o en forma de bonificación, lograrán un puesto de trabajo aquellos que se encuentren en el límite marginal de productividad. Es decir, los más productivos verán como una parte de su salario es redistribuida en forma de políticas activas de empleo.

Tendremos, mujeres injustamente tratadas, trabajadoras marginales perjudicadas en su potencial y libérrima flexibilidad, con salarios más bajos o directamente empujadas al desempleo, y por último, trabajadores y trabajadoras más productivos viendo sus salario neto reducido a costa de garantizar contratos a quienes el sistema, en su estricta aplicación, dejaría fuera del mercado.

Saludos y Libertad!